Para Lucero, la Ley de Glaciares debe cambiar y no tener "tinte antiminero"
- 11 de diciembre, 2024
El secretario de Minería de la Nación dijo que hay preocupación en el Gobierno de Javier Milei por los efectos restrictivos de la Ley de Glaciares.
En particular, los grandes proyectos de cobre en la Cordillera de los Andes. "Es un freno importante para la minería", aseguró.
Por Sabrina Pont
Para el secretario de Minería, Luis Lucero, se deben introducir cambios en la Ley de Glaciares.
La minería podría ser uno de los motores económicos clave para el país, pero aún existen barreras que amenazan con minar este progreso. Las restricciones cambiarias se sostienen como un importante obstáculo, la necesidad de infraestructura también limita su expansión y los condicionamientos de compre local elevan los costos, lo que en muchos casos desalienta a potenciales inversores. Sin embargo, existe un desafío más crítico, que afecta especialmente a los grandes proyectos de cobre que se emplazan sobre la cordillera sanjuanina y que requieren inversiones de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares: la Ley de Glaciares.
Esta normativa, concebida para proteger los recursos hídricos, interpretada de manera amplia hoy prohíbe toda actividad en áreas de glaciares y zonas periglaciales, sin diferenciar las zonas realmente críticas de aquellas que no presentan riesgo ambiental significativo. Los referentes mineros coinciden en que esta ambigüedad es un obstáculo serio para la inversión, ya que genera incertidumbre sobre qué proyectos pueden desarrollarse con seguridad legal.
Para el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, quien además tiene una extensa trayectoria en el sector privado como abogado especialista en legislación minera, es necesario un cambio en la legislación. “Claramente, la solución es cambiar la ley y reemplazarla por una más moderna que no tenga el tinte antiminero que tiene la normativa actual“, afirmó Lucero ante la consulta de Santa Cruz Produce.
Según el funcionario, que responde al ministro de Economía, Luis Caputo, la Ley de Glaciares, que fue creada con el objetivo de proteger estos ecosistemas sensibles, es una traba para el desarrollo de proyectos mineros de gran escala. “Es una ley que pone un freno importante, un grado de incertidumbre demasiado grande en proyectos que requieren inversión de envergadura, y esa es la preocupación que tenemos y que trataremos de solucionar”, aseguró Lucero.
Sin sustento
A decir del secretario, la Ley de Glaciares, que está vigente desde el año 2010, incluye un concepto “extremadamente vago y perturbador para la minería“, al prohibir la actividad en glaciares y en el ambiente periglaciar. “Aunque la ley establece restricciones sobre la minería bajo la premisa de que los glaciares son reservas hídricas estratégicas, esta premisa no se ajusta a la realidad científica“, aseguró y agregó: “De hecho, la ciencia lo desmiente, los glaciares no tienen una relevancia crucial como reservas hídricas, por un lado y, por otra parte, el ambiente periglaciar es un concepto absolutamente vago“.
La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) advirtió sobre la necesidad de revisar esta normativa. “La Ley de Glaciares, en su estado actual, básicamente prohíbe todo, los proyectos pueden ser paralizados por interpretaciones extremas de su contenido”, aseguró el Roberto Cacciola a Santa Cruz Produce.
Para los representantes del sector minero, si bien existen dos caminos para enfrentar esta incertidumbre –una modificación legislativa o un decreto aclaratorio-, ambos presentan riesgos. Un decreto podría especificar las áreas protegidas de manera más precisa, pero al mismo tiempo eso podría ser insuficiente, ya que los sectores ambientalistas, probablemente, buscarían el modo de impugnarlo con el argumento de que no respeta el espíritu de la ley, lo que derivaría en litigios que finalmente terminen afectando el desarrollo de los proyectos de todos modos.
Por otro lado, la opción de plantear una modificación de la ley es políticamente compleja y requiere de un consenso legislativo que hoy parece lejano. Sin embargo, la industria minera insiste en que, sin una revisión de esta normativa, Argentina podría quedar excluida de la inversión minera internacional cuando más lo necesita.
La Opinión Austral