Editorial publicada por el diario La Nación
La actividad minera exige información y transparencia para no seguir siendo presa de un supuesto progresismo ecológico que agitan ciertos ideologismos
Estar en contra de la minería es como estar en contra de la agricultura; sin embargo, hay gente que actúa en la Argentina como si lo estuviera. Esos comportamientos no responden en general a algún tipo de enajenación o a espíritus supersticiosos. Si fuera así, no se entenderían tampoco las conductas que han echado por la borda durante décadas las tradiciones que hicieron posible una educación pública ejemplar, proclamado que las deudas del país con el exterior deben quedar sin pagarse o que la sociedad puede gastar sistemática y eternamente más de lo que produce sin consecuencia alguna.
El pensamiento mágico ha prevalecido de tal manera en muchos órdenes de la vida colectiva que así estamos. Siete provincias tienen legislaciones restrictivas para las actividades mineras, y tres de ellas, de manera particular: Chubut, Córdoba y Mendoza. El caso más notable es el de Chubut, que por una ley de 2003 prohíbe la minería a cielo abierto. Se debate, desde hace tiempo, la introducción de cambios que permitan una suerte de zonificación por la cual su tan inmensa como desierta meseta central pueda aprovechar las posibilidades que brinda la naturaleza.
En nombre de un supuesto progresismo ecológico, que es otro de los sombreros con los que agitan las calles los ideologismos decadentes pero no exentos de recursos que suelen provenir de organizaciones europeas y de populismos de toda especie, se ha trabado un reclamo hecho en aquel sentido por los intendentes de la mesa central chubutense. Esperemos que estos logren su objetivo y se ponga allí en marcha una minería moderna y sustentable, o sea, compatible con la preservación ambiental. No debe olvidarse que las prohibiciones mencionadas no son solamente el resultado de una satanización de la actividad, muchas veces de origen ideológico, sino que a menudo son fruto de un deficiente proceso de evaluación de impacto ambiental y participación ciudadana que ha producido una reacción adversa -y a veces violenta- en las comunidades locales, y que ha llevado a las autoridades, permeables a estos reclamos, a optar por la prohibición completa de la actividad.
La reciente separación ministerial entre las áreas de Energía y Minería, y la inclusión de esta última en el Ministerio de la Producción, ha abierto expectativas. El ingeniero Daniel Meilán, que demostró conocimiento y eficiencia las veces que se ocupó de estas cuestiones, ha cedido su lugar a Carolina Sánchez, ingeniera en recursos naturales y medio ambiente, que viene precedida también por encomiables antecedentes. Sánchez ha ejercido funciones en el norte del país y está, por lo tanto, compenetrada con todo lo que debe hacerse desde el Estado a fin de incentivar la producción de litio, convertido en una de las esperanzas flamantes de nuestra minería.
La Argentina cuenta con una de las principales reservas mundiales de litio, un elemento clave para la fabricación de baterías. Este "oro blanco" obtenido en los salares norteños aporta ya el 16% de una producción mundial que lo cuenta como elemento estratégico para el funcionamiento de automóviles eléctricos, celulares o paneles fotovoltaicos. En los confines donde se encuentran la Argentina, Chile y Bolivia, está identificado el 70% de las reservas de litio en el planeta y hay capitales ávidos por invertir en su aprovechamiento sobre bases auténticas de seguridad jurídica.
La ley de 1993 sobre inversiones mineras otorgó a inversores "estabilidad fiscal" por 30 años a partir de la presentación de estudios de factibilidad. Esa estabilidad alcanzaba a todo tipo de tributos, incluidos los gravámenes a las importaciones y exportaciones. A su paso arrasador por el poder, el kirchnerismo impuso, a pesar de la legislación vigente, derechos de exportación a los minerales. Lo hizo con el desparpajo de quien sabe que viola la ley, y contó con cómplices que dicen hablar en nombre de otro peronismo.
Macri derogó con sentido de la legalidad esas imposiciones. Ahora habrá que rezar para que quienes nada reclamaron en medio de la prepotencia kirchnerista no se presenten ante los tribunales en los que se ventilan reclamos de dudosa moralidad a invocar perjuicios que se abstuvieron de reclamar en su momento. La minería asentada ya en el país debe pagar con la moneda apropiada al cambio de situación producido con el gobierno de Macri y las empresas mineras que aún no han invertido deben interesarse, y ser interesadas por la Argentina, para sumarse a un esfuerzo que generará recursos indispensables para la economía.
En 2017, el Presidente impuso un pacto minero para homogeneizar las normas entre las provincias, de modo que los inversores no tengan dudas de que al llegar al país se encuentran en uno federal y no en un conglomerado de países con realidades y leyes en contradicción. Las empresas mineras deben, por su parte, actuar con transparencia y solvencia productiva para evitar episodios lamentables como los de la mina Veladero. Más que por temor a las sanciones eventuales, deben actuar con el sentido de la dignidad profesional de quien hace sus trabajos a conciencia y sabe que los propios errores los paga por extensión el empresariado que integran.
La fuerza movilizadora de empleos y producción de la minería está lista para actuar tan pronto se tomen decisiones políticas pendientes, incluso en Chubut, donde una compañía canadiense sufre una larga espera para poder extraer plata.
Es esperable que en cada caso se cuente con un aporte de la comunidad científica y un adecuado proceso de evaluación de impacto ambiental, que no debería ser realizado por la misma autoridad que promueve el desarrollo minero. Es algo que aún no se ha comprendido pese a las pérdidas de inversión que ha sufrido nuestro país. Si esto se cumpliera con transparencia, se evitarían protestas indeseables. La imposición de actividades sin información adecuada a las comunidades a menudo alimentó las reacciones fundamentalistas que impiden la actividad y ahuyentan inversiones hacia otros países.
Es momento de cambiar y de decir, una vez más, ¡argentinos, a las cosas!
La Nación
