Por Rodolfo Richard-Jorba - INCIHUSA-CONICET y UNCuyo
Dos proyectos en la Legislatura para modificar la ley 7722 a fin de permitir la megaminería metalífera a cielo abierto generan controversias entre los defensores del sector y los del medio ambiente y, sobre todo, del cada vez más escaso recurso hídrico disponible. Esta controversia atraviesa horizontalmente a todos los sectores políticos y se suman, además, opiniones diversas; algunas defienden intereses económicos, otras, incluyendo la del arzobispo de Mendoza, buscan preservar la calidad de vida dentro de la casa común que compartimos los mendocinos.
Me interesa dirigirme a los políticos, tanto a los autores de los proyectos, como a los que salieron con mayor o menor claridad a apoyar la modificación de la ley. Es evidente, desde que asumió el gobierno de Macri, que la minería estaba entre sus prioridades. La falta -absoluta y patética- de un plan económico lo llevó a apelar a la primarización extrema de la economía nacional (soja, petróleo y minería) para "salvar" al país en crisis.
La temprana eliminación de las retenciones a las exportaciones mineras fue el primer y claro indicio.
Qué duda cabía de que luego vendría la ofensiva contra le ley mendocina. Sorprendió que proviniera de legisladores opositores, acompañados por declaraciones de intendentes, como el de Godoy Cruz, que hablan de la importancia de la actividad minera para el desarrollo económico pero sin exponer un plan previo. Todos dejan expresada lo que sería su principal preocupación: la generación de empleo. Los legisladores destacan, además, que los avances científicos y tecnológicos asegurarían que la megaminería no contamine, y se promoverán "estrictos controles" para evitar que se produzcan daños ambientales. Todo muy lindo, propio de lo que en diversas columnas de este diario hemos atribuido a la Argentina Legal, muy distante por cierto de la Argentina Real.
Lo primero que quiero señalar es que 35 años de gobiernos democráticos han profundizado la diferenciación (iniciada en la dictadura), entre ambas Argentinas, hasta hacerla abismal. La crisis del sistema de los partidos políticos ha llevado a sus dirigencias a subirse a una calesita y a bajarse en cada estación donde les ofrezcan una sortija, intercambiable por un cargo, un lugar expectante en las listas sábanas o, simplemente, la posibilidad de un negocio. Ya he escrito sobre esto y no voy a repetirlo.
Basta, simplemente con seguir la trayectoria de infinidad de dirigentes políticos que cambian de lugar en el entramado de partidos como quien muda de ropa luego de tomar un baño. Independientemente de sus condiciones morales, son políticos "carguistas": su objetivo de vida es estar siempre ocupando cargos, "espacios de poder" como le llaman eufemísticamente. Parafraseando una bella canción de Eladia Blázquez, buscan más permanecer que honrar los cargos. Las excepciones que confirman la regla son los políticos "principistas", una minoría, que anteponen sus convicciones y valores a ofertas de cargos, canonjías o privilegios.
El hecho cierto, comprobable con encuestas que circulan a diario, es el desprestigio de los políticos (también de los jueces), asociados por la ciudadanía con la corrupción, los negociados, los privilegios, la impunidad, en definitiva.
Volviendo a los proyectos en danza, la conclusión obvia es que no les creo a los políticos que los promueven. No puedo conocer sus intenciones; me manejo con la Historia, y los resultados no los favorecen. El viejo eslogan de "crear trabajo" queda destruido por la evidencia: desde 1983 la dirigencia política que ha gobernado (peronismo, radicalismo y el neoliberalismo del PRO), sólo ha instalado una gigantesca fábrica de pobres, asfixiado con impuestos a los sectores productivos (hay excepciones) y endeudado al país. Nunca tocaron las estructuras asimétricas e injustas generadas por la dictadura (1976/1983).
Sería ideal que la megaminería promoviera procesos virtuosos de desarrollo industrial, con bienes exportables de alto valor agregado, generadores de divisas, pero no es nuestro caso. Las empresas sólo buscan el oro, la plata y minerales raros, que exportan en bruto a simple declaración jurada (negocio redondo), y dejan al país sueldos para muy pocos trabajadores, algo de impuestos y unos fenomenales pasivos ambientales.
Estas empresas tienen facturaciones que superan largamente muchos PBI de numerosos países. En consecuencia, cuentan con medios suficientes para cooptar políticos, universidades, jueces, etc., no muy distinto de lo que han hecho los sectores petroleros para financiar "científicos" y políticos (Trump y los republicanos, por ejemplo), para que nieguen la causa antrópica del cambio climático que estamos presenciando ya y que padecerán nuestros hijos y, sobre todo, nuestros nietos.
Respecto de los "controles estrictos", nos internamos en la Argentina Real y mueve a risa, también al llanto, la ingenuidad, por llamarla de algún modo, pero también la ignorancia con que se promueven estos proyectos. Busquen, señores políticos, por ejemplo, qué pasa con Minera Alumbrera en Catamarca y Tucumán; el accionar sobre esta empresa del fiscal general federal Gustavo Gómez y las presiones de todo tipo que ha sufrido son elocuentes.
Les recuerdo que en el proyecto Pascua Lama, la Barrick llenó de basura el lado argentino, hecho descubierto no por los "controles" de la provincia de San Juan, sino por el periodista Ignacio Otero del programa PPT de Jorge Lanata. Parecen ignorar, además, que en octubre pasado, el Tribunal Ambiental de Chile clausuró definitivamente el proyecto Pascua Lama del lado chileno por los problemas generados por Barrick. En Chile hay leyes y se las aplica. Hay un Chile Legal integrado con el Chile Real.
Acerca de los "controles" de que disponemos les digo que si no son capaces de civilizar el tránsito vehicular y la violación sistemática y mayoritaria de la Ley de Tránsito, es imposible creerles que controlarán las mineras.
Resulta contradictorio derogar en la ley 7722 el control de la Legislatura sobre los proyectos de inversiones mineras y decirnos que se extremarán los controles sobre las mismas. Sacar del medio dos cuerpos colegiados, con voces plurales, simplifica trámites.
No es lo mismo tratar una inversión con un pequeño cenáculo político que hacerlo en una caja de resonancia social amplia como es la Legislatura.
Hay cantidades de ejemplos de la ausencia de controles estatales en todos los niveles, incentivadores de la anomia de nuestra sociedad y de la creciente agresividad de nuestra gente. Pero quiero terminar con uno que representa cómo es la Argentina Real frente a los "controles". Nos referimos a lo que suele suceder cuando una burocracia eficiente (en términos de Weber, los funcionarios que se forman para hacer carrera en el servicio del Estado), toca intereses de los políticos. Durante la presidencia de Cristina Fernández, un grupo de técnicos de la DGI/AFIP investigó a Lázaro Báez por diversos delitos; la señora, por intermedio del señor Echegaray, los echó del organismo y disolvió la Regional Bahía Blanca; dirigía este grupo el señor Horacio Castagnola. Fueron reincorporados por el gobierno de Macri, hasta que investigaron a un familiar del presidente y los despidieron nuevamente en octubre pasado, eso sí, en medio de edulcorados elogios a su larga trayectoria en la DGI. Huelgan las palabras, señores políticos. Estimados lectores, saquen sus propias conclusiones.
Diario Los Andes
