Mendoza: Diputados habilitó la exploración de Cerro Amarillo, en una larga sesión con votación dividida

La iniciativa obtuvo sanción definitiva, con 30 votos a favor, diez en contra, cinco abstenciones y dos ausencias. Fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición.

Sesión de Diputados.

Este miércoles se aprobó en la Legislatura la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la exploración del proyecto minero Cerro Amarillo. La iniciativa impulsada por el Gobierno obtuvo sanción definitiva en la Cámara de Diputados en una larga y “caliente” sesión. La votación terminó con 30 afirmativos, 10 negativos, 5 abstenciones y 2 ausentes.

De esta manera, se autorizó la exploración del yacimiento ubicado en Malargüe para evaluar sus características geofísicas y el potencial geológico, pero no con el consenso que el oficialismo pretendía conseguir cuando llevó la propuesta a la Casa de las Leyes.

Lo que se ratificó fue una resolución conjunta de la Dirección de Minería, del Ministerio de Energía y de la Dirección de Protección Ambiental, del Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales de fines de agosto de 2014. En ese entonces no avanzó porque el Inventario de Glaciares realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) no estuvo lista hasta el 2018.

La autorización legislativa da paso a la perforación de nueve pozos exploratorios de no más de 400 metros de profundidad, para determinar si allí podría desarrollarse, luego, la explotación de cobre.

Clima tenso

La sesión se desarrolló en un clima tenso, dentro y fuera de la Legislatura. En la peatonal Sarmiento se ubicaron militantes de la Asamblea Popular por el Agua y partidos de izquierda, que expresaron su rechazo al proyecto.

También se manifestaron el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) Mendoza, contra la iniciativa del oficialismo para intentar sanear la OSEP.

En el recinto hubo varios momentos de cruces entre los legisladores de Cambia Mendoza y del Frente de Todos, en especial cuando José Luis Ramón criticó que no hayan dejado entrar a la Legislatura a los manifestantes para enfrentarse a los “diputados con cara de nada”.

Los legisladores de Cambia Mendoza aseguraron que el proyecto cumple con todas las normativas vigentes, entre ellas la ley 7722, ya que se utilizará el sistema de perforación de Diamantina sin el uso de sustancias prohibidas por dicha norma.

“Queda claro que no hay afectación de glaciares. No se utilizarán sustancias. Se cumple con la legislación ambiental. No tiene sentido generar una nueva DIA, a partir de la aprobación de la Legislatura comenzará a regir”, expresó el diputado Guillermo Mosso.

Si bien reconocieron que hay cuerpos de hielo en la zona, los legisladores oficialistas manifestaron que no se encuentran ubicados en los lugares donde se realizarán las perforaciones.

El proyecto “se encuentra fuera de las cuencas de los ríos Atuel y Malargüe, por lo que no existe ninguna potencial afectación del agua en el Sur mendocino”, agregaron desde Cambia Mendoza.

El Frente de Todos, basándose en el Inventario de Glaciares, indicó que están en desacuerdo con la iniciativa porque los pozos están “dentro del área periglacial”, con la presencia de 47 cuerpos de hielo.

“Concretamente son glaciares de escombros, activos e inactivos, ocho de ellos parcialmente incluidos en el proyecto, cuatro Norte, tres Este y uno en el Sur“, dijo Ramón.

Por el PJ también habló la legisladora Valentina Morán. “No se le dio participación a la ciudadanía. Esto aleja a la sociedad de la participación política. Estamos hablando de glaciares, en medio de una crisis hídrica“, afirmó.

Manifestantes fuera de la Legislatura.

Por el Partido Verde, Emanuel Fugazzotto, señaló que esta norma “viola la ley de Glaciares y la esencia de la Ley 7722. No viene a resolver los problemas económicos de la provincia. Desde las bases está más gestado. Está pensado al servicio de las multinacionales”.

Los legisladores en contra de la exploración de Cerro Amarillo, también plantearon las consecuencias que podría generar la sanción de la iniciativa. “Es pasar por arriba de la Ley 7722 y muchas leyes nacionales. Puede ser judicializado“, aseguró el diputado Jorge Difonso, de Unidad Popular, partido que para las próximas elecciones dejará de ser aliado de Cambia Mendoza.

La propuesta había sido aprobada por el Senado hace dos semanas, con voto dividido por parte del peronismo, ya que algunos dieron su acompañamiento, mientras que otros se abstuvieron o votaron en contra, tras la libertad de acción que propuso el bloque.

Legisladores justicialistas criticaron la manera en la que el oficialismo planteó el debate y cuestionaron que “no se lo explicaron la ciudadanía”. Otro motivo para no votar a favor fue que primero “debían discutirse los porcentajes que por Ingresos Brutos” deben pagar quienes exploten nuestros recursos naturales y modificar “cómo se verifican las cantidades que las empresas mineras extraen”.

Según un informe de la consultora Wood Mackenzie, citado por el oficialismo, la demanda de cobre se multiplicará por cinco en los próximos años por la fabricación de vehículos eléctricos, la transición del sector productivo de fuentes de energía fósil hacia las alternativas renovables o de menores emisiones de CO2, el almacenamiento energético y el aumento de la instalación de redes eléctricas.

De resultar factible, la inversión podría ser de hasta 4.000 millones de dólares, con una generación de más de 4.000 empleos directos durante la construcción y más de 1.000 empleos durante la explotación, precisó el Gobierno.

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