Alejandro Abraham y Juan Agulles, autores de las iniciativas, aceptaron hacerles cambios para facilitar el tratamiento.
Paola Ale
Los proyectos para instalar parques mineros en los lugares en los que no rijan las prohibiciones de la ley 7.722 y para hacer menos rígida esta legislación, no terminan de ahogarse en el Senado provincial, aunque tampoco se salvan. En estos momentos naufragan en medio de tormentas internas y desavenencias entre partidos.
Sin embargo, Juan Agulles y Alejandro Abraham, los autores de las iniciativas, aseguraron que no está todo perdido y que intentarán debatirlas dentro de una semana.
Ayer no hubo quórum en dos de las tres comisiones que funcionaron en plenario. Y por ese motivo no se pudo firmar un despacho.
Pero la realidad es que lo que no hay es acuerdo político.
La pelea por el límite a la reelección de los intendentes, la negativa de la oposición de brindar la herramienta del refinanciamiento de la deuda pública al Gobierno y los proyectos mineros que primero fueron impulsados por los peronistas y después por la mayoría de los legisladores de Cambia Mendoza, conformaron una especie de bomba que nadie quiere desactivar, al menos por ahora, a riesgo de que les explote en las manos.
Ambos senadores aceptaron realizarles cambios significativos a los proyectos, sobre todo Abraham, que le devolvió la redacción original al artículo.
Cambios
Abraham admitió en su proyecto cambios importantes a fin de lograr mayor aceptación entre los legisladores.
En primer lugar, deja la frase de las prohibiciones de químicos utilizados en minería tal y como estaba redactada en la 7.722, en la que se leían las palabras "y otras" para incorporar un amplio espectro de sustancias que pueden contaminar el agua y no sólo ácido sulfúrico, cianuro y mercurio. Sin embargo, la nueva redacción agrega "siempre que afecten la calidad del agua". Es decir que en los lugares en donde no haya riesgo de contaminación del agua, se podrán instalar emprendimientos de ésta índole.
También propuso incorporar las auditorías internacionales (en particular de la ONU) para profundizar la vigilancia sobre los proyectos mineros.
Con ésta serían 4 las instancias de control: el Ejecutivo a través de la Policía Minera, Legislatura a través de la Bicameral de Seguimiento de los proyectos mineros, el control ciudadano y los organismos internacionales.
Otro aspecto que cambió fue el de las regalías. Además del 3% de lo efectivamente facturado que las mineras deben aportar por ley, se le agrega 1,5% de sobretasa (un requerimiento que pueden imponer las provincias). De ese dinero, el 2% va para modernizar y perfeccionar el sistema de riego (impermeabilización de canales, para evitar pérdidas de agua, por ejemplo). Mientras, otro porcentaje estará destinado a mejoras urbanas.
Entre los puntos que se incorporaron, Agulles destacó que cuando se produzca un cierre de mina, inmediatamente se iniciará un proyecto sustentable en el tiempo.
Por otra parte, hay puntos que no cambian. En particular, el hecho de que la declaración de impacto ambiental (DIA) no necesite aprobación de la Legislatura.
Por último, Abraham mencionó que se destinarán fondos derivados de la minería para políticas de género, viviendas y contingencias climáticas.
En cuanto a la iniciativa de parques mineros, Agulles explicó que se le agregaron algunos puntos. La DIA incluirá la ubicación física del parque minero controlado que se quiera instalar. Ese sitio no tiene que estar cerca de población, ríos ni glaciares.
Por otra parte, el Ejecutivo tendrá que reestructurar la Dirección de Minería a fin de incorporar todos los departamentos que se desmantelaron, como Control Ambiental, Policía Minera y Departamento de Geología. Estos se encuentran detallados en la ley 3.790
Diario Uno
