Los perdedores por el fallo contra Minera Alumbrera

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Andalgalá  La Cámara Federal de Tucumán decidió la suspensión de la actividad minera en Bajo La Alumbrera y Bajo El Durazno.

Esta decisión obliga a la empresa Minera Alumbrera a detener las actividades de los yacimientos localizados en la provincia de Catamarca. El origen de este derrotero legal es una causa iniciada en 2010 en el Juzgado Federal de Catamarca por particulares, rechazada en 2012, que consistía en un amparo contra Minera Alumbrera con medida cautelar por supuesta contaminación. La Secretaría de Minería de Catamarca -autoridad de aplicación en todo el territorio provincial en materia ambiental-minera- informó que Minera Alumbrera cuenta efectivamente con una póliza de seguro de caución en cumplimiento de la Ley General del Ambiente. El organismo estatal aclaró que se realizan monitoreos periódicos del río Vis Vis, así como de agua superficial y subterránea de dicha cuenca. Además, se contrató a una empresa consultora independiente para la realización de un informe sobre la estabilidad física y estructural del dique de colas, así como de su estabilidad química. Estas medidas son parte de la sostenida tarea de control que la Secretaría de Minería de Catamarca ejecuta desde hace años. Efectivamente, Minera Alumbrera cumple con todas las condiciones impuestas para garantizar la seguridad ambiental, tiene contratado el seguro ambiental y ninguno de los ataques de los que ha sido objeto por presunta degradación ambiental pudo nunca ser probado a lo largo de las dos décadas que lleva en funcionamiento. Es preciso recordar el estudio llevado a cabo en 2010 por la Fundación Centro de Estudios Infectológicos (FUNCEI) del Dr. Daniel Stamboulian. La organización científica, de una trayectoria impecable, concluyó luego de un trabajo de campo de tres meses en los departamentos Andalgalá, Belén y Santa María que no existían en la zona evidencias de contaminación como consecuencia de la actividad minera, ni era posible vincular casos de cáncer u otras patologías con ella. La gobernadora de la provincia, Lucía Corpacci, manifestó su preocupación ante la medida judicial. Con la suspensión de las actividades en Bajo La Alumbrera y Bajo El Durazno peligran 2200 puestos de trabajo directos, entre empleados y contratistas. La provincia de Catamarca perdería $120 millones en concepto de regalías para el año en curso así como $60 millones en Ingresos Brutos y otros tributos. Por su parte, la Nación dejaría de recaudar alrededor de $1.200 millones por distintos conceptos. Y, en materia comercial, no se generarían unos $4.000 millones en compras de bienes y contratación de servicios, de los cuales $266 millones corresponden a Catamarca. Sorprende este fallo contra Minera Alumbrera. Nunca hubo una prueba que pudiera implicar a la operadora respecto a algún daño contra la salud de las personas y el medioambiente. No deja de llamar la atención esta medida, especialmente porque llega en momentos cercanos a las elecciones. En esta pulseada judicial los únicos perjudicados son los trabajadores mineros y sus familias. Las implicancias de este fallo para miles de familias no son posibles de cuantificar, pero sí se puede afirmar que pueden ser nefastas. Esta medida judicial arriba en momentos en que es imperioso poner en valor los recursos del subsuelo, fomentar inversiones, conservar y generar puestos de trabajo así como emprendedores que acompañen el circulo virtuoso de la industria minera como verdadero factor de desarrollo. El fallo es una pésima señal no solo para los trabajadores, sino también para los inversores, quienes buscan no solo potencial geológico sino también seguridad jurídica que ampare sus fondos.

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