Ley de Glaciares: piden ampliar la audiencia pública ante la masiva inscripción de participantes
- 11 de marzo, 2026
Argumentan que ya hay cerca de 18 mil inscriptos y que el formato actual permitiría exponer solo a una pequeña parte de quienes desean participar del debate.
Con cerca de 18 mil personas inscriptas, crece el reclamo para ampliar la audiencia pública convocada en la Cámara de Diputados para debatir la reforma de la Ley de Glaciares, prevista para los días 25 y 26 de marzo. Según informó el sitio especializado El Parlamentario, legisladores de la oposición pidieron al oficialismo extender las jornadas para garantizar una participación más amplia.
El pedido fue formalizado a través de una nota presentada por el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, junto a sus pares Sabrina Selva (Unión por la Patria) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas). La solicitud fue dirigida al presidente de la Cámara baja, Martín Menem; al secretario parlamentario, Adrián Pagán; y a los titulares de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente.
La reforma a la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir la explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.
La reforma a la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir la explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.
En la misiva, los legisladores pidieron que “se disponga la ampliación de la audiencia pública” convocada para tratar el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado, con el objetivo de garantizar una participación ciudadana amplia y efectiva, en línea con los estándares del Acuerdo de Escazú, aprobado en Argentina mediante la Ley 27.566.
Los firmantes remarcaron que, según los registros actuales, más de 15 mil personas ya se anotaron para participar, aunque el esquema previsto —dos jornadas de nueve horas cada una con exposiciones de cinco minutos por participante— permitiría, en el mejor de los casos, la intervención de alrededor de 216 expositores.
Para los diputados, esta cifra representa “una fracción mínima de los inscriptos”, lo que podría limitar el alcance de la participación ciudadana en un debate de alto interés público.
“La obligación asumida por el Estado no se agota en la mera convocatoria formal de una audiencia pública, sino que exige adoptar las medidas necesarias para garantizar que la participación pueda ejercerse de manera real y sustantiva”, sostuvieron.
En ese sentido, recordaron como antecedente el debate por la legalización del aborto en 2018, cuando la Cámara de Diputados realizó 15 audiencias públicas durante casi dos meses, con más de 106 horas de debate y 738 expositores, a lo que se sumaron otras cinco audiencias en el Senado con cerca de un centenar de oradores.
Según indicaron Ferraro, Selva y Zigarán, la gran cantidad de inscriptos refleja la diversidad de sectores sociales, académicos, científicos, productivos y territoriales interesados en participar del debate.
“Limitar materialmente el acceso a la palabra a un número reducido de expositores no solo restringe el ejercicio del derecho a la participación, sino que también empobrece la deliberación democrática”, advirtieron.
Además, señalaron que un proceso legislativo en el que las instancias de participación pública resulten meramente formales o simbólicas podría incrementar el riesgo de judicialización, al no cumplir plenamente con los estándares de participación establecidos por la Ley General del Ambiente, el Acuerdo de Escazú y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Cabe recordar que el pasado 26 de febrero, el Senado aprobó la iniciativa con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, otorgándole media sanción. El proyecto se encuentra ahora en la Cámara de Diputados para su discusión.
La propuesta impulsa modificaciones a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial. Entre otros puntos, busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para habilitar la explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente se encuentran restringidas para actividades extractivas e industriales.
En ese marco, el proyecto introduce una diferenciación entre las llamadas “formas periglaciares”, distinguiendo aquellas que cumplen funciones de reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedoras de agua para la recarga de cuencas hidrográficas de otras que, según la iniciativa, no necesariamente cumplen ese rol y podrían ser aptas para su utilización económica.
La Opinión Austral