Tomó estado parlamentario en la última sesión de la Cámara de Diputados, un proyecto de ley que establece la prioridad a favor de la empresa minera estatal CAMYEN en la inscripción de la titularidad de yacimientos mineros cuya concesión fueran declaradas caducas.
La iniciativa se sustenta en lo establecido por la Constitucional Nacional que sostiene que "corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio".
En consonancia con el criterio de la Constitución Nacional, el proyecto recuerda que el Código de Minería local establece que las minas se adquieren a través de una concesión otorgada por el Juzgado de Minas, siendo objeto de la misma, los descubrimientos y las minas caducas y vacantes. "Las condiciones a las que se encuentra sujeta la concesión minera son dos: Que se pague el canon anual por pertenencia y que se cumpla con el plan de inversiones que el concesionario presenta a la autoridad minera", recuerda el proyecto de autoría de la diputada Cecilia Guerrero (FJV),
Más adelante, advierte que las causales por las que se procede la declaración de caducidad de una concesión minera son: cuando no se hubieran realizado las inversiones proyectadas, por falta de pago de los cánones anuales y cuando las inversiones no tuvieran el destino previsto.
En ese marco, es que el proyecto advierte que por imperio constitucional, el dominio de las minas son de la Provincia, y si bien ratifica que si una mina fue otorgada en concesión a un particular "ese acto no transmite la totalidad de las condiciones que constituyen el derecho de dominio sobre la cosa". Por lo tanto, establece que en los supuestos en que sea declarada la caducidad de una concesión minera, "nada obsta a que el Estado, haciendo uso de las facultades que emergen del dominio originario de los recursos mineros, establezca normas procedimentales que otorguen prioridad a la empresa minera provincial (CAMYEN), para ejercer la opción de obtener la inscripción a su favor de permisos de exploración o de cateo de áreas mineras comprendidas en esa vacancia".
El proyecto, justifica la medida al sostener que "constituye la única manera de asegurar el cumplimiento de la finalidad de beneficio para el conjunto social" y porque "es el modo más adecuado y eficaz de preservar los pedimentos mineros de todo tipo de especulación inmobiliaria por parte de aquellos que, sin tener la capacidad financiera y técnica para llevar a cabo la exploración minera, mantienen bajo su propiedad pedimentos mineros sin cumplimentar las condiciones a las que se encuentra sujeta una concesión minera".
Finalmente, explica que si el proyecto se hace ley, cuando se produzca una vacancia en una concesión, el Juzgado de Minas deberá notificar a la Secretaría de Minería y a CAMYEN S, la resolución que declara la vacancia y a establecer un plazo dentro del cual la empresa podrá ejercer la opción de prioridad para lograr a su favor el otorgamiento de una nueva concesión. Así también se propicia el establecimiento de un bloqueo registral, con efecto contra terceros
El Ancasti
