Catamarca: Enclaves nepóticos (el caso YMAD)
- 22 de febrero, 2021
Según el diccionario de la RAE, el nepotismo es la "desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos".
El sustantivo “nepotismo” deriva del griego “nepos”, que significa sobrino, y se refiere a la acción de favorecer a familiares y amigos con empleos o cargos públicos, y también premios, becas, subsidios y otras prebendas por el solo hecho de ser allegados, esto es, sin tener los méritos requeridos en el sistema para acceder a ellos. En términos políticos, el nepotismo sería el oponente de la meritocracia.
En algunos países occidentales, el nepotismo en el sector público es considerado un acto de corrupción y de falta de ética, al no considerar al mérito y la idoneidad como los valores más importantes para el acceso a un cargo, más aún si tiene cierta jerarquía en la estructura del Estado.
Para el investigador chileno Francisco Vicencio, de la Univeridad Andrés Bello, el mensaje que la comunidad recibe cuando está frente a un acto de nepotismo es que la igualdad de oportunidades es un concepto vacío porque no es tal para todos y que un país con semejante inequidad desalienta la búsqueda de desarrollo y superación personal de sus habitantes.
Pero en Argentina, y más aún en provincias pequeñas como Catamarca, la praxis nepótica en el Estado es parte de la política tradicional. Si bien no es algo que se acepte como correcto, ha dejado de sorprender. Aunque no por eso provoca menos indignación.
El caso YMAD
La empresa minera estatal Yacimientos Aguas de Dionisio (YMAD), concebida en su ley de creación en 1959 para hacer tareas de cateo, exploración, explotación, comercialización e industrialización de minerales en su área, devino estos últimos años en un mero organismo de empleo público bien remunerado. Un conchavo jerarquizado, podría decirse.
Su decadencia se profundizó a partir del cierre de mina de Bajo La Alumbrera, hace dos años, cuando dejó de percibir utilidades como socio en la UTE (Unión Transitoria de Empresas) con Minera Alumbrera. A partir de allí solo le quedó mantener en actividad Farallón Negro y rezar por la pronta puesta en marcha de Agua Rica, el nuevo gran sueño de la minería a gran escala.
Sin embargo, en este caso el negocio que se le presentó fue el arrendamiento de las instalaciones de Bajo La Alumbrera, que tuvieron un costo inicial de USD 1.300 millones, para el procesamiento del mineral a extraer en Agua Rica. Por ese contrato, YMAD embolsó de Yamana Gold, principal accionista de Agua Rica, un adelanto de USD 12,5 millones por el alquiler de la infraestructura.
Eso es, al menos, lo único que se informó oficialmente tras la firma del contrato. Pero la letra chica permanece oculta: el presidente de YMAD, Fernando Jalil, aún no respondió un requerimiento formal que le hizo El Ancasti el 4 de enero pasado, en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública Nº 5336/11, para contar con una copia del acuerdo. Es un documento público, pero Jalil parece considerarlo un contrato privado. La Provincia de Catamarca es dueña del 60% de la empresa estatal que le confiaron administrar. Tanto recelo para transparentar el arreglo, a esta altura, da lugar a sospechas. No se esconde lo que está bien hecho.
Pero como van las cosas, los 12,5 millones de dólares que YMAD percibió en una instancia que, según confiaron fuentes de la empresa, estaba a “un peldaño de la nada”, parecieran haber sido destinadas a sostener la bolsa de trabajo de sus autoridades y familiares.
En efecto, Fernando Jalil asumió como presidente y al poco tiempo habría designado a un hijo como colaborador cercano. Lo mismo que hizo cuando fue presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, donde además de nombrar a un hijo se dio con el gusto de contratar a un gerente de una empresa privada de su propiedad. La generosidad con el presupuesto público tiene su atractivo.
En el directorio hay dos vocales en representación de la Provincia. Uno es Ángel Mercado, que asumió en la segunda gestión de exesposa Lucía Corpacci, y otro Daniel Gutiérrez, que fue ministro de Educación de Corpacci, entre otros tantos cargos públicos que tuvo en diferentes áreas. Ahora se dedica a la minería. Un auténtico polifuncionario.
Gutiérrez asumió en reemplazo de Daniel Barros, que fue ministro de Desarrollo Social también en la administración Corpacci. Pero Barros no se habría ido del todo: trascendió que lo habrían designado en un cargo de asesor. Y que también continuaría bajo presupuesto un hijo suyo, el mismo que lo acompañó desde su primera hora de vocal del directorio.
Al “staff” de YMAD también se habría incorporado como asesor el exministro de Minería de Catamarca Rodolfo Micone, quien a pesar de la carta de recomendación que se dejó su madrina política, fue desplazado por el gobernador Raúl Jalil a los diez meses de asumir. Micone, según se informó en el parte de prensa de despedida, se iba de la Provincia para ejercer en su profesión de ingeniero en Minas en una empresa de litio.
Por lo visto, los que se fueron siguen por allí bien remunerados con sueldos públicos.
Padre por hijo
La última expresión de nepotismo exacerbado se dio a mediados de semana en el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.
Marcelo Rivera, exministro de Gobierno de Corpacci y expresidente de la Cámara de Diputados, renunció al cargo por razones personales. Y en su lugar dejó a su hijo, el diputado provincial Maximiliano Rivera.
Un enroque similar al producido cuando Rivera padre se fue de la Cámara baja, hace dos años, y le aseguró la banca a este mismo hijo de ocupación garantizada. Maximiliano es profesor de Letras y actualmente ocupa la vicepresidencia de la Cámara baja. Dijo sentirse “honrado” por la designación al frente de Desarrollo Social. Como si hubiera sido seleccionado entre muchos por sus conocimientos.
Marcelo Rivera, quien llegó al gobierno de Corpacci como resultado de un acuerdo político con el líder gastronómico Luis Barrionuevo, entendió desde un principio que cualquier espacio de poder que ocupara sería de estricto orden familiar. Una línea de sucesión directa. Lo hizo en Diputados y ahora en Desarrollo Social.
El Estado funciona de este modo como una división de parcelas que se asignan a los políticos y sus familiares, además de amigos y socios en otras actividades. Nepotismo en estado puro.
El Ancasti