Catamarca/ el mirador político: RIGI y pensamiento mágico

Promotores y detractores suelen asignar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones unas características morales que tienen mucho de pensamiento mágico.

Indispensable herramienta para precipitar el desarrollo para unos, mefistofélico dispositivo de vaciamiento para otros, el extremismo omite evidencias que inducen a refrenar tanto las expectativas como las condenas ilevantables. El RIGI es solo un sistema de beneficios fiscales para inversiones superiores a los 200 millones de dólares con estabilidad durante tres décadas, que se implementa porque la credibilidad del país ha sido demolida y nadie está dispuesto a colocar fortunas de semejante envergadura sin blindajes excepcionales. Nada más que eso, tampoco nada menos: se trata de una prótesis para suplir la confianza perdida, necesaria sin dudas, pero insuficiente para garantizar las indefectibles prosperidades que se atribuyen a su aplicación.

Catamarca ofrece ejemplos muy cercanos y claros para relativizar el alcance que pueda tener en cualquiera de los sentidos propuestos, precisamente en el campo de la minería.

Ejemplos cercanos

La actividad litífera comenzó a desplegarse acá al amparo de la Ley Nacional de Inversiones Mineras sancionada a principios de los ‘90, sin necesidad de diseñar instrumentos adicionales para tentar a las grandes corporaciones. El RIGI en todo caso aceleraría un proceso en marcha y aceitaría la puesta en marcha de la explotación de oro y cobre en Agua Rica.

El Estado provincial obtiene de la explotación del litio cerca de un 3% del valor bocamina de lo extraído, con los que se conforman fondos fiduciarios destinados a financiar obras de infraestructura. Los emprendimientos generan empleo e indirecto a través de los proveedores locales de bienes y servicios. Eventualmente, el sector público podría extender sus márgenes de participación en el negocio litífero a través de la empresa estatal minera CAMYEN, asociándose a los inversores privados como hizo con YMAD, socia de Minera Alumbrera en la explotación del yacimiento Bajo La Alumbrera.

La experiencia de Bajo La Alumbrera, pionera de la megaminería, resulta más ilustrativa para conjeturar proyecciones del RIGI. El Estado catamarqueño obtuvo de ese emprendimiento, a través de YMAD, el triple de lo que representaron las regalías en concepto de utilidades. Así potenciada, la renta minera se dilapidó en gastos corrientes o se malversó en clientelismo y corruptelas.

La antiminería esgrime a La Alumbrera como prueba del fracaso de la minería como factor de desarrollo, pero lo que fracasó fue el Estado como administrador de la renta minera. Es decir: por incompetencia o venalidad, el Estado catamarqueño fue incapaz de traducir lo que obtuvo por sus recursos en calidad de vida y oportunidades de progreso para la sociedad.

La Ley Nacional de Inversiones Mineras no fue de tal modo la panacea que se promocionaba cuando se la sancionó, como tampoco lo será el RIGI ni ningún otro sistema si no se lo hace engranar con políticas de desarrollo que estimulen la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores privados.

La Argentina no ha necesitado de leyes ni regímenes promocionales para arruinarse. Más bien se ha arruinado por malograr el potencial que tales leyes y regímenes incubaban.

El “modelo Poncho”

Mientras la discusión por la adhesión de la Provincia al RIGI calentaba, la Fiesta del Poncho condensó los efectos de un modelo de desarrollo más consistente y sustentable que el extractivismo, basado en el turismo y la industria cultural.

Artesanos, productores y empresarios gastronómicos vendieron más de 4.000 millones de pesos en el Predio Ferial, varios artesanos se quedaron sin stock cuatro días antes del final del evento. En términos generales, el movimiento turístico en el Valle Central tuvo en los diez días que duró la Fiesta un impacto adicional superior a los 4.500 millones de pesos.

El Poncho se erigió de tal modo como ejemplo de relación virtuosa entre los sectores público y privado, con el Estado facilitando y manteniendo instalaciones edilicias y políticas de crédito, reducción de costos y promoción del consumo para alentar la multiplicación y el trabajo de los emprendedores.

Este sistema no es necesariamente contrario al minero extractivista, pero dado que el marketing se complace en enfatizar sobre las multimillonarias cifras de las inversiones mineras como si fuera posible transformarlas inmediatamente en progreso social, corresponde una aclaración: lo que podría denominarse “modelo Poncho” no es complementario de la minería sino que, por el contrario, la minería debería ser complementaria al “modelo Poncho”. O mejor dicho: convendría que los pocos o muchos frutos que la minería arroje para el sector público, con o sin RIGI, sirvan para solventar el modelo que el Poncho resumió inmejorablemente este año con trabajo e ingresos para los catamarqueños.

En términos de desarrollo, son más impactantes los créditos a tasa subsidiada de la Caja de Crédito, el mejoramiento de la infraestructura de servicios o los programas de fomento al consumo local como el OneShot, coordinado con el Banco Nación y el comercio, que las millonadas de la minería, del mismo modo que las obras adquieren un valor social superior cuando resultan útiles para la comunidad en general y no solo para facilitarle el tránsito y la extracción a las mineras.

Es en el progreso de la pequeña y mediana empresa y el aliciente a la iniciativa privada donde finca la clave principal para el desarrollo.

El RIGI, o cualquier régimen, servirá en la medida que entronque con tal concepción que en última instancia implica capitalizar recursos mineros que son, vale insistir, no renovables.

El Ancasti