Catamarca: El conflicto minero en Antofagasta recayó en diputados y el oficialismo evitó el debate

El conflicto por la traza de un camino minero suscitado durante la semana pasada en Antofagasta de la Sierra recayó en diputados a través de un repudio. Esto dividió en triada la opiniones sobre la minería en el debate. Se hizo referencia al consenso social; se habló de la inoperancia de la justicia y se desligó al Ejecutivo del procedimiento de la fiscal Verónica Saldaño. Sucede que la funcionaria judicial ordenó la detención de los hermanos Morales quienes se opusieron a que removieran un alambrado en su propiedad para la apertura de un bypass por el cual pasen camiones pesados de la empresa de litio, Livent. Quien trajo a colación el hecho mediante un repudio fue el legislador de la oposición minoritaria Hugo Ávila. Tras hacer un raconto de los sucesos en Antofagasta, el diputado sostuvo que "la actividad minera en Catamarca sin

El conflicto por la traza de un camino minero suscitado durante la semana pasada en Antofagasta de la Sierra recayó en diputados a través de un repudio. Esto dividió en triada la opiniones sobre la minería en el debate. Se hizo referencia al consenso social; se habló de la inoperancia de la justicia y se desligó al Ejecutivo del procedimiento de la fiscal Verónica Saldaño. Sucede que la funcionaria judicial ordenó la detención de los hermanos Morales quienes se opusieron a que removieran un alambrado en su propiedad para la apertura de un bypass por el cual pasen camiones pesados de la empresa de litio, Livent.

Quien trajo a colación el hecho mediante un repudio fue el legislador de la oposición minoritaria Hugo Ávila. Tras hacer un raconto de los sucesos en Antofagasta, el diputado sostuvo que "la actividad minera en Catamarca sin licencia social no es sustentable y en la medida que el pueblo de Antofagasta no determine si da o no la licencia social, la justicia tiene que medir bien cuales van a ser los pasos a seguir".

Además, rescató el argumento de Fiscalía de Estado porque el sitio donde se dio el conflicto es fiscal para resaltar que "al pertenecer a una comunidad originaria llamada La Rinconada se tiene que reconocer  la Constitución nacional donde se reconocen los derechos de los pueblos originarios".

De esta forma, evaluó que será difícil atraer inversiones a la provincia si "tiene conflictos de represión cuando un sector de la comunidad se opone a la actividad".  "Si se tiene que emprender una actividad productiva debe haber consenso social, así lo planteó el Frente de Todos a través de su candidato a gobernador (Raul Jalil)" acotó.

Por su parte, Francisco Monti (FCS-Cambiemos) leyó parte del expediente focalizándose en el rol de la fiscal: "Saldaño, quien tengo entendido era una encendida militante antiminera, parece que ya no, dio expresas directivas vía telefónica al comisario Marcelo Nieva para que notifique a los pobladores que deben despejar la ruta bypass ya que estarían infringiendo, estarían, la ley, de cortar de paso de vehículos". En este orden de ideas, contempló que "esto es de una irregularidad bastante grave y preocupante" puesto que "una denuncia penal por usurpación no fácilmente prospera así nomas".

El diputado opositor sostuvo que "es importante que la gobernadora y el futuro gobernador no pongan esas cosas en manos de funcionarios de tamaña incompetencia porque estas cosas pueden tener consecuencias graves para la provincia". Sobre este eje, consideró estas situaciones son el "caldo de cultivo para mezclarlo después con cuestiones que no creo que tengan que ver con esto".

Monti volvió a referirse a la fiscal indicando que "a veces algunos funcionarios, en este caso una judicial, que por ser más papista que el papa termina generando un perjuicio para la provincia porque genera una situación de zozobra e incertidumbre". Seguido, indagó qué necesidad existe "para que la Provincia se vea inmiscuida en una crisis prácticamente como consecuencia de la torpeza y la prepotencia de algunos funcionarios".

Al finalizar su alocución, valoró la importancia de la minería para Catamarca aunque "tenemos que cuidarla entre todos, sin cometer errores absurdos y sin poner en mano de incompetentes cuestiones tan importantes como son la prosperidad de la provincia y la seguridad de la gente".

La participación del oficialismo llegó en boca de Augusto Barros. El diputado alegó que no iba a profundizar sobre algunos de los planteos "que se han ido mezclando porque han querido terminar involucrando al poder Ejecutivo, cuando en realidad en este caso formalizó una denuncia y el proceso judicial se llevó a cabo a través de funcionarios judiciales". "Tampoco voy a profundizar de que el intendente (Julio Taritolay) tiene facultades para acordar absolutamente nada sobre territorios provinciales ni que la calidad de pueblo originario tampoco está incisamente inscripto y reconocido de tal manera" deslizó.

"Lo cierto es que hubo una situación particular, hubo denuncia y la justicia actuó conforme a esa denuncia y a lo que creyeron correcto. Esto es lo que ocurrió, lo demás son imaginaciones,y sugerencias de la oposición" cerró

El Esquiú