Un proyecto contra la minería y el agro

Por el Director Sergio Romero

Un nuevo golpe al sistema productivo parece estar gestándose en el Congreso de la Nación. El intento de otorgar dictamen al proyecto de ley nacional de protección de humedales genera enorme preocupación entre los productores agropecuarios y los inversores mineros, que perciben claros indicios de una nueva maniobra del fundamentalismo ambiental, alimentado por intereses económicos y políticos de organizaciones internacionales.

Esto se vuelve factible con un sistema político fracturado y débil, y para el que la ecología es una bandera tan demagógica como vacía de contenido. La defensa del medio ambiente es una cuestión demasiado seria como para especular e improvisar con el tema.

Una legislación de esta naturaleza choca con dos obstáculos; la administración de los recursos naturales es de jurisdicción provincial y, por lo tanto, no puede surgir más que de un acuerdo sólido con los gobernadores de todas las provincias.

El otro punto que debe ser definido en forma inequívoca es el significado de la palabra "humedal". El agua es un bien de toda la humanidad, pero no cualquier cosa es un humedal. Los equívocos no nacen de la ciencia sino de los intereses de una corriente ideológica muy poderosa que se opone a cualquier forma de actividad productiva en el interior del país.

Para ese discurso, el desarrollo agropecuario y forestal y la inversión minera deben subordinarse a lo que ellos deciden como "intereses de las comunidades locales".

En 2013 y en 2016 fracasaron sendos intentos por sancionar una norma de esta naturaleza.

La fracturada economía argentina depende hoy, imperiosamente, de aumentar su producción primaria, la industrialización y las exportaciones para poder recuperar el nivel de ingreso del país de cada uno de sus habitantes. Sin embargo, a nivel nacional no se entiende esta encrucijada y por eso abundan las contradicciones.

La preocupación de productores y empresarios mineros es que el oficialismo apura la sanción de un proyecto del diputado bonaerense del Movimiento Evita Leonardo Grosso, con un texto que reúne las mismas características que el proyecto de Ley de Bosques presentado en 2007 por el entonces diputado Miguel Bonasso: ambos prescinden de la experiencia del trabajo y la producción.

En los fundamentos destaca "la certeza científica de los máximos expertos del campo académico del país y la experiencia de las organizaciones y comunidades que sufren la destrucción ambiental masiva". Es decir, la actividad productiva no solo es un convidado de piedra, sino que es instalada como el enemigo. Y añade, para ratificar la visión que la anima: "El pueblo ya ganó la batalla en la calle".

De prosperar esta iniciativa ampliaría el daño que ya hizo la Ley de Bosques al país. Como aquella, esta también dispone un ordenamiento territorial y asigna un presupuesto del 0,3% del PBI para financiar la defensa de los humedales. Una buena forma de generar una caja que, como ocurrió en el caso anterior, nunca llega a las provincias.

Es cierto que existen otros nueve proyectos, pero parece difícil consensuar un dictamen que no lleve esa impronta antiproductiva y antifederal.

La frivolidad con que se está tomado el tema, que no es extraña en un Congreso con un oficialismo alineado y sin capacidad de negociación, parece no tomar en cuenta que en los próximos días el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, viajará a EEUU con varios gobernadores con el supuesto propósito de transmitir seguridad y confianza a potenciales inversores. Al mismo tiempo, y con el mismo propósito, una delegación de empresarios y técnicos participarán de un programa de reuniones organizada en China por el ministro de Economía Sergio Massa. Una contradicción que erosiona cualquier idea de crecimiento.

Con una pobreza que merodea al 50% de la población en muchas provincias, en un país que pierde día a día la capacidad de generar ingresos y empleo genuino, la ideologización que moldea todos estos proyectos, muy lejos de responder a las necesidades de las comunidades de las provincias, agravia al federalismo y profundiza el deterioro social que viene sufriendo nuestro país desde hace cinco décadas.

El Tribuno