El Poder Ejecutivo remitió a la Legislatura un proyecto de ley para evitar que los recursos naturales de Tierra del Fuego puedan constituirse en garantía de pago de deuda contraída por el Estado Nacional.
Tras la voz de alerta dada por el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, la Gobernadora resolvió remitir a la Legislatura un proyecto de ley para que la Provincia "reafirme el dominio originario de la Provincia de Tierra del Fuego sobre sus recursos naturales de dominio público y privado" y determine taxativamente que "los Recursos Naturales pertenecientes a la Provincia no podrán constituir, en ningún caso, garantía directa o indirecta de las operaciones de Crédito Público que concrete el Estado Nacional".
En los fundamentos del proyecto se menciona que el Doctor Eduardo Barcesat "quien ha visitado la Provincia recientemente, ha manifestado que el Poder Ejecutivo Nacional al momento de tomar deuda, no sólo ha prorrogado la jurisdicción a favor de tribunales extranjeros sino que, además, ha establecido la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana en relación a los bienes de dominio privado del Estado detallados en el artículo 236 del Código Civil y Comercial, entre los que se cuentan las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, sustancias fósiles (hidrocarburos) y toda otra de interés similar, según lo normado por el Código de Minería; y los lagos no navegables que carecen de dueño; siendo todos ellos recursos naturales estratégicos que, además, pertenecen a los estados provinciales". Se agrega que "en efecto, por los Decretos Nacionales N° 29/17 y N° 334/17 se estableció, entre otros puntos, como la referida prórroga de jurisdicción, que para la concertación de operaciones de venta de títulos públicos, se habilite la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, detallándose aquellas cuestiones sobre las que dicha renuncia no será aplicable y omitiéndose en dicho detalle a los bienes privados del estado (a saber, los detallados en el ya mencionado artículo 236 del C.C.yC. N.)".
Se señala que ante el notorio proceso "de creciente endeudamiento al que el Gobierno nacional ha sometido al país en el transcurso de los últimos años, y el peso que el cumplimiento de las obligaciones contraídas significará para todos los argentinos", resulta imprescindible "proteger el federalismo frente a un posible atropello de las autonomías provinciales por parte del Estado Nacional y de los organismos internacionales de crédito", y para ello es necesario "de contar con una herramienta más, que explícitamente reafirme aquello que le corresponde a la provincia por manda constitucional y legal, y que prevenga, mediante un pronunciamiento claro, a quienes pretendan contribuir al saqueo de nuestros recursos naturales con el objeto de pagar una deuda que en nada ha beneficiado al pueblo argentino".
Recuerda que "el prestigioso constitucionalista Eduardo Barcesat ha manifestado en reiteradas oportunidades la necesidad de que las provincias sancionen leyes de protección de sus recursos naturales frente a la posibilidad de que éstos se constituyan en garantía de operaciones de crédito público que realice el Estado Nacional" y que la referida renuncia a la defensa de inmunidad soberana dio lugar a "una denuncia ante la Justicia Nacional en abril de 2017, efectuada por los abogados Jorge Cholvis, Aristides Corti y Eduardo Barcesat" que propició "la sanción de proyectos de ley análogos al presente en provincias como Santa Cruz y Neuquén".
En el mensaje de elevación, la gobernadora Bertone señala que "la entrega de nuestros recursos naturales no es una mera hipótesis. Para ello, baste ver la reciente adjudicación a empresas británicas por parte del Gobierno Nacional, de áreas off shore cercanas a nuestras Islas Malvinas como una forma más de resignar recursos y soberanía tan caros a nuestra provincia".
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