San Juan: Vicuña anunció que traerá agua del Pacífico a la provincia: ¿podrá hacerlo y qué dificultades enfrenta?

La iniciativa hídrica para Vicuña enfrenta desafíos logísticos, legales y sociales. Uno de ellos, la necesidad de permisos de servidumbre.

Por Elizabeth Pérez

La empresa Vicuña Corp., integrada por BHP y Lundin Mining, anunció que planea utilizar agua desalinizada del océano Pacífico para abastecer el proyecto minero Josemaría, ubicado en San Juan. Esta decisión, comunicada oficialmente en julio pasado en la actualización ambiental de su Declaración de Impacto Ambiental (DIA), representa un ambicioso cambio en la estrategia hídrica de la compañía.

Pero esta propuesta (para unos años después del inicio de produccion de cobre sanjuanina) y que parece la mejor solución para la provincia frente a la escasez hídrica, aprovechando la posibilidad de enmarcarse en el tratado binacional minero; no es un camino fácil: tiene desafíos logísticos, legales y sociales.

Una iniciativa binacional

Josemaría está en San Juan y forma parte del proyecto Vicuña, que incluye también el yacimiento Filo del Sol, este último con el 25% del yacimiento situado en la III Región de Chile. Esta condición fronteriza le permite a la compañía acogerse al Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile: ya cuenta con protocolos de exploración y para el futuro tendrá que definir si solicita uno de exploración y explotación, según publicó Tiempo de San Juan.

Juan Andrés Morel, vicepresidente ejecutivo y director de Operaciones de Lundin Mining en Chile, afirmó al diario La Tercera hace un tiempo que esperan ser uno de los primeros en aplicar este tratado. Destacó dos principales sinergias: por un lado, que la distancia al océano Pacífico es más favorable desde el lado chileno, lo cual reduce los costos logísticos; y por otro, que Lundin ya cuenta con infraestructura desarrollada en Chile -como su puerto y planta desaladora para la mina Candelaria- lo que facilitaría su implementación en el proyecto sanjuanino Vicuña.

Desde 2013, Lundin opera una planta desalinizadora en su mina Candelaria, ubicada en el puerto Punta Padrones, en Caldera, Chile. Esta instalación tiene una capacidad de producción de hasta 500 litros por segundo de agua desalinizada, según su página oficial. El sistema incluye una línea de transmisión eléctrica y un acueducto de 78 kilómetros hasta el sector de bodega en Copiapó, desde donde el agua es bombeada otros 30 kilómetros hasta la faena de Candelaria, en Tierra Amarilla. En total, el agua recorre 108 kilómetros desde el Pacífico a la mina.

Esta experiencia previa es vista como una ventaja estratégica. Aunque la planta fue diseñada para abastecer Candelaria, sería factible extender su uso a los proyectos de Vicuña, mediante la construcción de un acueducto que permita llevar agua desde la costa hasta el yacimiento Josemaría.

El recorrido del agua: un desafío

Pero el trayecto que deberá recorrer el agua desalinizada hasta llegar a Josemaría implica varios desafíos. Por empezar, desde la planta desaladora de Candelaria hasta la mina Caserones –ubicada también en Chile y propiedad de la canadiense Lundin- hay unos 160 kilómetros. Desde allí, restan otros 25 kilómetros hasta el yacimiento Josemaría, ya en territorio argentino.

Pero si la distancia es un reto, también lo es la elevación: la planta de Candelaria está a 650 metros sobre el nivel del mar (msnm), mientras que el campamento de Caserones se encuentra a 2.200 msnm, y sus faenas, entre 3.900 y 4.600 msnm. Josemaría, por su parte, está a unos 4.230 msnm. Esto implicaría un bombeo constante en condiciones extremas de altura, lo que incrementa notablemente los costos energéticos y técnicos del proyecto.

Las dificultades del lado chileno

Pero un gran desafío que enfrenta el proyecto es la obtención de permisos de “servidumbres” en territorio chileno. Para el transporte del agua desde la costa hasta la mina chilena Caserones, será necesario negociar con múltiples propietarios privados cuyos terrenos serán necesario atravesar, lo cual puede convertirse en un proceso largo y complejo.

Además, el hecho de que el agua se destine a un proyecto ubicado en Argentina plantea el interrogante sobre la aceptación política y social del lado chileno, sobre todo al considerar que la salmuera resultante del proceso de desalinización quedará en el mar de las costas de Chile, mientras que el recurso dulce será utilizado en Argentina, en el proyecto sanjuanino.

También se debe considerar la creciente presión ambiental sobre las plantas desaladoras en Chile. Según la publicación especializada chilena BNamericas, el 85% de las 24 desaladoras operativas en el país está vinculado al sector minero, y existen más de 17 nuevas plantas en diferentes etapas de desarrollo. La preocupación por el impacto en los ecosistemas marinos -temen que al arrojar más sal al mar genere sobrepoblación de algas o medusas, entre otros problemas- está generando oposición y mayor regulación.

El marco legal y el consenso social

Antes de avanzar, Vicuña deberá obtener el aval del Protocolo Binacional Minero, que regula este tipo de proyectos transfronterizos. Este tratado permite que una operación minera ubicada en un país utilice recursos del otro, incluso el agua, siempre que las autoridades respectivas -en este caso, las hídricas- lo autoricen, según explicaron fuentes del Tratado en Argentina.

Incluso destacaron que, pese a la complejidad del proyecto, “la alternativa es considerada viable y beneficiosa para San Juan”, dado el estrés hídrico que enfrenta esta provincia. En efecto, la posibilidad de importar agua desalinizada desde el Pacífico permitiría preservar los escasos recursos hídricos locales, especialmente frente a un emprendimiento de la magnitud de Vicuña.

Las fuentes explicaron también que el gobierno de Chile, a través del Ministerio de Minería, estableció que, en un plazo de cinco años ninguna empresa minera podrá utilizar agua continental en sus operaciones. Esto significa que todas deberán abastecerse exclusivamente con agua de mar desalinizada en Chile, lo que podría alinear los intereses de Lundin en ambos lados de la frontera y facilitar la inversión en infraestructura compartida.

Pero claro, habrá que ver qué piensan los chilenos de utilizar en Argentina el agua del Pacífico, teniendo en cuenta que en Chile el 70% de la población están bajo estrés hídrico, según un informe del Senado de ese país

Tiempo de San Juan