San Juan: Pese a la negativa de los referentes de Vicuña y Los Azules, el Gobierno seguirá con la Ley de Proveedores
- 5 de marzo, 2026
Desde el Gobierno confirmaron la fecha de presentación del proyecto en la Cámara de Diputados.
En el marco de la PDAC, Ron Hochstein, CEO de Vicuña; y Rob McEwen, presidente de McEwen Copper, la empresa que desarrolla el proyecto Los Azules, se refirieron a la posibilidad de que San Juan apruebe una Ley de Proveedores y ambos optaron por la negativa. En este sentido, desde el Gobierno confirmaron la fecha de presentación del proyecto en la Cámara de Diputados.
El Gobierno de San Juan confirmó que continuará el curso de la Ley de Proveedores Mineros. Esta afirmación se da después de las declaraciones de Ron Hochstein, CEO de Vicuña; y Rob McEwen, presidente de McEwen Copper, la empresa que desarrolla el proyecto Los Azules; en las que se mostraron en contra de una normativa que regule a las empresas y sus proveedores. Es más, hasta dieron a conocer que presentarán el proyecto de ley en la Cámara de Diputados en el reinicio de las sesiones ordinarias.
El ministro de Producción, Trabajo e Innovación de la provincia, Gustavo Fernández, dijo a Tiempo de San Juan que desde el Gobierno “siguen adelante con el proyecto”. En este sentido, el titular de la cartera explicó que, según su perspectiva, en sus declaraciones, Hochstein quiso decir que Vicuña no necesita ninguna ley para la contratación de empresas locales, sino que esto se “dará de hecho”.
El ministro aclaró que, en la mesa donde generaron el proyecto de ley, estuvieron presentes abogados de Vicuña. Cabe recordar que, en noviembre pasado, el Ministerio de Minería, junto con Producción, se reunió con proveedores mineros con el objetivo de darle forma a esta legislación.
De esta manera, Fernández aclaró que la legislación no impone cupos de proveedores y empleos locales a las empresas, sino que solicita planes de desarrollo, mide esos planes y exige cumplir objetivos.
Las declaraciones de los referentes de Vicuña y de McEwen Copper
En el marco de la PDAC 2026, la feria minera más importante del mundo que se desarrolla en Toronto, dos de los principales referentes de proyectos de cobre en San Juan dejaron una señal clara respecto al debate por una eventual Ley de Proveedores Mineros. Tanto Ron Hochstein (quien habló con Diario de Cuyo), CEO de Vicuña, como Rob McEwen, titular de McEwen Copper, de Los Azules (quien conversó con Diario Huarpe), coincidieron en rechazar la idea de establecer por norma la obligación de contratar empresas locales.
Desde Canadá, los ejecutivos plantearon que imponer cupos o exigencias legales podría enviar señales negativas a los mercados internacionales y afectar la competitividad de los proyectos. En un contexto en el que San Juan busca atraer inversiones multimillonarias para el desarrollo del cobre, sostuvieron que la participación de proveedores sanjuaninos debe surgir de la capacidad técnica, la eficiencia y la competitividad, más que de una protección regulatoria.
No obstante, ambos remarcaron que el desarrollo local es clave para la sustentabilidad social de la minería. En ese sentido, destacaron la necesidad de trabajar en la formación y el fortalecimiento de empresas y mano de obra de la provincia, pero dentro de un esquema de mercado abierto y de crecimiento progresivo.
Es en este contexto que Fernández aclaró la situación del cupo, y aseguró que el esquema es progresivo y sobre la base de objetivos, y no de cupos.
El proyecto de ley
El proyecto de ley, compuesto por 23 artículos, busca diferenciarse de modelos rígidos aplicados en otras provincias. En lugar de establecer cupos obligatorios, propone un esquema basado en consensos, donde cada operadora minera deberá presentar un Plan de Desarrollo de Empleo y un Plan de Desarrollo de Proveedores, detallando cómo y en qué plazos cumplirá las metas ya planteadas.
El punto más sensible está en la evaluación de esos compromisos. El Gobierno analiza implementar incentivos, que podrían traducirse en beneficios fiscales para las empresas que alcancen los objetivos asumidos en sus propios planes. El texto evita hablar de “castigos”, pero contempla sanciones en caso de incumplimiento de lo prometido, con instancias para justificar demoras.
La discusión que hoy frena la norma pasa por definir si habrá un piso mínimo obligatorio para todas las operadoras o si el único parámetro de control será lo que cada empresa haya comprometido formalmente.
Entre los artículos con mayor consenso figura la creación de un Registro de Proveedores Mineros, cuya inscripción será obligatoria para participar en licitaciones y otorgará prioridad a las firmas locales registradas
Tiempo de San Juan