El 16 de febrero, la provincia de San Juan aprobó la ley que prevé un régimen de promoción y fomento de la actividad minera, compuesto de incentivos retornables de los pagos de impuestos nacionales y exenciones totales de impuestos provinciales aplicables a la etapa de exploración de los proyectos con potencial geológico minero. Para las etapas subsiguientes, y hasta la entrada en producción, las exenciones serán parciales.
Mediante la ley 1723M, el objetivo de la provincia es atraer inversiones que impulsen el empleo genuino y movilicen la economía local a través de la cadena de proveedores mineros. A partir de este nuevo esquema se busca brindar a la provincia un atractivo mayor para los inversores por sobre el resto de las jurisdicciones. También la provincia ha visualizado la proyección de la puesta en marcha de nuevos emprendimientos productivos en términos de la generación de empleo y proveedores locales con el inicio de la producción que sólo ocurrirá si la exploración es exitosa y ese es el mayor desafío de San Juan con la experiencia productiva minera ya conocida, además de reconocer que en la exploración la participación trabajadores y proveedores locales es significativa.
La concreción de esta ley es un importante logro para el sector, que fue posible gracias al compromiso del Gobierno de San Juan con el posicionamiento de la minería como política de Estado. También debe destacarse el rol del Grupo de Empresas Exploradoras de la República Argentina (GEMERA) con una participación muy activa en las contribuciones técnicas para lograr un marco adecuado.
Por otra parte, a través de la Ley 1722M, se establece la creación del Fondo Provincial de Incentivos a Emprendedores Mineros, el cual se conformará como un fideicomiso. El mismo tendrá por objeto realizar inversiones en actividades emprendedoras mineras.
Desde CAEM celebramos estas decisiones, que apuntalan a la provincia como un atractivo destino minero a nivel mundial y contribuyen al desarrollo de nuevos emprendimientos.
