Reforma a la Ley de Glaciares: ¿Se aprueba en extraordinarias?
- 24 de febrero, 2026
En las sesiones extraordinarias del Senado, la reforma de la Ley de Glaciares es una de las iniciativas que el oficialismo busca aprobar.
El proyecto es impulsado también por interés de los gobernadores de las mesas del cobre y el litio, integradas por San Juan, Mendoza, Catamarca, Salta y Jujuy.
Sancionada en 2010, la Ley N°26.639 establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y el ambiente periglacial como reserva estratégica de agua. Plantea la creación del Inventario Nacional de Glaciares y prohíbe varias actividades, particularmente la minería e hidrocarburos.
Es una legislación pionera y única en el mundo, pero a la vez con inconsistencias, que estuvo sujeta a fuertes controversias bajo gobiernos de todos los signos políticos.
La Cordillera es una zona rica tanto en yacimientos de minerales como en glaciares.
Pero la dicotomía glaciares o minería se aleja bastante de la realidad: de los más de 300 proyectos mineros en distintas etapas en el país, son menos de diez los que hoy están en tensión con áreas periglaciares.
El debate no es ajeno al contexto global: la transición energética demanda más cobre y litio a nivel mundial.
Las reservas argentinas de estos minerales son importantes, pero la explotación del primero es aún incipiente. La expectativa del gobierno es clara: sumado al RIGI, una reforma de la Ley de Glaciares busca aumentar el caudal de exportaciones.
Los proyectos en tensión son mayormente de cobre y se ubican en zonas de alta montaña, al lindar o superponerse con áreas periglaciares.
San Juan concentra la mayor cantidad de iniciativas. El Pachón, operado por Glencore, es uno de los yacimientos de cobre más importantes del país.
Los Azules, de McEwen Copper, y Vicuña, de BHP y Lundin Mining, también están ubicados en zonas cercanas y podrían ampliar sus áreas operativas con un cambio normativo. Los tres proyectos mencionados fueron presentados para adherir al RIGI.
En el borde norte de la provincia se suma el proyecto de extracción de cobre, oro y plata Josemaría, eje de conflictos judiciales hace años.
En Catamarca, el proyecto MARA (Agua Rica), también vinculado a Glencore, es otro de los casos emblemáticos. Se trata de un emprendimiento de cobre y otros minerales que generaría recursos extraordinarios para la provincia. Promete una inversión millonaria y también busca su adhesión al RIGI, al igual que Taca Taca, impulsado por First Quantum en Salta.
Los especialistas reconocen que en la actual legislación la definición normativa de ambiente periglacial es considerada “vaga” y una fuente de “inseguridad jurídica”. Lo mismo señalan sectores empresarios. Dicha categoría incluye como áreas a proteger por su valor hídrico a zonas de alta montaña, suelos congelados o semicongelados que no tienen la apariencia clásica de un glaciar como un gran bloque de hielo.
Por otro lado, la reforma plantea que deben ser las provincias las que tomen esa decisión, por ser las propietarias constitucionales de los recursos, y porque su cercanía a los yacimientos podría hacer que cuenten con mejor información.
En resumen, no es un poryecto de ley para temer, porque con las modificaciones será Catamarca quien decida su futuro
El Esquiú