Preocupa en Argentina el posible cambio en la Ley de Glaciares

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La intención del Gobierno argentino de reformar la Ley de Glaciares puso en alerta a movimientos que se oponen a la gran minería en zonas que albergan inmensas reservas de agua dulce, dijeron a Sputnik el autor de la norma y un activista.

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Karinna Paz "El presidente Mauricio Macri quiere reformar la ley para destruirla, para que sea inexistente y no haya controles", dijo el escritor y periodista Miguel Bonasso, exdiputado y autor de la Ley de Glaciares. La norma "establece claramente que no puede haber actividad industrial minera o industrial sobre los glaciares o sobre las áreas periglaciares, donde nacen los ríos de montaña", explicó el exlegislador. En una reunión el 14 de noviembre con representantes de varias corporaciones mineras y con el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, Marcelo Álvarez, Macri se comprometió a flexibilizar la ley a fin de que se puedan desarrollar explotaciones mineras en la zona de la Cordillera de los Andes (oeste) donde los glaciares fabrican inmensas reservas hídricas. "Si hay una actitud más suave, más laxa respecto del control de estos intereses mineros, vamos a correr peligro", advirtió Bonasso. En juego hay unos 40 proyectos de explotación en los márgenes de los ríos, sin contar los que ya están en activo. La corporación de origen canadiense Barrick Gold extrae desde 2005 oro y plata a cielo abierto en la mina Veladero de la provincia de San Juan (oeste), pese a que entre 2015 y 2017 produjo tres derrames de agua con cianuro. Falso desarrollo La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, exige también un inventario de los bloques de hielo existentes en el país, exigencia que nunca se cumplió. "El ministro de Ambiente (Sergio Bergman) dice que lo tendrá listo para el año que viene, pero no le creo, porque el inventario en realidad debería haberse realizado hasta 90 días después de promulgada la ley", objetó Bonasso. El escritor destacó "la persecución personal y marginación" que sufrió durante el proceso de la redacción de la ley, dado que "meterse con Barrick Gold no es fácil". Bonasso objetó el desarrollo que generan las explotaciones mineras en las localidades en las que se instalan. "Generan al principio algunos empleos directos e indirectos durante la planeación y la instalación del proyecto, pero cuando se regulariza la producción, van decreciendo por razones tecnológicas, hasta que cierra la mina y deja un destrozo espantoso con depósitos de agua cianurada", resumió. 1.400 kilómetros para proteger la ley Once vecinos de la localidad sanjuanina de Jáchal, la población más afectada por los últimos derrames de Barrick Gold, llegó a Buenos Aires tras recorrer durante ocho días 1.400 kilómetros en bicicleta. Preocupados por la intención del Gobierno de cambiar la Ley de Glaciares, los activistas organizaron la travesía y solicitaron una audiencia con el presidente, que fue denegada. En cambio, fueron recibidos este 28 de febrero por el presidente de la Comisión Episcopal Argentina. Solo en la cuenca del río Jáchal, en las faldas de la Cordillera de los Andes, "tienen la proyección de instalar 19 proyectos megamineros", dijo a Sputnik uno de los integrantes de la Asamblea Jáchal No Se Toca que formó parte de la expedición, Saúl Zeballos. Aunque Barrick Gold reconoció hasta el momento tres vertidos de agua con cianuro, los pobladores de Jáchal aseguran que en realidad han sido 10 entre 2015 y 2017 en la mina Veladero, situada a unos 200 kilómetros de su ciudad. El peor tuvo lugar en septiembre de 2015, cuando se rompió una válvula de una tubería y se volcaron cinco millones de litros de agua cianurada sobre la cordillera y el río Jáchal, cuyas aguas desembocan en las provincias vecinas de San Luis (oeste) y Mendoza (centro-oeste). Barrick ante la justicia La empresa fue llevada a los tribunales por los tres vertidos que reconoció. En San Juan permanece abierta la causa que investiga el derrame de 2015 y en la que han sido imputados ocho empleados de la compañía. Pero "no va a pasar nada ni contra el director ejecutivo de Barrick en Argentina, Guillermo Caló, ni contra el exgobernador de San Juan, José Luis Gioja, ni contra el exministro de Minería de San Juan, Felipe Saavedra", lamentó Zeballos. En la capital argentina hay otros dos expedientes en curso. En uno de ellos, que analiza el incumplimiento de la Ley de Glaciares, fueron imputados por el juez federal Sebastián Casanello cinco exfuncionarios del Gobierno anterior, entre otros motivos por manipular el inventario "a medida de Barrick Gold" al no contabilizar los glaciares menores a una hectárea. En un segundo caso que investiga el derrame causado por Barrick Gold en 2015, el exsecretario de Minería del Gobierno nacional, Jorge Mayoral, debió declarar ante Casanello, a la espera de que se decida su posible imputación. Mientras tanto, también ha sido cuestionado el proyecto minero binacional Pascua Lama que Barrick Gold explotaba en una zona fronteriza de Chile con Argentina. "Del lado chileno la superintendencia de Ambiente acaba de decretar el cierre definitivo de Pascua Lama por 29 infracciones graves al medio ambiente, mientras que aquí la Corte Suprema tiene una causa paralizada desde hace 10 años contra Barrick Gold cuando se cometieron los mismos delitos", denunció Zeballos. En el territorio argentino existen hasta el momento 44 proyectos mineros que se encuentran sobre cuerpos de hielo protegidos por la ley, de acuerdo a un informe técnico del Ministerio de Ambiente.

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