En un contexto económico donde el Gobierno Nacional no halla la forma de fijar la cotización del dólar, uno de los sectores más golpeados se integra de sociedades que contratan con la administración pública a través de diversos procedimientos licitatorios: la exigencia de cotizar productos importados en pesos argentinos, debiendo mantener su propuesta en un plazo de 60 días, imposible para los tiempos que corren.
Por Yamila Fernández
Como es de público conocimiento, la devaluación de la moneda estadounidense y sus constantes fluctuaciones iniciadas a mediados de diciembre de 2017, hace estragos en las contrataciones públicos-privados. Supongamos una empresa que cotizó el 1 de Mayo de 2018 sus productos con un dólar a $ 21,45 pesos, finalizada la etapa de adjudicación la misma propuesta económica el 2 de Julio posee un nuevo importe por encontrarse el dólar a $ 28,80 (valores históricos según Bco. Nación), o sea un 34,26% más cara que en sus orígenes.
Las empresas constructoras a través del Decreto 691/16 sobre Régimen de Redeterminaciones de Precios de contratos de Obras Públicas, superarían el problema de la inflación a través de los índices publicados por el INDEC, IPC u otros. Aquí, la ruptura del equilibrio económico financiero se subsana por valores compensatorios provenientes de las variaciones de los insumos, siempre que reflejen un aumento promedio en sus precios superior al 5%.
Ahora bien, las empresas cuyo objeto contractual es suministrar al Estado de productos, se encuentran reglamentados por el Decreto 1030/16 que no aporta un manto de solución, ya que su Artículo 96 admite la renegociación sólo de aquellos contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios. Entendemos que la mayoría de las contrataciones donde se propicie la entrega de bienes, la misma es pactada bajo una sola entrega, por lo cual quedan así excluidos del beneficio de readecuar sus precios por mayores costos, la mayoría de las empresas. En otras palabras, el Decreto 1030/16 prevé un sistema engañoso de adecuación de precios ya que no incorpora los supuestos de cumplimiento instantáneo, que como se puede ver sufren las mismas pérdidas que un proveedor con un contrato de cumplimiento sucesivo.
Muchas reparticiones estatales ya se encuentran receptando esta contingencia y proponiendo a los oferentes que coticen sus productos en dólares; en aquellos casos en que la cotización se hiciere en moneda extranjera y el pago en moneda nacional, se tendrá en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al momento de liberar la orden de pago, o bien, al momento de la acreditación bancaria correspondiente.
El problema surge de aquellas reparticiones que rechazan en forma rotunda la renegociación con sus proveedores, generando que estos deban soportar la totalidad del alza de precios por las fluctuaciones del dólar, yendo a pérdidas.
Como si esto fuera poco, habría una "bajada de línea" que surge de Presidencia de la Nación y es no renegociar estos contratos, ocasionando que las empresas coticen sus productos tomando un "dólar futuro", empujadas por el mismísimo Estado a falsear los datos de las propuestas económicas.
Hoy pisa fuerte el dólar ROFEX, que de incorporarse como instituto en los pliegos de bases y condiciones particulares, hablaríamos de un nuevo sistema de compras y contrataciones superador al modelo actual, siempre y cuando no se opte por la opción de dolarizar las licitaciones, magnífica solución por su excelencia y simplicidad.
Por Yamila Fernández
Abogada
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