Mientras el Gobierno nacional, acorde con las exigencias del FMI, limita los subsidios que reciben los productores de gas de Vaca Muerta -y desata un conflicto legal con empresas como Techint que consideran afectados sus derechos adquiridos-, mucho más lejos de batallar por estímulos para la inversión, el sector minero suspende definiciones hasta después de las elecciones.
El regreso de las retenciones en septiembre pasado, en un contexto inflacionario y con un nivel de riesgo país que imposibilita las inversiones de largo plazo, más la postergación de debates de leyes ambientales en algunas provincias por la agenda electoral, hace inalcanzable el desarrollo de los grandes proyectos metalíferos que al igual que Vaca Muerta podrían generar un aporte importante en la balanza comercial, revertir el déficit fiscal y dinamizar economías regionales.
Como atenuantes, el Ministerio de Producción y Trabajo firmó resoluciones que apuntan a agilizar trámites para el acceso a los beneficiarios de la Ley 24.196 de inversiones mineras. De todos modos, en el sector no esperan poner en marcha nuevos proyectos al menos antes de octubre.
"Todavía a la minería argentina le falta una maduración mayor para llegar a los niveles de lo que puede ser el oil & gas. Tenemos la potencialidad geológica para poder equiparar niveles de inversión similares, pero no en el corto plazo", advierte a 3Días el subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Mariano Lamothe. "En lo que respecta a la balanza comercial, el impacto de los grandes proyectos mineros podría sí ser mayor porque se trata de producción destinada en un 100% a la exportación, pero en cuanto a inversiones anuales no se comparan con Vaca Muerta", amplía.
En referencia al año electoral, Lamothe señala que "es cierto que muchas definiciones se ralentizan pero no veo decisiones de postergación, se sigue avanzando". A su entender, los productores de litio, por caso, no van a esperar a octubre para invertir "porque la carrera para ser proveedor mundial es ahora".
"En estos casos, los proyectos avanzan, y el financiamiento es el principal desafío", explica.
Sin embargo, la minería de litio no explica los mayores volúmenes de inversiones para el sector; de hecho la mayoría de los proyectos mineros de cobre, oro y plata de gran envergadura, que sí se pueden comparar con Vaca Muerta en cuanto al volumen de inversión inicial, ingresos por impuestos y generación de divisas, dependen en su mayoría de especificaciones que se reclaman a la Ley nacional de Glaciares y también -y aquí se empieza a fragmentar a la Argentina como país "minero" o "antiminero"-, aguardan modificaciones en leyes provinciales que prohíben la actividad.
"Por caso, en Mendoza la actividad está prohibida y tenemos un proyecto de cobre importante que generaría un cambio transnacional desde la inversión, pero también desde la generación de valor, la mano de obra y el desarrollo regional", señala a 3Días el mayor representante de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Marcelo Álvarez. "Hay que impulsar un diálogo nacional, como se da en Chile y Perú, ya que las temáticas concernientes a la minería son cada vez más complejas", define, quien además es directivo de la canadiense Barrick Gold.
A mitad de año, la decisión del ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica de designar al frente de la Secretaría de Minería nacional a Carolina Sánchez, especialista en Medio Ambiente y Recursos Naturales, revivió la esperanza del sector por generar ese mentado diálogo nacional y destrabar el debate antiminero.
Si bien en Mendoza y también en Chubut (en donde una ley local impide la concreción de una inversión inicial de u$s 921 millones de la empresa Pan American Silver Argentina en un proyecto de mina de plata), se discutieron en 2018 a nivel legislativo iniciativas para modificar o perfeccionar las normas, las definiciones quedaron congeladas en medio de la inminente agenda electoral que impone el nuevo año en todo el país.
Al respecto, el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina, Héctor Laplace, sintetiza a 3Días: "Con una inflación de más del 40% y reglas que cambian a cada rato, ningún diálogo va a captar capitales de riesgo".
Caso cuyano
Según el subsecretario de Energía y Minería de Mendoza, Emilio Guiñazú Fader, la Ley provincial 7722 fue conceptualizada para proteger el agua, pero tal como está escrita impide el desarrollo de la minería metalífera en la provincia.
"Hoy tenemos dos proyectos que perfeccionan la norma, es decir, que permiten definir las restricciones para que no quede la prohibición generalizada. No solo la Ley no pierde su espíritu, que es la protección del recurso hídrico, sino que al mismo tiempo permite el desarrollo de la minería metalífera", señala en diálogo con 3Días.
La 7722 prohíbe el uso de sustancias como el cianuro, el ácido sulfúrico y el mercurio, e impone que cada proyecto que se quiera iniciar debe presentar su declaración de impacto ambiental en la Legislatura local. "La eliminación de esta condición es fundamental", afirma el funcionario. "Un proyecto como Hierro Indio, de altísima ley que se separa por acción mecánica y magnética, es decir que no usa agua en el proceso, fue rechazado por los legisladores, algo total y absolutamente irracional", indica.
Hierro Indio, si bien apenas prevé una inversión de u$s 20 millones -lo que comparado con otros proyectos mineros es menor-, tiene el potencial de reemplazar todas las importaciones de hierro de la Argentina. Lo mismo se puede decir de San Jorge con el mineral de cobre, que también fue rechazado en el Parlamento y para el cual se prevé una inversión de u$s 600 millones. Su potencial producción reemplazaría la totalidad de las importaciones de cobre de la Argentina. Y tendría saldos exportables.
"Se avanzó en la discusión pero se metió en el medio la agenda electoral y ha quedado suspendido por lo menos por un tiempo. No obstante, quedó claro que hay un entendimiento bastante amplio en la sociedad de que la Ley puede ser perfeccionada, de que la minería es una herramienta de desarrollo muy importante para Mendoza, y que no la podemos postergar más por dogmatismo sin fundamentos. Las condiciones están dadas para que el tema se concluya cuando se retome y se vote en el recinto", estima Guiñazú Fader, quien pretende que el tratamiento se retome lo más rápido posible, porque Mendoza decidió finalmente desdoblar las elecciones de las nacionales y fijó su fecha de votación un mes antes de octubre. "Hay que alejarse del calendario electoral, porque se corre de eje la discusión, no se puede hacer campaña política con un tema que tiene que ser técnicamente fundamentado", opina.
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