Son los proyectos impulsados bajo el esquema de Participación Público Privada, que eran la única alternativa para no frenar completamente las obras públicas.
Sin inversores dispuestos a prestarle a la Argentina, el Gobierno suspendió todos los proyectos de infraestructura vial, energética, educativa y ferroviaria que pretendía financiar a través del régimen de Participación Público-Privada (PPP). La virtual clausura del mercado voluntario de deuda que expresa la disparada en el riesgo país obligó a abortar el promocionado mecanismo de financiamiento para la obra pública.
La infraestructura es el rubro del gasto más castigado por el programa de austeridad que adoptaron las autoridades para acceder al financiamiento del FMI. Los funcionarios aseguraban hasta el mes pasado que las PPP permitirían amortiguar el efecto recesivo del ajuste. El asesor presidencial Gustavo Lopetegui y el titular del Palacio de Hacienda, Nicolás Dujovne, bajaron la persiana al anunciar que la represa Portezuelo del Viento en Mendoza no será licitada bajo el esquema de financiamiento aprobado a fines de 2016 sino que se realizará bajo el esquema tradicional.
Desde el Ministerio de Hacienda aseguran que intentarán fondear algunas de las iniciativas previstas con recursos de organismos multilaterales. En la Casa Rosada aseguran que las iniciativas que ya fueron licitadas seguirán adelante pero las dificultades para conseguir financiamiento también alcanzan al primer grupo de proyectos para modernizar 2556 kilómetros de rutas que fueron adjudicados a comienzos del año.
Al marcar 787 puntos, el riesgo país alcanzó ayer su máximo nivel desde que comenzó la presidencia de Mauricio Macri. La cifra representa la sobretasa que debería pagar Argentina para financiarse en relación a un activo "libre de riesgo" como son los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
Frente al escenario de creciente vulnerabilidad financiera que experimenta Argentina, la dificultad para impulsar obra pública a través de los esquemas de PPP es doble: las empresas privadas tienen dificultades para conseguir el financiamiento que les permita poner en marcha las maquinarias y el sector público no puede colocar bonos en el mercado para cancelar los avances de obra. El gobierno de Mauricio Macri pretendía financiar 40 proyectos de infraestructura por más de 21.000 millones de dólares en las áreas de energía, minería, transporte, comunicaciones, tecnología, agua y saneamiento, vivienda, salud, justicia y educación.
El esquema de PPP fue concebido para permitir que el gobierno se asocie con empresas privadas para realizar las obras. Las compañías que ganan la licitación son quienes quedan a cargo de la gestión del proyecto: subcontratan servicios, compran insumos y, fundamentalmente, toman préstamos en el exterior.
Como quien lleva adelante todas las operaciones es un contratista privado, el Estado no tiene que registrarlo en las cuentas públicas como inversión ni como deuda. O sea, en materia contable no afecta la reducción del déficit fiscal. Asimismo, los pasivos asumidos por los privados no están obligados a respetar las exigencias que debe seguir la Administración Pública al momento de colocar deuda. La carga pública emerge a medida que avanzan las obras ya que el Estado debe emitir títulos de deuda para pagarle a los concesionarios.
"No consiguen fondos en el mercado internacional. Los proyectos nacieron condenados a muerte. No hay solo una restricción de costos sino que nadie le quiere prestar. El riesgo país refleja las altísimas tasas de interés que debería pagar Argentina pero el problema es que más allá de esos valores hoy no existen financistas dispuestos a prestarle al gobierno. No es la incertidumbre política de cara a las elecciones sino la creciente vulnerabilidad por la política económica", explicó el economista del Observatorio de la Deuda de UMET y ex subsecretario de Financiamiento, Facundo Bocco, al señalar sobre la recesión, las presiones cambiarias, la fuga de capitales y el elevado nivel de endeudamiento.
El Ancasti
