La Asociación Amigos de los Parques anticipó que presentará una acción de amparo contra esta grave maniobra. Denuncian que es un "desmantelamiento" de la APN para avanzar en los negocios turísticos. El presidente Macri modificó una ley nacional quitándole la facultad de dar concesiones.
El artículo 6 de la Ley Nacional Nº 22.351 establece que la Administración de Parques Nacionales (APN) es la encargada de autorizar o rechazar la construcción de obras o la concesión de negocios turísticos en los sitios a su cargo en todo el país, siempre y cuando no representen amenaza al ecosistema.
Mediante el decreto 368/19 el presidente Mauricio Macri le quitó ese poder a la APN y se lo entregó a la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable. La medida, desconocida hasta hoy, escondería varias irregularidades graves.
La primera es que, por tener menor jerarquía, se modificó una ley por decreto por lo que sería inconstitucional. Y lo segundo es que esta maniobra le daría luz verde al Gobierno nacional para, ahora sí, avanzar con la construcción de una Villa Turística en el Parque Nacional Iguazú.
Conocido el decreto polémico, la Fundación Amigos de los Parques anticipó que impulsará una acción de amparo para declarar inconstitucional la norma presidencial.
José Barrios, presidente de la ONG ambiental, señaló a PRIMERA EDICIÓN que "este decreto anula la autoridad que tenía la Administración de Parques Nacionales y también deja fuera de competencia a todo el personal técnico y capacitado de este organismo, como los biólogos que realizan informes sobre la viabilidad ambiental de los emprendimientos que se pretenden realizar".
"Ahora el personal de Parques Nacionales no tiene más facultades para opinar ni para advertir cuando algún emprendimiento podría dañar el medioambiente. Quedaron fuera de juego", sostuvo.
"Los técnicos y los investigadores eran las personas que advirtieron que la Villa Turística podría causar un impacto grave en Iguazú, ahora los sacan del medio", dijo. Para el dirigente ambiental, queda claro que "ahora no se puede detener cualquier emprendimiento que quieran hacer. La única opción que nos queda es presentar una acción de amparo que lo vamos a hacer con los abogados".
Para José Barrios, este decreto es un claro "desmantelamiento de la Administración de Parques Nacionales para avanzar con los negociados. Queda claro que ya está todo arreglado con inversores extranjeros".
"Es lamentable que mediante un decreto se modifique una ley y se le quiten funciones a un organismo que fue creado justamente para cuidar el medioambiente y las áreas protegidas. Estamos viendo que los negocios pesan más", se lamentó.
El decreto polémico
El decreto 368/19 fue firmado el pasado 22 de mayo y era desconocido hasta esta publicación. Hace referencia, supuestamente, al "Plan de Modernización del Estado" y la "simplificación" para el funcionamiento del Sector Público Nacional.
Sostiene que la finalidad "es la desconcentración en la toma de decisiones" y que ello permitirá "brindar mayor celeridad a los trámites que están en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional".
Agrega el decreto que la APN "como autoridad de aplicación de la Ley Nº 22.351 y sus modificatorias" desempeña un rol fundamental y preponderante en la política nacional de conservación y mantenimiento de la diversidad biológica, del patrimonio natural y cultural, y de las bellezas paisajísticas y escénicas más representativas" del país.
Sin embargo, se argumenta que el Ejecutivo nacional ya venía realizando una tarea inherente a la infraestructura "destinada a la atención del visitante de los Parques Nacionales" y por eso "resulta razonable, oportuno y conveniente, desde el referido punto de vista organizacional, y teniendo en cuenta el principio de especialidad, asignar las competencias que surgen del artículo 6° de la Ley N° 22.351 y sus modificatorias a la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Secretaría General de la Presidencia o al órgano que en el futuro la reemplace".
La Villa Turística
Desde principio de año el Gobierno nacional pretende crear una Villa Turística con restaurantes, hoteles y comercios dentro del parque, lo que generó un fuerte rechazo en la comunidad local por el impacto ambiental que generaría. Debido a las protestas, los funcionarios de Cambiemos dijeron que la medida estaba suspendida, pero con este decreto se sospecha que están allanando el camino para avanzar.
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