Minería y glaciares: repercusiones en San Juan ante un decreto que puede redefinir su futuro

Mientras los glaciares retroceden, el mapa normativo respecto a estas reservas de agua también trae novedades. Las primeras reacciones en San Juan.

Por Elizabeth Pérez

En pleno 2025 -declarado por Naciones Unidas como el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares- el gobierno nacional anunció que avanza con un decreto que permitiría reducir las áreas protegidas por la Ley de Glaciares. La medida despierta expectativa en sectores mineros, pero las repercusiones esta mañana en San Juan fueron de cautela.

Es que el gobierno nacional anunció que prepara un decreto que modificaría aspectos clave de la Ley de Glaciares (26.639), con el objetivo de habilitar nuevas zonas para la actividad minera, hidrocarburíferas y de infraestructura en territorios que hoy están protegidos por razones ambientales.

El texto, que aún no fue difundido oficialmente, propone redefinir o acotar el concepto de “ambiente periglacial” y “humedales”, para permitir la actividad industrial, minera o petrolífera. Pero también se anunció que busca otorgar mayor autonomía a las provincias para decidir sobre sus recursos, un viejo reclamo de los sectores productivos.

San Juan, entre la cautela y el interés

En San Juan, donde se concentran 825 glaciares que ocupan más de 98 mil hectáreas, según la última actualización del IANIGLIA; las repercusiones fueron inmediatas, aunque muy precavidas. “Cautela, solo eso; no sabemos mucho del proyecto”, fue la escueta respuesta de Ricardo Martínez, presidente de la Cámara Minera de San Juan.

Lo cierto es que gran parte del futuro minero de la provincia -con megaproyectos como Pachón, Vicuña (Josemaría más Filo del Sol) y muchos otros- dependen de este tipo de ajustes legales.

El Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), promovido por el gobierno, no es suficiente si la ley sigue considerando como protegidas amplias zonas de ambiente periglacial o humedales, aseguran en el sector. “Es un reclamo no solo de la minería, sino también de la industria del gas, el petróleo y el litio”, admiten en privado varios referentes.

¿Puede un decreto cambiar una ley?

Silvio Pastore, Director del Gabinete de Estudios de Geocriología, Glaciología, Nivología y Cambio Climático se limitó a dar una advertencia legal: “No conozco el borrador del decreto por lo tanto lo único que puedo decir por ahora es que el título es una burrada, dado que un decreto no puede modificar una ley”.

Al respecto, Walberto Allende, presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación; relativizó esta afirmación. “Es verdad, tiene que ser convalidado por el Congreso, pero mientras eso ocurre, tiene vigencia”, dijo el legislador sanjuanino. El antecedente inmediato es el DNU firmado por el presidente Javier Milei en diciembre pasado, que introdujo cambios profundos en leyes laborales, comerciales y de regulación estatal. Aunque todavía no fue tratado por el Congreso, muchos de sus artículos ya se aplican en la práctica.

Allende prefirió no emitir opiniones hasta conocer el decreto, pero destacó que en San Juan un caso conocido es el de Pachón, donde existe una roca que se ha comprobado que no tiene reservas de agua, y que sin embargo ha quedado comprendida en la normativa vigente que ahora busca ser modificada.

Glaciares en retroceso: la ciencia en alerta

El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) en la última actualización del Inventario Nacional de Glaciares en enero, informó que en San Juan existen 825 glaciares en 98.343 hectáreas.

Hay una realidad alarmante: los glaciares de la región andina desértica, que incluye parte de San Juan, podrían perder más del 80% de su masa para el año 2100, debido al aumento de las temperaturas globales, según proyecciones del IANIGLA.

Incluso el glaciar de Agua Negra, ubicado en Iglesia, ya perdió un 14% de su volumen en apenas una década.

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