Mendoza/Una cuestión de equilibrio: ¿Es posible modificar la Ley 7722?, por Aldo Rodríguez Salas

El planteo cobra interés por la tensión y el resquemor que existe entre quienes consideran a esta ley guardiana del agua y quienes la ven como una barrera para el desarrollo provincial.

 

Ante expresiones inequívocas del Gobierno de avanzar con la minería metalífera, resulta oportuno plantearse si es posible modificar la Ley 7722. Este planteo cobra interés por la tensión y el resquemor que existe entre quienes consideran a esa ley guardiana del agua de Mendoza, y quienes la ven como una barrera para el desarrollo provincial. Debe admitirse que ambos sectores defienden derechos constitucionales de mucho peso: la protección del ambiente y la promoción del desarrollo. Lo ideal sería armonizar estos intereses en conflicto, pero esto no está exento de un gran esfuerzo.

Para este examen, propongo recurrir a la balanza de la Justicia, que en este caso representa la relación equilibrada entre la confianza social con el fin de protección del agua y las medidas eficaces que la amparan. Respecto a la confianza social, hay que tener presente que la Ley 7722 no es una ley cualquiera. Un dato irrefutable es que, tanto en su origen como en su reposición, medió un enorme apoyo social. Ese apoyo no fue traccionado por líderes partidarios ni de ningún tipo, sino que respondió a una reacción sociocultural en torno al cuidado del agua. En ese contexto, la decisión del gobernador recién electo y de los partidos oficialistas y de la oposición que la modificaron, revisaron su decisión y la restablecieron. Esto fue correcto, ya que la paz social es un pilar del Estado de Derecho.

A partir de esto, se identifica que es el otro platillo el que debe mantener el equilibrio y que, actualmente, lo logra con las medidas de prohibición del uso de determinadas sustancias en la minería metalífera y la aprobación legislativa de la autorización ambiental.

El desafío, entonces, es reemplazar esas medidas por otras sin alterar esa relación de equilibrio. Para comprobar si este instrumento funciona, veamos el intento malogrado de reforma del año 2019.

En efecto, la efímera Ley 9209 levantó la prohibición del uso del ácido sulfúrico y del cianuro en la actividad minera metalífera. También, eliminó la aprobación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental. Para compensar ese desbalance, estableció un conjunto de medidas; su análisis permitirá encontrar algunas respuestas.

Una vista simplificada de esas medidas, indica que se recurrió a aquellas que son obligatorias en todas las actividades de alto impacto, como son el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, la audiencia pública, el seguro ambiental, entre otras,  que no suman nada a la especial protección que otorga la ley 7722. Es necesario indagar las medidas diferenciales, capaces de lograr la confianza social indispensable.

Entonces, ampliando el espacio del análisis, se advierte que introdujo algunas medidas de control estatal y de autocontrol a cargo de las empresas, pero en forma genérica, sujetas a una futura reglamentación. Por ejemplo, el art. 4 de la ley modificatoria creaba la Policía Ambiental de Actividades Extractivas, pero resulta que la Ley 7722 ya había creado la Policía Ambiental Minera, y como se desconocía (y se desconoce) su conformación y sus recursos, ninguna eficacia podía esperarse de un mero cambio de nombre. Lo mismo se puede decir con la participación ciudadana en el control ambiental de las actividades mineras. Todo estaba por verse en la reglamentación.

El resultado del análisis indica que, a pesar de los numerosos enunciados, no se estableció ninguna medida o conjunto de medidas con suficiente peso para lograr el equilibrio que se había alterado. Las medidas eran insuficientes o ineficaces. La reacción social que llevó a su derogación advirtió que, entre tantas modificaciones normativas, simplemente se ocultaba un retroceso en el nivel de protección.

Hay algo para rescatar del intento de modificación: el fin de protección era análogo al de la Ley 7722, por lo que el problema del balance recae en torno a las medidas de control y su eficacia. Si los interesados en modificarla se tomaran en serio ese fin, deberían pensar en un conjunto de normas que se conjugarían con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Estas, entre muchas otras, pueden consistir en rediseñar la autoridad de control, dotándola de independencia y atribuciones, estableciendo procesos de selección y capacitación de su personal, imponiendo responsabilidades especiales por incumplimiento. También se podrían establecer severas multas y otras sanciones para los infractores, introducirla asistencia técnico-científica de universidades y centros de investigación, todo ello con recursos suficientes. Y si miramos a Chile, que los interesados toman como modelo, crear juzgados ambientales; y si miramos a Perú, organizar el monitoreo y vigilancia ambiental participativa en forma cierta y efectiva.

Agrego una medida temporal que creo imprescindible: el levantamiento de la prohibición debe estar condicionado a la operatividad de las nuevas medidas. Esta condición apunta a revertir el manto de descreimiento que tiñe el control sobre esta actividad.

Respecto de la aprobación legislativa de la autorización ambiental, no encuentro medida política de peso equivalente para sustituirla. Si se tiene en consideración la enorme validez social de la que goza la Ley 7722, únicamente el legislador democrático puede convalidar esa autorización.

Paralelamente, se debe realizar un proceso de información y consulta pública sobre las modificaciones proyectadas, que permitirá comprobar si la confianza pública está satisfecha. No sé si la ansiedad de los promotores les permitirá actuar de forma razonable o continuarán por el camino subrepticio que se ha iniciado. Lo que presumo es que, tarde o temprano, la sociedad no les dará concesiones sin costo político.

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