Mendoza: Un ni fu ni fa para la minería, pero una "masa madre" para la política

La ley 7.722 fue sancionada en junio del 2007. Se publicó en el Boletín Oficial de aquel año y fue el momento que marcó el inicio de la batalla legal del sector minero contra la norma en sí

 

Por: Marcelo Torrez

@MarceloTorrez

Pero, más precisamente, apuntando a dos aspectos centrales que impidieron el desarrollo de la minería en los casi tres lustros transcurridos: uno hacia el artículo 1, aquel que enumeró las sustancias prohibidas en la explotación minera (cianuro, mercurio, el ácido sulfúrico “y otras sustancias tóxicas similares”) y otro dirigido hacia el artículo 3, que obliga a que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de todo proyecto minero metalífero en sus fases de cateo, prospección, exploración, explotación o industrialización tiene que ser ratificada por ley.

La ley es, extendida y popularmente, conocida como la Ley Antiminera de Mendoza y su fama tiene trascendencia nacional. El ambientalismo se refiere a ella como “la guardiana de agua de Mendoza” y su defensa y custodia ha sido asumida como el alma, el corazón y vida de una lucha que se mantiene por años y que se renueva, cada tanto, con la misma pasión de los inicios; de aquellos en los que, con actitud nostálgica mezclada con toques épicos, se logró su aprobación y sanción en medio de actos de teatralización y dramatismo pocas veces vistos por parte de los principales referentes políticos de la provincia.

El reciente fallo de la Corte de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional una parte del artículo, aquella en la que indeterminadamente habla de “otras sustancias similares”, ha avivado las brasas siempre vivas que hacen latir la norma, aunque las cenizas las cubran y hagan creer, equívocamente, que el mundo se olvidó de ella.

El fallo ha servido, entonces, para que, en medio de la campaña electoral, las fuerzas políticas que sostienen su relato y mensaje sobre la base del cuidado del medioambiente y del agua, hayan entrado en ese estadio de exaltación y de excitación que les permite elaborar un relato apocalíptico y siempre, claro está, conspiranoide de inicio a fin. Así como el gobierno de Alberto Fernández cree haber hallado en ese plan de congelamiento de precios la única tabla de salvación posible frente a las elecciones del domingo 14; el fallo de la Corte ha sido tomado como “el” tema para algunas de las expresiones políticas que pugnan por el tercer espacio en la provincia, justo en el tramo final de la campaña.

En verdad, el fallo no es más que la nada misma para el sector minero. Desde allí algunos entienden, los que prefieren ver el vaso medio lleno más que el medio vacío, que hay un avance en la posición que vienen defendiendo y por la que vienen militando. Ni siquiera el grupo que está detrás del proyecto San Jorge, la empresa suiza Solway, y quien ha batallado en la Justicia para que se declare inconstitucional la norma, está festejando como algunos creen o pretenden ver. Para ellos, el principal problema que tiene el avance de los proyectos mineros en Mendoza, cualquiera sean ellos, tiene que ver con lo que manda el artículo 3 de la ley guardiana del agua. Ese artículo ha sido ratificado en su constitucionalidad por la Corte, como todo el resto de la norma que contiene 6 artículos más y obliga a que la autorización técnica del proyecto, la DIA, tiene que ser aprobada por ley.

El sector minero interpreta que por más estudios de alto nivel técnico que hayan pasado por los proyectos para verificar y comprobar que cumplen con los requerimientos de la 7.722, al llegar a la Legislatura se terminan politizando. Pasó, recuerdan, con San Jorge, un proyecto ajustado a esa ley y con la DIA en su poder. Según para donde corra el viento y el humor social será la suerte que tendrá cada una de las DIA que se pongan a su consideración.

El proyecto para explotar cobre y oro en Uspallata pasó por varios estados. Desde estar a punto de comenzar su explotación a pasar a foja cero. Hoy, en manos de la compañía suiza Solway Investment Group, se mantiene vivo y a la espera de mejores tiempos para el inicio de los trabajos en la zona del yacimiento. Voceros cercanos a San Jorge sostienen que se encuentran en una etapa de revisión de todo el proceso y elaborando un plan de información y comunicación del mismo que tienen previsto poner a disposición de los habitantes cercanos al yacimiento y de toda la población provincial evacuando dudas y que asegura el cumplimiento de lo que ordena la 7.722. Lo que se conoce como la búsqueda de la licencia social.

Junto con aquello, clave y básico para cualquier inversión de las mismas características, suman que los procedimientos que utilizan son los aprobados por la Unión Europea. San Jorge, agregan, ya dejó de ser el grupo ruso para ser uno de origen europeo. Sutilezas que se tendrán en cuenta de aquí en más. Solway tiene inversiones en Guatemala, Ucrania, Rusia, Indonesia y Macedonia y buscan más oportunidades en la Argentina, además de San Jorge, un proyecto en sí mismo de 500 millones de dólares de inversión.

Así y todo, San Jorge, si eventualmente consigue en algún momento arrancar su explotación, una vez que en la Legislatura se le haya dado el aval a la DIA, parte del emprendimiento quedará sin procesar ni mucho menos industrializar porque, por sus características, en alguna parte del yacimiento, no en todo, para extraer el cobre requiere del proceso de lixiviación, prohibido por la 7.722 por las sustancias que se utilizan en él para separar el mineral. Para la mayor parte, sin embargo, se aplicará el sistema de flotación para el cual se utilizaría el xantato, un detergente que produce las burbujas que se necesitan para hacer la separación

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