Son muchos los ejemplos en la historia de la democracia argentina y de Mendoza, desde el regreso al estado constitucional, que bien pueden encajar en entender y no entender cómo debe actuar un político en campaña
Por Daniel Gallardo Periodista de El Ciudadano
El manual del político en campaña trata de cumplir rigurosa y estratégicamente, siempre y solo siempre, en beneficio del candidato a su partido. Hacer lo contrario es no saber del oficio y ser un irresponsable suicida político.
Son muchos los ejemplos en la historia de la democracia argentina y de Mendoza, desde el regreso al estado constitucional, que bien pueden encajar en entender y no entender cómo debe actuar un político en campaña.
Quemar el ataúd con las siglas de la UCR en el cierre de la campaña presidencial de 1983, por parte de un ya olvidado Herminio Iglesias, fue el punto de mayor irresponsabilidad e ignorancia en el que no debería incurrir un dirigente. Eso acarreó mayor costo de pérdida electoral al PJ ante un avasallante Raúl Ricardo Alfonsín.
Décadas más tarde, en este Estado provincial cuyano, un candidato justicialista que para políticos y encuestadores perdía ?salvo para Santiago Alé? ante el seguro triunfador de la coalición de radicales y kirchneristas (César Biffi), revirtió la tendencia y ganó la elección en forma espectacular.
Celso Jaque ?de él se trató? armó un spot publicitario del mapa de delito y cómo combatirlo. Si bien a la postre fue una gran mentira, el político se impuso contra todo pronóstico demostrando ante sus pares cómo se juega en política, más allá que eso no sea a favor del común de la gente que lo votó con la esperanza de revertir el lado más duro de su existencia ciudadana, la inseguridad.
Por estos días, y en el fragor de la recta final a las PASO del próximo 9 de junio, un comentario al oído de un periodista hecho por un funcionario provincial, sobre que estaría en agenda del candidato a gobernador de Cambiemos modificar la Ley 7.722, habría encendido las alarmas de un importante sector de mendocinos, siempre alertas de que el instrumento legal que prohíbe la utilización de elementos químicos en la explotación minera metalífera sea alterado.
Cuando se habla de sector, ya no se puede encasillar a cuestiones ambientalistas. Ha quedado sobradamente demostrado que poblaciones enteras de los oasis productivos de la provincia son férreos defensores de la ley.
Así fue cuando fueron tratados en audiencias públicas los proyectos de ley de los senadores justicialistas Juan Antonio Agülles y Alejandro Abraham. Allí, vecinos, productores, comerciantes, asambleas por el agua, científicos, universitarios y hasta dirigentes políticos volcaron argumentos sólidos para no tocar a la 7.722, que tiene rango constitucional por fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.
Por todo eso y volviendo a lo de saber jugar en el tablero electoral de la política, cabe preguntar a quién se le ocurriría proponer modificar el espinoso tema en un tiempo donde hay que tratar de aglutinar todos los consensos posibles ante el exigente electorado mendocino. Y si se aborda, ¿a quién beneficia?
La ley 7.722 divide profundamente al habitante de la provincia. En ese sentido, el gran porcentaje de los que no están de acuerdo en que se modifique proviene del común de la gente, quedando al descubierto el insistente interés de empresarios, ciertos funcionarios y las lógicas expectativas de los trabajadores mineros, que la ley sea acondicionada. En una palabra, erradicada.
El comentario de que el instrumento jurídico estaría en la agenda del candidato a gobernador produjo la inmediata reacción de sectores productivos del Valle de Uco. A través de la Sociedad Rural salieron a expresar que "en Mendoza no hay que cambiar la matriz productiva, hay que cambiar la matriz política". Por eso estamos en permanente movilización ante cualquier movimiento de tocar la ley que garantiza que no contaminen el agua en la cabecera de las cuencas hídricas. Porque sumarle un problema más a la producción primaria de la provincia con el agua, que ya los tiene por falta de precios, presión impositiva y posición dominante de la industria, sería declararle la guerra".
Es de imaginar que, por algo que no se conoce y podría congregar muchos votos, es que se intenta en forma frontal trastocar la 7.722. Lo contrario demostraría la torcida verborragia de quien no sabe jugar en política y que podría perjudicar un proyecto y sus candidatos.
Un punto, además, que pondría a los dirigentes de Protectora Fuerza Política, como habilidosos a la hora de sacar importantes ventajas sobre el tema en cuestión, ya que algunos días atrás dejaron en claro la defensa irrestricta a la ley antiminería, independientemente de que después se muestre otra realidad, como viene ocurriendo desde que la ley entró en vigencia.
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