Mendoza: Qué se debe hacer con la 7.722 para que Malargüe pueda tener minería

El gobernador Rodolfo Suarez le había cerrado la puerta a la minería, pero ayer dijo que si Malargüe busca con un proyecto de ley quedar exceptuada de la 7.722, no va a poner reparos.

 

Edu Gajardo

Después de lo ocurrido con Portezuelo del Viento y con la incertidumbre respecto a lo que puede suceder con Potasio Río Colorado, en Malargüe están decididos a avanzar con un proyecto para que se pueda exceptuar al departamento de las restricciones que existen para hacer minería en la provincia.

El intendente Juan Manuel Ojeda lo manifestó el fin de semana durante la celebración del Día de la Minería, pero además ayer el gobernador Rodolfo Suarez le dio luz verde a la posibilidad de que presenten un proyecto en la Casa de las Leyes, pero destacó que ya es una cuestión que no dependerá de su gestión.

Sobre la base de la denominada y cuestionada "licencia social", se espera avanzar con una excepción que necesariamente significa cambiar la Ley 7.722, lo que va a enfrentar directamente a los impulsores del proyecto con los grupos antimineros que no quieren que se modifique ni una coma en el texto que prohíbe el uso de sustancias como el ácido sulfúrico en la actividad.

La idea de Malargüe viene a ser similar a lo que intentó Chubut con la zonificación, la cual permitía desarrollar la actividad en una zona específica de esa provincia.

A diferencia de la ley 7.722 de Mendoza, la ley 5001 de Chubut, en uno de sus artículos dejaba abierta la posibilidad de desarrollar la industria a través de una reglamentación que estableciera una zonificación. Eso finalmente se aprobó, pero como ocurrió con la ley 9.209 en la provincia, se dió marcha atrás por las violentas protestas que incluyeron la quema de la Casa de Gobierno.

A partir de esto, no extraña que Suarez recalque que es un intento que dependa de él, porque con lo que vivió en 2019 tiene claro que independiente de la posición malargüina las protestas de los antimineros se concentrarán en Mendoza, principalmente en la Legislatura y Casa de Gobierno.

Siendo realista, no hay forma de habilitar la actividad en Malargüe sin tocar la ley 7.722, la que para muchos antimineros significa el cuidado del agua (aunque realmente y en términos fácticos no lo es) y defenderla es una cuestión que por momentos roza una fanatismo casi religioso.

Además, después de lo ocurrido en 2019, no son pocos los legisladores que estarán atentos al costo político de la decisión que puedan tomar y sin la intervención del gobierno provincial el panorama es realmente incierto.

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