Mendoza/Promesas de cobre: qué implica la exploración y cuál es el potencial

Hay tres proyectos para explorar si hay cobre en Malargüe. Qué implica en los hechos la inversión anunciada y cuándo se podrían ver los resultados.

 Diana Chiani

La Legislatura de Mendoza aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la exploración de tres proyectos de prospección y exploración de cobre en Malargüe. Se trata de El Burrero, Las Choicas y La Adriana en los que tres empresas de capitales nacionales invertirán para saber si se trata de zonas aptas para la futura explotación minera de este material. 

La porción de cordillera que Mendoza comparte con Chile entusiasma a muchos, debido a que del otro lado hoy se exportan unos 10.000 millones de dólares anuales en cobre. Además, el cobre, junto con el litio, es y será clave en la transición energética. Así, hubo anuncios con bombos y platillos de que para estas propuestas se invertirán 20 millones de dólares dentro del marco de la ley 7.722 debido a que para este paso no se requieren sustancias químicas como las que prohíbe la norma.

Sin embargo, los proyectos no tendrán un gran impacto en la economía local, dado que la exploración posee costos significativos e inversiones en logística, maquinaria, construcción de caminos y/o plataformas de perforación. Esto, además de servicios logísticos, de comida y contratación de personal especializado. Se trata, no obstante, de movimientos menores comparados con los que implican la explotación o construcción de una mina.

Cierta postergación de los beneficios más jugosos tiene varias causas. La primera está relacionada con la dinámica propia de la actividad minera, en la que de cien proyectos de exploración solo uno se convierte en mina. Así lo explicó Raúl Rodríguez, vicepresidente de la Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza (CAMEM), quien sumó que se trata de una estadística internacional del rubro.

Hay que trabajar al menos tres años para saber si la exploración dará frutos.

Es que, hay que realizar diversos análisis antes de que una exploración llegue a mina. Entre otros, es preciso estudiar la calidad del mineral, la cantidad del recurso, la ubicación dentro de la cordillera. Es decir, si está disperso, si se encuentra a mucha profundidad o más en la superficie. Todas variables que se ponen sobre la mesa para determinar si vale la pena o no continuar con los pasos siguientes que van hacia la construcción de una mina para explotar el cobre, en este caso.

El tiempo que esto demora no es uniforme y depende de la particularidad de cada proyecto. Sin embargo, desde que se comienza a explorar hasta que se concreta la explotación hay que pensar en un lapso de entre tres y cinco años. En el medio se realiza la prefactibilidad, la factibilidad y, en el caso de la construcción de la mina, lo que se llama ingeniería de detalles.

Mendoza se cayó del mapa minero

Si alguno de estos proyectos tuviera la fortuna de ver la luz y se pudiera iniciar la explotación de cobre, recién se podría concretar, según la legislación actual, si se realizara una nueva declaración de impacto ambiental que también tuviera la aprobación de la Legislatura. “La actividad está acostumbrada a la incertidumbre con relación a las pocas chances de éxito que tienen los proyectos de exploración”, subrayó Rodríguez. 

El problema, según el vicepresidente de la cámara que preside Marita Ahumada, está en las pocas probabilidades de que el proyecto prospere luego de una posible exploración exitosa. Tanto es así que este año Mendoza desapareció del listado mundial de las regiones en donde se puede realizar minería. Se trata del informe Frazer, en el que la provincia figuraba entre los últimos puestos, pero que ya no está más, debido a la combinación entre la actual macroeconomía nacional y la legislación provincial.  

La exploración minera requiere contratar maquinaria, logística y otros rubros y servicios.

Entre las objeciones que plantea la CAMEM está el hecho de que es la Legislatura la que debe avalar o no la nueva Declaración de Impacto Ambiental para explotación. Esto es porque, entre cosas, ni diputados ni senadores tendrían el conocimiento suficiente para valorar dicho informe y debido a que se trata de un cuerpo demasiado “influenciable” al clima social, político y empresarial. Situación que deja casi indefinida –más allá del tema técnico- la aprobación o no del proyecto.

Aquí, según Rodríguez, el problema principal es la ambigüedad del artículo uno de la ley 7.722 que prohíbe el uso de “sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo”.

Es en la ambigüedad de las sustancias tóxicas similares donde está el problema, debido a que las empresas deben demostrar que no usarán químicos parecidos a los mencionados. La demostración de este proceso y un posible desenlace judicial, desalienta absolutamente las inversiones mineras. Incluso Potasio Río Colorado, en donde no se precisa los mismos materiales que en las metalíferas, no tentó a ningún capital internacional y fue entregada a una compañía nacional ligada a José Luis Manzano

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