Mendoza: Malargüe, minería, tabú, ¿y después?, por Luis Abrego

La iniciativa del malargüino responde a la encerrona productiva a la que ese departamento ha sido condenado en los últimos tiempos

Nunca parece ser buen momento de encontrar alternativas para buscar acuerdos, generar desarrollo, ni intensificar los controles ambientales que sean necesarios para superar el estado actual de negación que flota entre la clase dirigente sobre la minería, rehén de eventuales puebladas

El proyecto presentado en la Legislatura por el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda (UCR), para excluir a su departamento del alcance de la ley 7.722 y con ello permitir la explotación minera metalífera, procura relanzar una discusión adormecida en Mendoza. Aunque a poco de conocerse, muchos hayan corrido a sofocarla.

Es que tras la frustrada derogación de aquella ley en diciembre de 2019 y las intensas protestas entonces registradas, Rodolfo Suarez no sólo decidió dar marcha atrás con esa iniciativa sobre la que incluso había hecho campaña, sino que además prometió que durante su gobierno el tema no se volvería a discutir. Se convirtió así -otra vez- en tabú por medio de un decreto. Y de eso, entonces, no hay que hablar.

Ahora, la iniciativa del malargüino responde a la encerrona productiva a la que ese departamento ha sido condenado en los últimos tiempos, al imponérsele restricciones que -dicen- no responden a la realidad del departamento, en el que además -juran- sí existe la polémica “licencia social” que tan arbitrariamente se ha fijado para el avance o no de la minería, pero no de otras actividades productivas e incluso también extractivas.

Una sucesión de negativas que terminó de colmar la paciencia de los sureños cuando el desinterés y las dilaciones de Alberto Fernández han casi sepultado la posibilidad del emplazamiento de Portezuelo del Viento, y con ello, el derrumbe de otra alternativa de generación de empleo para la zona.

Por ello, Ojeda y su esposa, la senadora y también radical, Jésica Laferte, decidieron avanzar con la iniciativa más con el ojo puesto en su propio territorio que en el aval que el resto del oficialismo y el propio Gobierno han expresado sobre el tema. En el Ejecutivo sostienen que si bien la idea es legítima, no es el momento para reabrir una discusión de esta envergadura. En especial por la proximidad de un año electoral.

Pero además, sostienen que el apuro de Ojeda debería haberse canalizado para concretar avances en otros tres proyectos mineros que sí Suárez promueve, que impactarán en el departamento ya que cumplen las exigencias de la 7.722 y en breve podrían dar buenas noticias: Potasio Río Colorado, donde hay tratativas avanzadas para conseguir un socio para su explotación; Hierro Indio que será explorado por la empresa estatal Emesa y Cerro Amarillo, con un potencial de cobre que deberá ser aprobado por la Legislatura.

Lo cierto es que el desmarque del Gobierno hacia el proyecto de Ojeda, no sólo lo pone en el limbo legislativo que retrasará o nunca habilitará su tratamiento, sino que vuelve a esconder (siempre por razones de oportunidad política) la discusión de fondo que Mendoza ha clausurado, casi con fervor superticioso.

Nunca parece ser buen momento de encontrar alternativas para buscar acuerdos, generar desarrollo, ni intensificar los controles ambientales que sean necesarios para superar el estado actual de negación que flota entre la clase dirigente sobre el tema, rehén de eventuales puebladas.

Una frustración contínua en la que seguramente falta escucha y docencia, pero también inteligencia y convicción para no seguir lamentándonos -año a año- el resquebrajamiento productivo, la pérdida de oportunidades y el incremento de la pobreza con sus devastadoras consecuencias sociales.

“Después…, que importa del después…”, dice el tango y lo cierto es que el futuro aparece como esquivo ante la vista gorda del presente. No busquemos en las frustraciones del mañana las explicaciones ni los debates que hoy no estamos dando.

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