Mendoza: Las peleas políticas que ya genera el pedido de Malargüe por la minería

El gobernador aún no dio la orden de que el proyecto que plantea el intendente radical Juan Manuel Ojeda se discuta en la Legislatura.

 

Legisladores de Alvear y Valle de Uco, se oponen. El peronismo quiere el compromiso de Rodolfo Suarez, que no dará marcha atrás si hay manifestaciones de rechazo.

Laura Fiochetta

Este fin de semana lo dijo en público: el intendente radical de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, prometió que en menos de 60 días, enviará a la Legislatura un proyecto para habilitar la minería en su departamento, pidiendo una excepcionalidad a la ley 7722 que la prohíbe. En el oficialismo aún no han recibido órdenes del gobernador Rodolfo Suarez de trabajar en el tema, pero el interbloque de Cambia Mendoza respalda la medida - incluido el PRO- con excepción de legisladores de San Carlos y General Alvear que son pueblos que rechazan la actividad.

El peronismo en su mayoría- menos en esos departamentos opositores- estaría dispuesto a respaldar la iniciativa pero con el compromiso de Suarez de que no haya vuelta atrás como ocurrió en diciembre de 2019 apenas empezó su mandato.

Hace varios meses que Ojeda viene hablando con Suarez de la posibilidad de pedir esta excepcionalidad a la norma. El gobernador incluso ha consultado informalmente a algunos dirigentes propios que rechazan la minería, preocupado en no repetir la misma situación que hace dos años y medio cuando distintos departamentos de Mendoza marcharon durante días para oponerse a la norma que abría las puertas a la minería, propiciada por el mismo Suarez horas después de haber asumido el mandato.

Ahora, sin la posibilidad de hacer la obra hidroeléctrica Portezuelo del Viento en un futuro próximo porque el presidente Alberto Fernández le bajó el pulgar y con las sesiones ordinarias abiertas (desde el 1 de mayo se abrió el período de tratamiento de proyectos que no son sólo del Ejecutivo), Ojeda tiene el borrador y está dispuesto a enviar la iniciativa a la Legislatura a la brevedad.

Por ahora las autoridades legislativas no tienen órdenes del gobernador de buscar consensos para tratarlo. En los pasillos de la Legislatura aseguran que Ojeda no se lanzó solo. De hecho el sábado pasado en la fiesta de la Ganadería hubo un comentario en el discurso del Gobernador a favor de diversificar la matriz productiva, aunque hoy Suarez no está encabezando una movida política para persuadir a propios y ajenos de tener la ley. Sí, como confirmó el presidente de Río Colorado, Emilio Guiñazú a MDZ radio, hará un viaje a Canadá para reimpulsar un proyecto minero.

El diputado provincial por Unión Popular- que pertenece al interbloque oficialista Cambia Mendoza-  Jorge Difonso, fue el primero quien en diálogo con MDZ, avisó que no está dispuesto a respaldar la modificación de la ley. “No hay antecedentes de excepcionalidad. Primero intentaron declarar inconstitucional la 7722 en el Poder Judicial y un fallo por unanimidad ratificó su plena constitucionalidad. Luego intentaron derogarla en la Legislatura y el pueblo obligó a retroceder. Ahora la quieren desmembrar, hoy Malargüe,¿ Mañana, será Las Heras?¿Pasado, Valle de Uco?”, sostuvo el ex intendente de San Carlos quien llegó a ese cargo en 2007 principalmente por haber levantado las banderas de “defensa del agua” pura que hoy sostiene ante un pueblo que desde el año 2004 se opone a la actividad. La misma actitud tomará el intendente radical Walter Marcolini quien conduce General Alvear. “El jefe comunal ya ha avisado que su postura es contraria a la modificación de la ley”, avisaron desde el municipio.

El oficialismo sí podrá contar con los aliados del PRO. En diálogo con MDZ, el presidente del partido en Mendoza, el diputado Alvaro Martínez aseveró: “Es muy importante tener en cuenta que en Malargüe existe consenso social. En este caso se mezcla todo lo ocurrido con Portezuelo del Viento que es muy negativo para el departamento y por lo tanto, la necesidad de dar una respuesta a un pueblo que se entiende así mismo como minero. En principio, es lógico el planteo y lo acompañaremos”.

Desde las bancadas del Frente de Todos, tanto el presidente del bloque en Senadores, Lucas Ilardo como en Diputados, Germán Gómez, expresaron que “no es un tema en agenda” y que nadie del oficialismo lo ha venido a plantear. Desde Lavalle, el senador Eduardo Vaquer, quien reporta políticamente al jefe comunal Roberto Righi, aseguró que “si tiene absoluta licencia social, hay que habilitar”. Desde el peronismo aseguran no haber recibido llamados de Casa de Gobierno y si lo hacen estarían en “su mayoría” dispuestos a apoyar con la excepción, como le pasa al oficialismo, de aquellos legisladores que pertenecen a departamentos antimineros como los del Valle de Uco y Alvear.

Pero, el PJ pondrá condiciones. “Necesitamos el compromiso de Suarez que irá hasta el final con esta norma, es decir que después no va a retroceder como hizo en 2019 y nos dejó a nosotros apoyando una norma que él envió y que ante el descontento social, derogó”, sostuvo un dirigente de peso del principal partido de la oposición.

Algunos legisladores de los monobloques también se expresaron. El diputado del Partido Verde, Emanuel Fugazzotto, dijo que: “Nosotros entendemos que cuando se hacen este tipo de excepciones se generan zonas de sacrificios. Malargüe es uno de los departamentos que con el cinturón de la 7722 ha logrado dos proyectos mineros. Uno es Potasio Río Colorado y el otro es Hierro ”. Por lo tanto, votará en contra.

En tanto el diputado José Luis Ramón- de Protectora, aliado al Frente de Todos no apoyará- “El desarrollo económico de la provincia necesita ser planificado estratégicamente. Todos los números dicen que tenemos que desarrollar lo que hoy tenemos y sumar algunas cuestiones de economía del conocimiento. Cuando se trata de una excepción sólo para algún departamento sería un tema muy difícil de resolver  porque tenemos un sistema donde los departamentos no pueden cortarse solos. Hay que reformar la constitución primero para eso”, aseguró.

Las asambleas por el agua, como lo hicieron hace dos años y medio ya están movilizadas por este asunto en los distintos departamentos de Mendoza. Guni Cañas, integrante de las asambleas socio ambientales de Mendoza nucleadas en la Asambleas Mendocinas por el Agua Pura,  aseguró: “Hay mucho lobby en los medios, pero no hay ni un proyecto en la Legislatura. Los estamos mirando, ya saben los políticos y los empresarios mineros a qué atenerse con las asambleas y con el pueblo de Mendoza. En Malargüe hay turismo récord este año. También está el criterio de cuenca hidrógrafica. La cuenca del Atuel es compartida por San Rafael y General Alvear. Y la del Grande con otras cuatro provincias por lo tanto, la contaminación de las aguas producto de la megaminería afectaría no sólo a Malargüe, sino a otros departamentos y provincias”.

Mdzol.com