Mendoza: las advertencias de la UNCuyo al plan oficial para buscar cobre

El dictamen sobre el Distrito Minero Malargüe advierte sobre la falta de especificidad, el agua y el impacto social. La respuesta de la empresa. Postergan para septiembre la audiencia pública.

Pablo Icardi

El Gobierno de Mendoza ejecuta un plan de promoción de la minería que tiene varios frentes: el cambio normativo, la construcción discursiva y el impulso a la actividad exploratoria para buscar cobre en Malargüe. Ese plan comienza a ponerse a prueba puertas afuera del propio Gobierno, pues es evaluado por entidades científicas, técnicas y, en última instancia, por la comunidad. Allí aparecieron los primeros reparos, pues la Universidad Nacional de Cuyo advirtió sobre varias flaquezas que tiene el Informe de Impacto Ambiental. Entre otras cosas, denotan vaguedad en los conceptos y falta de precisión para cada uno de los 34 proyectos de exploración que están incluidos en el "combo" que viene bajo el nombre de Malargüe Distrito Minero.

Estaba en los planes apurar el tratamiento para que a finales de agosto se realice la audiencia pública, se firme la Declaración de Impacto Ambiental para que la Legislatura la trate y apruebe. Los tiempos no dieron y el Gobierno tuvo que recalcular, aunque no tanto. A pesar de que aún faltan informes sectoriales, la Dirección de Minería convocó a audiencia pública para el próximo 6 de septiembre. Entre los informes que faltan están los de Irrigación, la Municipalidad y del IADIZA, organismo científico que fue consultado a sugerencia la la Universidad.

Aportes y reparos

El organismo que dictaminó es la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, que tiene sede en San Rafael. El informe hace un análisis general, y luego uno particular de cada uno de los 34 proyectos de exploración que vienen en el combo. Conceptualmente hay una duda troncal: si es pertinente la evaluación general de todos en un mismo informe y, al mismo tiempo, que se apruebe la prospección y la exploración en un mismo paso administrativo. Allí hay un punto clave. Si bien son actividades similares, no son lo mismo e implican impactos diferentes. En el Plan del Gobierno se busca incluir a los dos procesos en el mismo paso administrativo. Por eso se habla de dos etapas: la prospección, que implica mínimos impactos ambientales, y la exploración, que incluye perforación para toma de muestras y que aunque tampoco implica grandes riesgos, sí tiene impactos mayores y usos de recursos naturales, como el agua.

Desde la UNCuyo advierten allí un posible problema y piden aclarar las tareas a realizar en cada uno de los 34 proyectos porque notan falta de especificidad. "En cuanto a la Etapa de Exploración, desde una perspectiva interdisciplinaria y atendiendo al detalle necesario para evaluar los impactos ambientales, únicamente es factible de realizar el Informe de Impacto Ambiental, conociendo las tareas propias de un proyecto concreto que incluya detalles y especificidades de la metodología de trabajo a implementar", advierten.

"Los IIA de cada proyecto minero deberían atender las particularidades ambientales y las tareas específicas a desarrollar, y antes de su aprobación, contar en cada caso, con Dictámenes Técnicos y Sectoriales correspondientes a los especificados en la Resolución de Inicio, con la incorporación del IADIZA", agregan los especialistas. En cuanto a las tareas específicas, desde la UNCuyo repiten que falta información. "Si bien se han completado los ítems requeridos, estos carecen de especificaciones propias del proyecto, especialmente en lo relacionado con las tareas de exploración, lo que imposibilita hacer una adecuada valoración de los impactos.

Las observaciones particulares son varias. "La evaluación de la escala del MDMO a nivel regional no permite extrapolar la información a la escala local de cada proyecto, motivo por el cual se requiere que cada proyecto sea informado de manera particular", solicitan desde la UNCuyo. En cuanto al impacto social sobre las familias que viven en la zona, también piden que se tenga en cuenta su opinión, pues en el IIA hay descripciones censales, pero no aportes de la visión de las comunidades. "Se recomienda entrevistar a referentes territoriales de las comunidades campesinas del distrito en cuestión a fin de captar las dinámicas socioterritoriales de la población cercana a la zona del proyecto", mencionan. En el proceso se hicieron reuniones y talleres, pero las comunidades aseguran que no fueron consultados según se indica en las normas que regulan la actividad.

Las tareas de prospección y exploración no implicarían, en principio, una gran demanda de agua. Pero  para tener una buena caracterización y seguimiento, los especialistas exigen que haya más precisiones. Por eso mencionan que respecto a la hidrología "no se presentan datos" y "se sugiere incorporar información como mínimo de tipo de acuíferos presentes; piezometría y dinámica de flujo, características hidroquímicas en cada proyecto". "No se presentan datos respecto a régimen de ríos y arroyos, caudales y características de calidad de agua de ninguno de los cauces. Se sugiere la medición de caudales del arroyo y tributarios presentes", agregan. En el proyecto se indica el volumen de agua a utilizar, pero con un "modelo tipo". Lo que no se dice es de dónde saldría el agua. "Existen proyectos que no cuentan con la posibilidad de captación de aguas superficiales, por lo que se debería especificar cuál sería el origen del agua a utilizar", advierten desde la  Universidad.

Impulsa Mendoza respondió a esa inquietud. "El consumo de agua en la etapa de exploración en general es mínimo, debido a que el mayor consumo se produce en la perforación y es dónde se realiza la mayor recuperación y recirculación. Los proyectos que no cuenten con la posibilidad de captación de agua superficial dentro de su propiedad, deberán solicitar los permisos de captación de agua superficial y transportar por camiones la distancia que sea necesaria tal cual fue realizado en el caso del proyecto Hierro Indio", explican desde la empresa promotora.

Otro aporte tiene que ver con la presencia de glaciares. En el IIA se menciona la cantidad de cuerpos de hielo y que existe una restricción para realizar exploración en un radio de hasta 500 metros de cada glaciar. Para la UNCuyo quien debe determinar la zona de restricción es el IANIGLA. "No se menciona como se definió el límite perimetral de 500 m. Se sugiere que sea el organismo específico, en este caso IANIGLA, el que defina el valor límite que corresponda, además de definir si es posible aplicar el mismo valor en todos los casos", explican.

El proyecto del distrito minero fue presentado por la empresa estatal Impulsa Mendoza, que es la garante de todo. La metodología es "sui generis", pues en un mismo trámite se pretenden aprobar 34 proyectos de prospección y exploración. Los estudios de impacto ambiental fueron financiados y dirigidos por Impulsa y los dueños de las propiedades mineras podían adherir sin costo para que su proyecto fuera incorporado y, posiblemente, aprobado por la Legislatura para tener aval. Las sugerencias de la UNCuyo fueron respondidas en parte, aunque deben volver a ser revisadas.

En la  nota de descargo, desde Impulsa Mendoza explican que buscan "Iniciar un proceso de exploración integral" y, sobre todo. "Optimizar el uso de los recursos públicos y privados al generar un mecanismo que permita la actualización permanente de las bases de datos que alimentan el IIA, manteniendo la proporcionalidad de la amplitud y profundidad del IIA con las tareas que efectivamente se llevan adelante en los proyectos, de forma tal de no someter a los proyectos a gastos y demoras innecesarias".

Ante la falta de información específica, desde la empresa estatal aseguran que el plan de trabajo contempla "una actualización permanente del IIA por parte de IMPULSA Mendoza Sostenible SA".

Mdzol.com