Mendoza: El paso político clave para impulsar la minería en la provincia: dudas y certezas del plan para buscar cobre

El Gobierno de Mendoza envió el proyecto para ratificar los 34 proyectos de exploración en el llamado Malargüe Distrito Minero Occidental. Cómo repercute en la industria.

Pablo Icardi

 “Lo bueno sería hacer minería donde haya minerales, no solo donde crean que hay licencia social”. La frase resume una ironía en la que redundan los empresarios y referentes del sector industrial de Mendoza, que apoyan el impulso de la actividad ejecutado por el Gobierno, pero con algunas dudas sobre el resultado a largo plazo. El Gobierno encara la etapa final del plan político para reimpulsar la exploración minera en Mendoza, pues el primer bloque de proyectos de exploración para buscar cobre entró a la Legislatura para pedir autorización y cumplir así con la ley 7722.

Los votos para la aprobación están, pero la intención del oficialismo liderado por Alfredo Cornejo es conseguir el apoyo más amplio posible para que sea “contundente” el respaldo a la minería. También sondearán el clima social en el Gran Mendoza, donde no habrá minería pero que sirve de caja de resonancia. El plan está bautizado como Malargüe Distrito Minero Occidental, pero esa denominación es más geográfica y política que técnica y legal. A la Legislatura no ingresó ningún proyecto con ese nombre, sino un pedido para aprobar en bloque 34 declaraciones de Impacto Ambiental para que se autorice la exploración minera metalífera. La ley 7722 es la que obliga a la rarificación legislativa de los proyectos de exploración. Y la norma no precisa cantidades; es decir no especifica si cada proyecto puede o deba ser enviado de manera individual o no. Allí está el resquicio para producir todo en paquete. La otra novedad es que el presentante y responsable no es el propietario de cada proyecto, sino la empresa estatal Impulsa Mendoza, que financió, agrupó y se hizo cargo del proceso.

Mendoza busca impulsar la exploración para buscar cobre.

Las 34 DIA’s fueron aprobadas y, según explican, tienen el agregado de todos los condicionantes que incorporaron los organismos técnicos, científicos y políticos. Esa lista ex muy extensa, al punto de requerir casi estudios ambientales nuevos. De la misma manera, los “dueños” de los proyectos deben presentar un plan de trabajo. Es que el Informe de Impacto Ambiental describe tareas de prospección y exploración en general, tomando un modelo replicado para cada  uno. Pero no hay especificidad sobre las tareas a realizar en cada área.

En la industria entienden que es un paso positivo. Pero a largo plazo hay algunos puntos relativos. Puertas afuera de Mendoza la excesiva participación del Estado genera algunas dudas. La empresa Impulsa Mendoza es heredera de la Potasio Río Colorado estatal y también desde esas dos firmas se financiaron trabajos de exploración y de asistencia a otros proyectos, como Hierro Indio. Y también las restricciones geográficas y normativas. Es que Mendoza promociona la minería solo en el Distrito; que es amplio pero deja afuera algunos de los puntos más llamativos de la cordillera, principalmente el Valle de Uco y Las Heras. La cuenca del Río Atuel quedó fuera del área promocionada.  En el caso de que los proyectos escalen, también hay una restricción en cuento a los métodos de explotación. Si bien la industria se adecúa, los condicionantes previos son un freno, igual que los antecedentes de Mendoza en cuanto al rechazo de la actividad. En Mendoza la minería por ahora se promociona solo en una zona geográfica y con restricción a futuro en los métodos de explotación. El cobre, el metal deseado, no necesariamente responde a esas máximas porque los yacimientos probados están en San Carlos y Las Heras. Pero Malargüe tiene potencial.

Por eso el impulso de Cornejo busca un efecto más político y de reconstrucción de la confianza, que netamente productivo. En el corto plazo se espera que se sumen entre 2 y 8 proyectos que realmente exploren dentro del Distrito, que se sumarán a las dos empresas que ya buscan cobre en el Sur. Pero la intención es generar una sinergia para que ese modelo se expanda. “Si no  hay 100 proyectos de exploración en marcha, no podemos decir que hacemos minería”, repiten en Impulsa Mendoza.

La intención del Gobierno es aprobar las DIA’s rápido para que las empresas que tengan recursos ejecuten algún plan de exploración en la temporada de verano. Por las condiciones del clima, en gran parte de Distrito la actividad está restringida a medio año.

En el medio hay otros pasos. El Código de Procedimiento Minero obliga a las empresas que una vez autorizado el proyecto, ejecuten el plan de inversiones. “A partir de la fecha de notificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), o de la publicación en el Boletín Oficial de la ratificación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en caso de corresponder, comenzará a correr el plazo de treinta (30) días corridos dentro del cual, el interesado deberá instalar los trabajos que se refiere el artículo 25 del Código de Minería, debiendo comunicar a la Autoridad Minera dentro de los cinco (5) días de instalados aquellos trabajos, la situación del emplazamiento en el terreno y la descripción de los trabajos, y comunicar en su caso, la identidad de la persona encargada de su dirección”, dice el nuevo Código.

En el paquete de proyectos hay varios que fueron gestionados por intermediarios de la industria. Esos permisos podrían ser negociados para asociarse a operadores.

La discusión en la Legislatura será diversa, pero buscan que se acelere. El proyecto tiene pocos artículos donde solo se aprueban las 34 declaraciones de Impacto Ambiental. Pero detrás hay más de 2 mil páginas de los informes ambientales y, sobre todo, los dictámenes sectoriales.

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