El debate en torno a, sino derogar, modificar la norma provincial que prohíbe el uso de sustancias químicas en los procesos mineros metalíferos sigue dando qué hablar. Desde principios de octubre, legisladores vienen reuniéndose con empresarios, especialistas y representantes de cámaras empresarias y sindicatos. Hoy fue el turno de algunos intendentes, entre ellos el de San Carlos, coautor y defensor de la Ley "antiminera".
Como cada jueves de las últimas semanas, legisladores integrantes de las comisiones de Ambiente, Hidrocarburos y Legislación se reunieron con distintos actores de la sociedad civil para debatir sobre la posibilidad de, sino derogar, al menos, modificar la Ley 7.722 que prohíbe el uso de sustancias químicas para el desarrollo de proyectos mineros metalíferos en Mendoza.
Luego de escuchar las voces de empresarios, de referentes de cámaras empresarias y de sindicatos, tocó el turno a intendentes o representantes departamentales.
Para quien se perdió en el camino, desde fines de septiembre y principios de octubre, con el apoyo silencioso del gobierno de Alfredo Cornejo, dos senadores y exintendentes del peronismo, Juan Antonio Agülles (excacique de Malargüe) y Alejandro Abraham (excacique de Guaymallén), consiguieron el visto bueno para habilitar el debate de la, sino derogación, al menos sí, modificación de algunos puntos de la Ley 7.722.
La norma en cuestión data de 2.007 y "prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo".
Como argumento principal para reactivar esta discusión, se dijo que, en un momento de crisis socioeconómica como el que transita la provincia, es necesario impulsar el desarrollo de la actividad minera que, según apuntaron algunos significaría, además de una diversificación de la matriz productiva local, un importante impulso al empleo. Algunos, muy confiados quizá, calcularon que podría traducirse en unos 10 mil puestos de trabajo directo.
En este contexto, atentos de no despertar la dura resistencia de ambientalistas que sostienen que en un contexto en donde la disponibilidad del agua va en un pronunciado detrimento, el Gobierno de Cornejo viene dando señales de apoyo al debate impulsado por los senadores peronistas que, hasta aquí, han conseguido habilitar la discusión en comisión conjunta de Ambiente, Hidrocarburo y Legislación.
Hoy, luego de escuchar a empresarios, sindicatos y especialistas, llegó el turno de los intendentes de ciertos departamentos. El punto de tensión de la discusión fue cuando el intendente de San Carlos, pese a ser aliado del cornejismo -pertenece al Frente Renovador, fuerza que integra Cambia Mendoza-, plantó sus quejas a la moción de dejar sin efecto la 7.722.
En primer lugar, manifestó que la Ley en cuestión no se consiguió "como dicen algunos" en base a piquetes y manifestaciones; sino que, según su defensa, fue producto de un diverso y amplio debate, en donde se tomó en cuenta la opinión de técnicos especialistas. Poniendo en contexto aquella discusión, agregó que allá por 2.007 no había ningún ejemplo concreto de cómo el desarrollo de proyectos mineros metalíferos podía ocasionar un desastre en el ambiente.
Hoy, marcando la diferencia, "tenemos el ejemplo cercano de Jáchal. En donde no hubo un solo derrame de cianuro, sino cinco. Sin la 7.722, Mendoza sería Jáchal", remarcó Difonso en pleno debate en comisiones en el Salón Rojas en el anexo del Senado.
En segundo lugar, hizo mención a los sucesivos informes de Irrigación sobre la escasa disponibilidad de agua y advirtió: "Si no somos capaces de entender esto, creo que vamos a estar en un grave error".
En relación a los puntos concretos que se están debatiendo para reformar o eliminar la 7.722 vinculados a quitar la mención de prohibición de "otras sustancias" o sortear el control legislativo sobre la declaración de impacto ambiental necesaria para habilitar cualquier proyecto, Difonso planteó: "A pedido de la UNCuyo fue que incluimos en aquel momento en la Ley la prohibición genérica, y en relación al control legislativo, me parece saludable que sea así".
Con un enviado, el departamento que preside Walther Marcolini, General Alvear, también le dijo que no a la posibilidad de avanzar con esta reforma o derogación de la 7.722. "Todo lo que vaya en contra del ambiente, es inconstitucional o regresivo", manifestó el representante de esta tierra, también radical.
Como contrapunto, los municipios de Godoy Cruz, Capital, Malargüe, Maipú y Guaymallén sí manifestaron su apoyo a cambiar o dejar sin efecto la Ley "antiminera". "Siempre dije que esta Ley es mala y que atrasa", ratificó el intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias.
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