Mendoza/Cerro Amarillo: la política intentando reparar lo que la política rompió

En el año 2005 Mendoza iba a iniciar el proceso de exploración minera más grande de su historia.

Más de 17 años después podrían explorarse dos yacimientos. La clave para todo lo sucedido en el medio, de la mano de la política de turno.

Edu Gajardo

Más allá del golpe duro que significó la derogación de la Ley 9.209, nadie puede poner en duda que Rodolfo Suarez es un convencido del aporte que puede hacer la minería a Mendoza. Por eso, bajo la condición innegociable de no volver a intentar la 7.722 en su período, está apostando a darle luz a la actividad minera a través de proyectos de exploración, como Cerro Amarillo, aún con las dificultades que eso significa. En el fondo, podríamos decir que la política está intentando reparar lo que la política rompió.

Cuando en Mendoza se decidió avanzar con la exploración minera en el año 2005 fue la política de turno la que no tuvo el coraje, ni la visión de estadistas, para tomar decisiones que eran claves en ese momento y que hoy se lamentan. La gestión de Cobos fue a buscar inversores, pero la misma gestión los espantó y cedió a las presiones para instalar la Ley 7.722, eligiendo no escuchar argumentos técnicos.

Ya pasaron 17 años y después de la ley antiminera la provincia no está mejor económicamente. Tampoco tenemos más y mejor agua, todo lo contrario, tenemos agua más contaminada sin que ninguna ONG o grupo ambientalista haga marcha alguna para denunciarlo (cómo está plasmado en la página 17 de la Ley 8.999, Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, situación de UIT 1B y UIT 1C. Sólo por citar un ejemplo ).

Es curioso, pero el mismo radicalismo intenta recomponer, en parte, lo que el mismo radicalismo rompió, con Julio Cobos a la cabeza. Es que tal como dice el geólogo Eddy Lavandaio en su libro "Minería: Perón y después", los políticos tienen que hacerse cargo de las decisiones que toman y cómo afectan el desarrollo.

Un poco de historia

Para entender por qué Mendoza perdió 17 años es importante recordar que en el año 2005, con el geólogo Carlos Monjo en la conducción de la Dirección de Minería, se decidió ir a la PDAC de Canadá a buscar inversores para "explorar" pórfidos de cobre. Ya en esos años anticipaban una alta demanda de minerales, y principalmente de cobre, por lo que buscaban inversores para poder medir lo que estiman existe en nuestra cordillera.

El viaje fue exitoso, los inversores vinieron y hasta se reunieron con el gobernador, pero al poco tiempo comenzaron las protestas en el Valle de Uco y se instalaron reservas provinciales sobre propiedades mineras que ya estaban otorgadas. Hacienda corta la historia, Monjo tenía el respaldo técnico para explorar, pero un día se encontró sin apoyo de la política, justamente Julio Cobos, quien hasta entonces fue su amigo. Sin más que hacer renunció y la gestión política siguió un camino que terminó con la Ley 7.722.

En conversación con Mendoza Minera, el geólogo recordó que en ese momento se intentó explicar la diferencia entre exploración y explotación, pero surgieron grupos que le torcieron el brazo a la autoridad y se terminó por prohibir la actividad minera. Eso, aún cuando lo que se iba a hacer eran simples estudios para saber el nivel real de mineral que existe en la montaña, algo que es una incógnita hasta hoy.

Aunque se diga que fue una ley improvisada, y aunque 15 años después nunca fue reglamentada, logró un objetivo que por esos años los antimineros ya tenían claro. Pusieron a la decisión política por encima de los aspectos técnicos y lo plasmaron en una normativa. De ahí que el verdadero freno a la minería en Mendoza esté en el filtro legislativo que se exige para cualquier Declaración de Impacto Ambiental.

Si no fuera todo una cuestión política, nunca se debió frenar la exploración, porque no hay ningún argumento técnico para prohibirla. Aún así, recién después de casi dos décadas se vuelve a tomar un camino cuando aún nadie veía venir el aumento de la demanda de minerales para la transición energética. Es imposible recuperar el tiempo perdido, pero es importante recordar cómo llegamos al escenario actual, porque los mismos que ataron de manos a la provincia en una parte posible de su desarrollo productivo, hoy no se hacen cargo de nada de lo que generaron. Peor aún, se abrazan y se felicitan por sus gestiones de 20 o más años en el Estado. sin embargo, los números (como los que entregó el CEM ayer) demuestran que estamos peor y que,  claramente, la política tiene parámetros diferentes a los del ciudadano de a pie, porque acá no tenemos nada que celebrar.

Ahora veremos si Cerro Amarillo lograr superar la barrera política, porque desde el punto de vista técnico no hay argumentos para frenar el proyecto. Veremos si esta vez los fanatismos infundados no logran torcerle la mano a nuestros políticos.

Memo.com.ar