Las políticas ambientales que impulsa el Ejecutivo nacional muestran un zigzagueo pocas veces visto en un área tan sensible como es la que debe ocuparse del cuidado del ambiente y los recursos naturales. Mientras por un lado se anuncian iniciativas de crear parques nacionales, desde la Casa Rosada se insiste en modificar la ley de glaciares para favorecer a la minería; y en simultáneo se alienta la construcción de represas hidroeléctricas en Santa Cruz que podrían poner en riesgo al glaciar Perito Moreno.
Esas son apenas dos de las contradicciones que exhibe la gestión nacional, a las que organizaciones protectoras del ambiente agregan la decisión de dejar sin trámite parlamentario a la ley para proteger humedales con el claro fin de beneficiar a los sectores más grandes de la agroindustria.
Cuando todavía resuenan las palabras que eligió el presidente Mauricio Macri para dar su discurso en la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, con las que remarcó la intención del gobierno nacional de avanzar con la creación de parques nacionales, desde distintos sectores se observa que el país todavía está lejos de cumplir con las metas ambientales que se fijó el gobierno central.
En ese sentido, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales observó que el país se comprometió a llegar al 2020 con el 17 por ciento de las zonas terrestres y de aguas interiores protegidas y con el 10 por ciento de las zonas marinas y costeras resguardadas, pero a pesar de los anuncios con bombos y platillos todavía se está lejos de alcanzar esos porcentajes. En otras palabras, faltan políticas concretas que permitan avanzar en materia de sustentabilidad. El director ejecutivo de esa organización, Andrés Nápoli, recordó que las áreas protegidas son una de las principales herramientas para preservar hábitats claves; y que son de hecho, la herramienta más utilizada en el país como parte de una estrategia de conservación. En ese sentido, observó que todas las iniciativas para proteger los espacios naturales son siempre bienvenidas, sobre todo en un país como la Argentina donde las necesidades productivas no siempre van de la mano de las políticas de sustentabilidad ni de la idea de promover pactos globales. El experto plantea, además, que los procesos de creación de áreas protegidas deben enmarcarse dentro de una política nacional de sustentabilidad, y que la construcción de esta agenda debe incluir, necesariamente, variables económicas, sociales y ambientales, las que deben integrase en cada una de las decisiones de manera integral.
Nápoli remarca que la decisión de crear áreas protegidas no puede estar aislada del resto de las políticas que hacen al desarrollo sostenible, que abarcan temas como minería, energía y agro, sino que deben integrarse como un conjunto dentro de éstas.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales plantea, por otra parte, que existen muchos sitios de alto valor para la conservación que hoy se encuentran en serio peligro en el país. Debe coincidirse con esta organización cuando señala que esos espacios deben tener prioridad en la agenda de políticas públicas del Estado nacional y cuando propone que se convoque a participar a organizaciones de la sociedad civil con conocimiento del territorio y las urgencias conservacionistas para que aporten ideas para la toma de decisiones.
Los impactos negativos que tienen sobre el ambiente y la sociedad los procesos productivos y económicos, es necesario que las autoridades nacionales y de las distintas jurisdicciones avancen, sin pausas, hacia el objetivo de alcanzar un desarrollo sustentable, haciendo un uso racional de los recursos naturales existentes. Se deben evitar las iniciativas aisladas y las contradicciones entre las medidas que se adoptan, para avanzar de una vez por todas con una política efectiva de desarrollo sustentable.
Diario Norte
