Los adelantos y trabas legislativas que rodean a las inversiones mineras en Argentina

BNAméricas habló con el socio fundador del estudio jurídico Rodríguez & Gregorio, expresidente de la Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza y abogado especializado en minería

A pesar de que Argentina muestra un consenso cada vez más amplio sobre la necesidad de impulsar la minería para generar empleos y fortalecer su economía, la falta de uniformidad entre las normas provinciales y nacionales podría obstaculizar las positivas proyecciones del sector.

Los posibles cambios a la ley de glaciares, la ausencia de una ley de cierre de minas y un burocrático sistema de permisos añaden presión a un escenario que busca atraer inversión extranjera para cumplir con las estimaciones de más de US$ 19.200 millones en exportaciones mineras hacia 2030, luego de los US$ 4.647 millones registrados en 2024.

El socio fundador del estudio jurídico Rodríguez & Gregorio, expresidente de la Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza y abogado especializado en minería Raúl Rodríguez aborda estos desafíos y las oportunidades que presenta el régimen de incentivo para las grandes inversiones (RIGI), en medio de un panorama macroeconómico altamente desafiante, en esta entrevista con BNamericas.

BNamericas: ¿Está el marco legal minero preparado para impulsar el desarrollo de la minería en Argentina?

Rodríguez: Como país federal, Argentina posee un mosaico de provincias en las cuales no hay unificación en términos de impulso a la minería. Hay provincias avanzadas, como San Juan y Santa Cruz, y otras que están más relegadas debido a sus propios obstáculos legales, sociales y políticos. Además, todas dependen de la nación en la parte macroeconómica, en términos de impuestos, tasas, regalías y retenciones, lo cual no siempre es favorable.

Sin embargo, después de varios años de enfocarse en el desarrollo de la pampa húmeda, a través de la ganadería y agricultura, y de vivir a espaldas de una vasta cordillera que comparte con el primer productor mundial de cobre [Chile], hoy la minería se considera imprescindible para el crecimiento.  Por eso, se están poniendo las reglas sobre la mesa para facilitar su desarrollo, comenzando por reducir la carga tributaria, para estar en línea de competencia con Chile, Perú o Colombia.

BNamericas: ¿Qué opinas del RIGI como instrumento para dinamizar las inversiones en minería?

Rodríguez: Es una medida macroeconómica que afecta a todas las provincias, beneficiando a los proyectos que superan los US$ 200 millones de inversión, en sectores como minería, energía, petróleo y gas.

Las provincias que tenían políticas amigables hacia la minería se han visto más favorecidas que otras, como Mendoza, cuyo comportamiento ha sido zigzagueante con respecto a esta actividad. Pero, actualmente, para aprovechar el RIGI y un código minero actualizado, está apoyando la minería, aprobando proyectos de exploración, concurriendo a ferias mineras y celebrando convenios.  

BNamericas: ¿Cómo se combina la ley de inversiones mineras, modificada en julio para reducir la burocracia, con el RIGI?

Rodríguez: Son complementarios. La ley de inversiones mineras N° 24.196 de 1993 fue sancionada en un escenario de poco desarrollo minero y de pocos grandes proyectos metalíferos. A partir de esta ley que entrega exenciones impositivas y aduaneras, además de estabilidad fiscal por 30 años, se estableció en el artículo 22 el cálculo para el valor de boca de mina y un esquema normativo, impositivo y tributario que atrajo inversiones.

Así surgieron Alumbrera, Veladero, Gualcamayo, Casposo y Cerro Negro; pero dejó afuera aspectos como la devolución del IVA y no solucionó la presión tributaria. El RIGI lo soluciona, al disminuir el peso tributario, ya que la ley de inversiones mineras estabiliza el monto tributario e impositivo al momento de la factibilidad durante 30 años.

BNamericas: ¿En qué está el debate en torno a la posible modificación de la ley de glaciares?

Rodríguez: Existen posiciones que buscan que sea más laxa con la minería y otras que quieren endurecerla. Lo cierto es que algunos términos tienen una oscuridad que perjudica el desarrollo de la actividad.

El artículo 6 señala que toda actividad antrópica y obra de infraestructura están prohibidas; sin embargo, Argentina cada cierto tiempo planifica pasos cordilleranos con Chile o centros de esquí y otras actividades no mineras ni hidrocarburíferas que, desde el punto de vista jurídico, deberían estar prohibidas.

Además, tiene conceptos imprecisos, como las zonas periglaciares o glaciares de escombros como fuentes y reservas de agua, cuando no lo son. Finalmente, estas imprecisiones son tomadas por sectores que buscan paralizar actividades, como la minería, aunque no alzan la voz cuando se propone habilitar un nuevo paso fronterizo u obras de infraestructura en zonas periglaciares. Esto hace que sea una ley ineficiente.

BNamericas: Otro tema legal pendiente es una ley de cierres de minas..

Rodríguez: Es necesario e impostergable, porque no existe una ley específica ni homogénea en el país. El código de minería argentino solo contempla el cierre de minas en el artículo 249 como una actividad que requiere una declaración de impacto ambiental.

Las provincias han establecido sus propios parámetros y tratan de reglamentar los pocos cierres de minas que han existido, pero hay interés en crear una norma nacional que exija un plan de cierre desde el inicio de cada proyecto y que incluya monitoreos postcierre. En este tema ya están trabajando algunos representantes de la nación junto a expertos.

BNamericas: ¿Podrá Mendoza avanzar en minería pese a la ley 7722, que prohíbe el uso de ciertos químicos?

Rodríguez: Si bien la ley 7722 no prohíbe la actividad minera, sí la condiciona al prohibir sustancias como mercurio, ácido sulfúrico y cianuro, que son muy utilizados en minería y en otras actividades.

Sin embargo, ahora la provincia apoya la exploración para conocer su potencial geológico y se aprobó un portafolio de proyectos de exploración en el departamento de Malargüe [sur de Mendoza], donde existe apoyo social hacia la minería. Es una zona con potencial de cobre, y debido a su composición de pórfidos enriquecidos, no necesitarían ácido sulfúrico para el procesamiento.

Se pueden realizar proyectos mineros en Mendoza respetando la ley; aunque es un obstáculo para un desarrollo integral, ya que proyectos de oro o uranio requieren cianuro o ácido sulfúrico.

BNamericas: ¿Qué ocurre con los pasivos ambientales de la mina Sierra Pintada y el potencial uranífero de Mendoza?

Rodríguez: La mina Sierra Pintada fue explotada por el Estado [1975-1997], a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y cerrada antes de que se incorporaran los requisitos ambientales al código minero.  Al no existir una ley nacional de cierre de minas, quedaron pasivos ambientales que deben ser tratados. Muchos no son contaminantes, sino vestigios de la operación.

En un inicio fue complejo porque el tratamiento requería ácido sulfúrico, que está prohibido en Mendoza; pero, finalmente se autorizó su uso con fines de remediación a través de una audiencia pública. Mendoza tiene varios proyectos, brownfield y greenfield, como Huemul, en etapa de estimación de recursos y reservas.

BNamericas: ¿Cómo funciona el sistema de permisos para desarrollar proyectos en Argentina?

Rodríguez: Es complejo, porque se cruzan permisos nacionales, provinciales y municipales que deben estar alineados. El gobierno nacional está derogando leyes y aprovechando la tecnología para agilizar los procesos, pues existe consenso entre los gobiernos provinciales y municipales de que se debe desburocratizar el sistema y avanzar más rápido, aunque sin disminuir los niveles de exigencia.

BNamericas: ¿Cuánto influyen los vaivenes macroeconómicos de Argentina en la certeza jurídica necesaria para la inversión minera?

Rodríguez: Pese a que Argentina ha sufrido inestabilidad macroeconómica y normativa, hoy existen herramientas, como el RIGI y la ley de inversiones mineras, que aseguran estándares y estabilidad. Hay una política firme de apoyo a la minería y condiciones suficientes de seguridad jurídica, que se observan en el creciente interés de los inversores.

BNamericas: En ese marco legal, ¿qué tan importante es el tratado de integración minera entre Argentina y Chile?

Rodríguez: Es fundamental, porque los límites para los yacimientos situados entre dos naciones no los marca la geología, sino la política. Este tratado ha establecido protocolos para proyectos como Josemaría, Filo del Sol, Los Azules y Los Helados.

Sin embargo, la comisión binacional aún debe resolver temas complejos, en términos tributarios, aduaneros y laborales; así como definir si regirá la ley argentina o la ley chilena en materias ambientales. Se necesita una armonización y uniformidad en varios aspectos de los marcos jurídicos, a modo de realmente facilitar el desarrollo de los proyectos mineros y entregar mayor seguridad a los inversores.

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