Por Eddy Lavandaio
La Ley de Glaciares Nº 26.639 ha sido nuevamente noticia porque ciertos sectores del ecologismo internacional decidieron presionar por esa vía para que la Suprema Corte de Justicia falle a favor de la Constitucionalidad de la Ley mencionada en una causa iniciada por una empresa minera que opera en San Juan.
En una nota que recoge la opinión de varios ecologistas, el diario Infobae (27-05-19), entre otras cosas, informa que..."El fallo es importantísimo. Si asegura la constitucionalidad de la ley de Glaciares pondría un freno definitivo a la actividad minera''. Con este tipo de afirmaciones no nos queda ninguna duda de que la Ley se hizo con el propósito real de parar la minería.
Esto es parar la inversión, la exploración, la construcción de nuevos emprendimientos, la producción, la exportación y el ingreso de divisas como así también dejar sin trabajo a miles de mineros argentinos y a los trabajadores de cientos de pymes argentinas que proveen de servicios a la minería. Así lo hicieron los Senadores y los Diputados argentinos en el 2010 y, como si fuera una broma de mal gusto, hoy nos toca soportar el caradurismo de algunos legisladores que se quejan porque no hay inversiones y aumenta el desempleo.
Pero no hay que confundirse mirando para otro lado, para el lado de los jueces, porque no se trata de una simple controversia legal entre una empresa y la aplicación de una Ley. Parar la minería en la Cordillera fue una decisión política tomada por los legisladores del Congreso Nacional, a favor del ecologismo internacional y en contra de los intereses de nuestro país, particularmente en contra del desarrollo de las provincias cordilleranas. ¿Habrán pensado que hacer esto era un acto patriótico?
Esta no es una pregunta menor porque sabemos que esta ley es única en el mundo (Mining Press, 05-12-12) y también sabemos que en Chile se presentaron varios proyectos de Ley para proteger los glaciares, apoyados por el mismo ecologismo internacional (Diario El Mercurio y Revista Minería Chilena, 05-09-18), pero su tratamiento y destino final fueron totalmente distintos. Tal vez el informe mas influyente fue el hecho por la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) revelando que, de aprobarse los distintos cuerpos legales, la producción de cobre del país se reduciría en un 22,5%, pasando de las 5,7 millones de toneladas a menos de 4,4 millones. Con esa calidad de información los proyectos ecologistas fueron dejados de lado.
No vamos a hacer comparaciones entre el patriotismo de unos y de otros porque el patriotismo se ejerce de manera personal de acuerdo a las convicciones de cada uno, pero al menos debemos señalar que, mientras nuestros políticos son afines a las ecologistas internacionales, los trasandinos se inclinan por apoyar la producción y el trabajo. Durante los últimos diez años hemos venido explicando con gran detalle cual es la parte de la Ley que fue hecha a propósito para impedir la minería en la Cordillera y otras montañas argentinas. De hecho, en San Juan no se puso en producción ninguna mina nueva en ese lapso. Si en esos diez años ningún político comentó nada al respecto ni hubo iniciativas de reformas es porque todos siguen firmes en su decisión de "parar la minería''.
No le busquemos otra explicación. Las últimas informaciones revelan datos terminantes acerca de la minería que se espera impedir y hasta se menciona a un Juez Federal que estaría al tanto de esos datos (Diario Clarín, 25-05-19).
Son 40 proyectos ubicados en San Juan, La Rioja y Catamarca. Aparentemente, las organizaciones ecologistas estarían esperando que la Corte Suprema emita un fallo a favor de la constitucionalidad de la Ley 26.639 para iniciar acciones contra esos proyectos porque, según su criterio, violan la Ley. Si esto llegara a concretarse sería un golpe muy duro contra el desarrollo de San Juan.
Por Eddy Lavandaio
Geólogo Miembro de la Asociación Argentina de Geólogos Economistas.
