Ley de Glaciares: la geopolítica se cuela en el debate por el desarrollo de la minería en el país
- 23 de febrero, 2026
El Gobierno busca reforzar el rol provincial mientras avanza un pacto con Estados Unidos para el suministro de minerales críticos.
Facundo Martín Pascal
Cuando en diciembre del 2025 el Gobierno consiguió dictamen para modificar la Ley 26.639, el debate por la reforma de la Ley de Glaciares no se encontraba excento de polémicas. Ambientalismo versus desarrollo minero, un clásico de los últimos tiempos.
Sin embargo, dos meses después, el escenario es más amplio y puede leerse, incluso, en clave geopolítica. La discusión ya no se limita al reparto de competencias entre Nación y provincias, sino que se inscribe en la nueva arquitectura global de los minerales críticos.
El 4 de febrero, la Cancillería publicó el texto del “Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos”, firmado con Estados Unidos. El acuerdo contempla cooperación estratégica, mapeo de recursos y estímulos a la inversión bajo el paraguas del RIGI. En paralelo, la administración estadounidense lanzó el denominado Proyecto Vault (Bóveda), una reserva estratégica de minerales críticos valuada en casi 12.000 millones de dólares.
En ese marco, la Argentina se comprometió a contribuir al fortalecimiento de las cadenas de suministro occidentales. El ministro Pablo Quirno asumió compromisos vinculados al acopio y a la generación de información geológica estratégica. El canciller estadounidense Marco Rubio destacó el valor geopolítico del país “por su geología, ubicación y pertenencia al hemisferio occidental”.
"Durante la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos convocada por el Secretario de Estado, Marco Rubio, la República Argentina y los Estados Unidos suscribieron un Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos mediante el cual ratifican su asociación estratégica y su compromiso con el desarrollo de un suministro seguro, resiliente y competitivo", puede leerse en el comunicado de Cancillería en su sitio oficial.
La iniciativa busca "consolidar cadenas de valor más sólidas y diversificadas, generar un entorno favorable para la llegada de inversiones productivas de largo plazo y responder al crecimiento de la demanda global y a la aplicación de tecnologías de vanguardia", enfatizan en el texto.
Ese movimiento internacional modifica el contexto en el que se debate la Ley de Glaciares.
El corazón técnico del conflicto
El proyecto oficialista no elimina formalmente la protección de glaciares, pero introduce un cambio estructural: desplaza al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA – CONICET) como autoridad técnica central del Inventario Nacional de Glaciares.
La ley vigente estableció un principio claro, y es que los presupuestos mínimos ambientales son competencia nacional, con una autoridad técnica definida.
Ahora bien, la reforma propone reforzar el rol de las provincias en la identificación, delimitación y auditoría de ambientes periglaciares. Para el oficialismo, se trata de corregir “indefiniciones” que traban inversiones.
Para los críticos, implica fragmentar el estándar técnico y abrir un posible conflicto de interés: que las mismas jurisdicciones que promueven proyectos mineros definan los límites de protección. Ese es el punto neurálgico: quién define científicamente qué es ambiente periglacial y bajo qué criterios.
Diputados opositores se organizan
La oposición comenzó a reorganizarse en torno a ese eje técnico. Diputados nacionales como Maximiliano Ferraro, Esteban Paulón y Adriana Serquis viajaron a Mendoza para reunirse con investigadores del IANIGLA y del Centro Científico Tecnológico local.
Desde la Coalición Cívica sostienen que la ley vigente no impide el desarrollo económico, sino que establece reglas previsibles. Argumentan que modificar la norma en un contexto de crisis climática global sería un retroceso ambiental y pondría en riesgo reservas estratégicas de agua.
El oficialismo, en cambio, articula su defensa en dos pilares en el federalismo y la ventana de oportunidad que abriría la modificación de la ley para el mundo minero.
En este marco, gobernadores como Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca) defendieron públicamente la necesidad de combinar protección ambiental con expansión de la minería, destacando empleo formal y diversificación productiva.
Minerales críticos y nueva inserción internacional
El elemento novedoso es la dimensión geopolítica. La modificación de la Ley de Glaciares coincide con la firma del instrumento bilateral con EE.UU; la estrategia estadounidense de relocalizar cadenas de suministro críticas; el uso del RIGI como herramienta de atracción de capital extranjero.
En ese contexto, el debate se vincula con la inserción argentina en la competencia global por litio, cobre y otros minerales estratégicos.
El Gobierno sostiene que el país no puede quedar al margen de esa dinámica y que la normativa actual genera incertidumbre jurídica en zonas periglaciares. Los sectores ambientalistas replican que flexibilizar estándares en reservas de agua dulce andinas puede comprometer un recurso estratégico irreemplazable.
Lo que está en juego
La Ley 26.639 definió a los glaciares como reservas estratégicas de agua para consumo humano, agricultura y biodiversidad. También creó el Inventario Nacional de Glaciares y prohibió actividades extractivas en glaciares y ambientes periglaciares.
Modificarla podría:
Alterar la autoridad técnica nacional.
Reconfigurar el alcance de las prohibiciones.
Cambiar la lógica de control ambiental en zonas cordilleranas.
En términos estructurales, la discusión enfrenta dos senderos:
Un esquema de protección ambiental centralizada con estándares nacionales homogéneos.
Un modelo de mayor descentralización provincial con énfasis en desarrollo minero estratégico.
Así las cosas, este dilema está atravesado por la competencia global por minerales críticos y el alineamiento estratégico con Estados Unidos. Si en diciembre la discusión parecía estrictamente productiva, hoy es también geopolítica. Y el Senado avanzará, probablemente, este jueves.
Mdzol.com