Ley de Glaciares: la disputa escala a la Corte Suprema y se abre una batalla judicial

La adecuación a la ley de Glaciares se juega en tribunales, con presentaciones de amparos y estrategia cruzada entre oficialismo y ambientalistas para que la Corte Suprema defina su constitucionalidad

 Por Sebastián D. Penelli

La adecuación a la ley de Glaciares ingresó en una nueva etapa: la judicial. Como anticipó Ámbito Energy Report y tras su aprobación en la Cámara de Diputados con 137 votos a favor, el debate político se trasladó rápidamente a los tribunales federales, donde comenzó a configurarse una encrucijada y escenario de alta litigiosidad que, inevitablemente, terminará en la Corte Suprema de Justicia.

De un lado, organizaciones ambientalistas, fundaciones y sectores políticos opositores ya preparan -y en muchos casos presentaron- una batería de amparos para frenar la aplicación de la norma. Del otro, el oficialismo y las provincias con potencial minero buscan acelerar los tiempos judiciales para que el máximo tribunal se expida cuanto antes y otorgue previsibilidad al marco regulatorio.

La disputa no es menor: lo que está en juego es la constitucionalidad de una ley clave para el desarrollo minero, pero también la protección de reservas estratégicas de agua dulce.

Un “amparo histórico” que busca cambiar el paradigma

En este contexto, la Asociación Americana de Juristas (Rama Argentina) y el Foro Ecologista de Paraná (Entre Ríos) presentaron un amparo directo ante la Corte Suprema que marca un punto de inflexión en el debate.

La acción judicial plantea no solo la defensa del régimen de protección glaciar, sino también un enfoque innovador: propone declarar a los glaciares y al ambiente periglacial como “sujetos de derecho”. Esto implicaría reconocerles una protección jurídica autónoma, con capacidad de exigir su preservación más allá de intereses económicos o decisiones políticas coyunturales.

El amparo también invoca principios constitucionales como el artículo 41 -que establece el deber del Estado de proteger el ambiente- y conceptos como la “no regresión” y la “equidad intergeneracional”, advirtiendo que cualquier retroceso normativo compromete los derechos de las futuras generaciones.

Además, solicita la implementación urgente de un Plan Interjurisdiccional de Gestión del Riesgo Climático e Ígneo, en respuesta a la creciente frecuencia de incendios en la Patagonia y su impacto sobre la criosfera. “No estamos solo ante una crisis de incendios, sino ante un debilitamiento de los mecanismos de protección ambiental que pone en riesgo el futuro de nuestra biodiversidad y nuestras fuentes de agua”, señalaron los impulsores.

Greenpeace impulsa una demanda colectiva

Greenpeace también promueve una demanda colectiva para impugnar la reforma, una herramienta legal que según consideran permitiía representar a un amplio conjunto de personas sin necesidad de que cada una inicie un juicio individual, fortaleciendo así el reclamo frente al Estado. La acción se apoya en los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional, que garantizan el derecho a un ambiente sano y habilitan la defensa colectiva.

La iniciativa está dirigida a ciudadanos argentinos mayores de edad -incluso quienes residan en el exterior con línea local- y busca que la Justicia declare la inconstitucionalidad de la reforma, suspenda su aplicación y restituya los niveles de protección ambiental vigentes. El objetivo central es frenar cambios que, según sostienen, pondrían en riesgo los glaciares y las reservas estratégicas de agua dulce.

Amparos en cadena en todo el país

La judicialización no se limita a esta presentación. Según pudo reconstruir Ámbito Energy Report, ya se preparan amparos en múltiples jurisdicciones: Mendoza, Neuquén, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires serán algunos de los epicentros de la ofensiva judicial.

La estrategia de los detractores es clara: multiplicar las presentaciones para frenar la aplicación de la ley en distintos puntos del país y generar presión institucional. En paralelo, el oficialismo analiza los mecanismos más eficaces para unificar los expedientes y acelerar su llegada a la Corte.

Si bien el “per saltum” -recurso que permite saltar instancias intermedias- aparece como una herramienta posible, en el Gobierno reconocen que no es la vía preferida, ya que requiere demostrar una “gravedad institucional” que aún genera debate interno.

Neuquén y La Pampa: el agua como eje del conflicto

Dos provincias ya dieron el primer paso concreto en la Justicia: Neuquén y La Pampa.

En el caso neuquino, un grupo de diputados provinciales presentó un amparo contra la reforma, argumentando que pone en riesgo el acceso al agua y compromete recursos estratégicos. “Presentamos este amparo porque la reforma de la Ley de Glaciares debilita la protección del agua y pone en riesgo recursos esenciales para Neuquén”, afirmó la diputada Cecilia Papa, de Unión por la Patria.

Para los neuquinos, la preocupación no es menor: en la provincia existen más de 500 cuerpos de hielo que abastecen múltiples actividades productivas. El legislador provincial y exsecretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, fue categórico: “El agua no se negocia. Sin agua no hay producción, no hay trabajo, no hay vida”.

Por su parte, La Pampa también judicializó la norma a través de un amparo colectivo presentado junto a la Universidad Nacional de La Pampa y organizaciones ambientales. El argumento central: aunque no tiene glaciares propios, depende de ríos de origen glaciar.

“El daño no es abstracto, es real. Si no llega agua en cantidad y calidad al río Colorado, lo van a sufrir todos los habitantes”, advirtió la fiscal de Estado, Romina Schmidt. El gobernador Sergio Ziliotto fue aún más directo: “A partir de esta ley va a haber menos agua”.

La provincia, que mantiene conflictos históricos por el uso del agua -como el caso del río Atuel con Mendoza-, considera que cualquier alteración en los ecosistemas glaciares puede agravar su situación hídrica.

Minería, inversiones y seguridad jurídica

Mientras tanto, desde el sector productivo y las provincias cordilleranas se observa el proceso con otra preocupación: la falta de certeza jurídica. Es que la adecuación de la ley de Glaciares es vista como una pieza clave para destrabar proyectos mineros, especialmente de cobre, oro y otros minerales estratégicos.

Para la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), las modificaciones fueron “una decisión de gran relevancia institucional, productiva y ambiental para la Argentina”. Desde la entidad señalaron que la reforma representa “un avance para incrementar la previsibilidad normativa”, un factor clave para atraer inversiones y desarrollar una industria que consideran estratégica para el empleo y las economías regionales.

En ese sentido, destacaron que la actualización normativa permite “establecer criterios más precisos para la identificación y protección efectiva de los glaciares”, al tiempo que “clarifica dónde es posible desarrollar actividades productivas bajo estrictos estándares ambientales”, lo que -según remarcaron- ayuda a reducir la incertidumbre sin resignar la protección de los recursos hídricos. “La minería responsable requiere reglas claras y control efectivo”, afirmaron.

Por último, la CAEM subrayó que la reforma “reafirma el rol indelegable de las provincias como titulares y protectoras de los recursos naturales” y confiaron en que permitirá “destrabar inversiones relevantes, avanzar en nuevos proyectos y consolidar una minería moderna, sostenible”, en línea con una estrategia de desarrollo de largo plazo.

Sin embargo, la judicialización podría demorar inversiones millonarias en un contexto donde Argentina busca posicionarse como proveedor global de recursos.

En este escenario, la Corte Suprema se convierte en el árbitro final de un conflicto que trasciende lo ambiental y lo productivo, y que impacta directamente en la estrategia de desarrollo del país.

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