La norma fue sancionada en 2010 y estaba en suspenso por un planteo judicial. Mineras y la provincia de San Juan habían accionado. Satisfacción de ambientalistas.
Carla Melicci
El Gobierno nacional recibió con cautela el fallo emitido ayer por la Corte Suprema de Justicia, que avaló por unanimidad la ley de glaciares, y ratificó que seguirá trabajando con las provincias para potenciar el sector minero con políticas de cuidado de los recursos naturales.
"Celebro que finalmente nos pongamos todos de acuerdo en que tenemos que trabajar dentro de la ley, que las leyes no puedan estar promulgadas para que no sean reglamentadas, tienen que ser cumplidas y eso nos va a dar previsibilidad, seriedad y hará que volvamos al mundo a insertarnos inteligentemente, preguntándonos si otros países pueden hacer minería, por qué la Argentina no lo puede desarrollar", afirmó Sergio Bergman, secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Desde la Secretaría de Política Minera del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, consideraron que el fallo de la Corte, respecto de la constitucionalidad de la ley de glaciares, "brinda certeza al definir la cuestión que se discutía desde hacía tiempo".
A través de un comunicado, desde la cartera que conduce Carolina Sánchez, señalaron que "es política de Estado la protección del medioambiente y el desarrollo de la minería en la Argentina". "Trabajamos con las provincias para potenciar el sector minero, muy incipiente aún en nuestro país, cuidando los recursos naturales", sostuvo Sánchez, y agregó: "Coincidimos con el fallo sobre la necesidad del federalismo de concertación".
La Corte rechazó la demanda de inconstitucionalidad de la ley 26.639 que habían presentado las empresas Barrick Gold y Minera Argentina Gold, concesionarias del emprendimiento Pascua Lama, que involucra a Argentina y a Chile. También fallaron en contra de la provincia de San Juan, que había adherido al planteo de las empresas mineras y mantenía la aplicación de la normativa en suspenso.
La ley de preservación de los glaciares y del ambiente periglacial fue sancionada en 2010 y se reglamentó en febrero de 2011, con el gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner, quien en 2008 había vetado una ley sobre el tema con base en el proyecto de la entonces diputada Marta Maffei.
La normativa actual establece los presupuestos mínimos para "la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad, como fuente de información científica y como atractivo turístico".
Los fundamentos
Entre los fundamentos que firmaron los ministros Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, figura que ambas empresas "no habían demostrado que el sistema de preservación de los glaciares establecido por el Congreso Nacional les generase algún tipo de daño en su derecho de explotación minera".
A su vez, señalaron que la provincia de San Juan tampoco había podido explicar "en qué medida la existencia de la ley de glaciares le generaba agravio" y recordaron que "la Constitución Nacional establece que la protección del ambiente es una tarea conjunta del Gobierno nacional y de las provincias".
En este sentido, los magistrados argumentaron que la protección de los glaciares en Argentina "implica una densa y compleja tarea política que deben cumplir conjuntamente el Estado nacional y las provincias para coordinar eficazmente sus diversos intereses", al tiempo que hicieron mención a la preservación y conservación de los glaciares como "reservas estratégicas" proveedoras de agua para el planeta.
Desde la Corte también destacaron que la lectura propuesta del fallo "se inscribe en el consenso internacional que aprobó el Acuerdo de París en 2015, ratificado por la República Argentina en 2016, sobre calentamiento climático".
A través de un comunicado de prensa en conjunto, Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas celebraron el fallo de la Corte y sostuvieron que "marca un hito para la preservación de los glaciares".
A su vez, precisaron que "pone un freno a los 44 proyectos mineros cercanos o sobre cuerpos de hielo que están evaluados, según un documento de la Secretaría de Ambiente de la Nación".
Bergman dijo que "no corresponde a la Secretaría de Ambiente de la Nación la evaluación de ningún proyecto en un territorio provincial". "Lo que sí hay es que, de los diferentes proyectos que están declarados, existe la posibilidad de poner los puntos sobre los inventarios que se hicieron y ver dónde condicen o no, pero eso no significa un dictamen de que se puedan hacer o no", explicó.
La historia de la ley: una década en litigio
Primera ley y veto K. El 10 de noviembre de 2008, al poco tiempo de ser sancionada la primera ley de glaciares, Cristina Fernández de Kirchner la vetó argumentando que excedía las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41° de la Constitución.
Nueva aprobación. En octubre de 2010, fue aprobada una nueva normativa presentada por el diputado Miguel Bonasso y que incorporó las propuestas del legislador oficialista (entonces, del FPV) Daniel Filmus.
Reglamentación. Se publica la reglamentación definitiva en 2011, la cual faculta al Ianigla a realizar el primer inventario de glaciares del país.
Cautelar. Una medida cautelar interpuesta por la empresa Barrick Gold frenó momentáneamente la ley en 2011. Esta decisión de la Justicia de San Juan fue revertida por la Corte Suprema al poco tiempo. Pero quedó por resolverse la cuestión de fondo.
Derrame. En marzo de 2017 se conoció el caso de derrame de líquidos con cianuro de la mina Veladero, de Barrick Gold. Por unos meses, el emprendimiento suspendió las actividades por decisión judicial.
Imputación. En diciembre de 2017, la Justicia imputó a directivos de la empresa, a exfuncionarios de la Nación y al científico Ricardo Villalba, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), debido al derrame.
Inventario listo. En mayo de 2018, el Ianigla anunció la finalización del inventario de glaciares. Argentina cuenta con 16.968 cuerpos que representan 8.484 kilómetros cuadrados cubiertos de hielo.
Fallo final. Ayer la Corte Suprema de la Nación ratificó la constitucionalidad de la ley que había sido puesta es cuestión por una denuncia de la empresa minera Barrick Gold en 2011.
La Voz
