La pelea por la Ley de Glaciares se dirimió en las calles sanjuaninas

Asambleas ambientalistas de San Juan, Calingasta, Jáchal y Valle Fértil se manifestaron con otros colectivos por el microcentro.

La Plaza 25 de Mayo fue el epicentro de la protesta en contra de la reforma de la norma que protege recursos hídricos en cordillera. El tratamiento legislativo en el Congreso de la Nación fue postergado.

Con la consigna “El agua es de los pueblos”, colectivos sociales, ambientalistas y asambleas comunitarias marcharon por la Plaza 25 de Mayo y arterias adyacentes para expresarse en contra de las posibles modificaciones a la vigente Ley de Glaciares, tema urgente que está discusión en el Congreso de la Nación, pero que hasta el momento tiene postergado su tratamiento.

La tranquila tarde del miércoles en el microcentro se vio alterada entre sirenas, cantos con altoparlantes, repiques de percusión y bombo, pero con un mensaje contundente por las calles sanjuaninas “la Ley de Glaciares no se toca”

La concentración de los manifestantes tuvo su punto de encuentro en el corazón de la plaza. Luego, la columna se movilizó por Ignacio de la Roza, hasta Avenida Rioja y de allí, giró hasta Avenida Del Libertador hasta calle Mendoza y terminar nuevamente en la plaza principal.

Participaron referentes de las asambleas ambientales de San Juan, Jáchal, Calingasta y Valle Fértil, sobre el final de la marcha, realizaron un debate abierto con exposiciones y discursos de diversas voces que tuvieron en común el pedido a los senadores Sergio Uñac, María Giménez y Bruno Olivera para que se expresen con el voto negativo a la reforma de la ley nacional 26.639.

La discusión por dicha norma, cuyo nombre original es “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, sancionada en 2010, volvió a ponerse en la mesa por voluntad del gobierno nacional de Javier Milei al ingresarlo dentro de las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional.

Aunque en aquel tiempo el debate parlamentario había quedado saldado, con la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, pone en cuestionamiento la norma para que se favorezcan los proyectos de gran minería extractiva puedan tener el marco legal allanado con el fin de expandirse y desarrollarse en los territorios de las provincias interesadas, entre las que se encuentra San Juan.

En plena manifestación, DIARIO HUARPE recopiló testimonios destacados de algunas voces protagonistas de la jornada. Saúl Ceballos, de la Asamblea “Jáchal no se Toca”, opinó que “esta ley protege a todos los glaciares existentes, no depende su dimensión y todos deben ser protegidos. La modificación de la ley, quiere dejar a criterio de cada provincia que defina qué es un glaciar y qué aporte hídrico tenga. Eso haría que se saquen varios glaciares y periglaciares del inventario y puedan destruirlos sin consecuencias legales. El problema es que aportan agua fundamental cuando tenemos un largo período que no cae nieve suficiente en cordillera”.

Agustín Martínez, de la Asamblea Agüita Pura para San Juan afirmó que “estamos en contra de que se cambie la ley, porque el objetivo es establecer proyectos mineros y extractivistas en zonas de glaciares y periglaciares, con la excusa que las zonas ya no aportan agua. Pero nosotros decimos que sí aportan caudal porque en momentos de sequía que tenemos, nutre los acuíferos de los ríos. La megaminería contamina y eso está demostrado, no trae los aportes económicos significativos para la mayoría de la población, que ni siquiera tenemos decisión sobre este tema, es una decisión unilateral entre gobernadores, municipios y empresas mineras”.

Por último, Ignacio Esteban, que viene de la Asamblea por el Agua del Valle de Calingasta, manifestó que “este intento de transformar la ley atenta directamente contra los recursos hídricos que les pertenece a todos. Que se tome conciencia sobre esta problemática es importante. Hay que interiorizarse y participar en todos los espacios. Se quieren flexibilizar puntos clave y cuando se decida quitar un glaciar del inventario nacional, estará más basado en una decisión política y económica y no ambiental. Porque se dejará de lado lo que dice el Instituto Nacional de Glaciología y Glaciología”.

Las claves del disenso

Según argumentan los sectores ambientalistas, es que la reforma busca “flexibilizar” lo que hoy es una protección absoluta. Los principales cuestionamientos se centran en tres cambios de definiciones. Primero en el “achicamiento” de los glaciares.

La reforma propone proteger solo los glaciares que tengan una superficie considerable y que estén incluidos en el Inventario Nacional. Esto dejaría desprotegidos a “glaciares de escombro” o cuerpos menores que, aunque pequeños, son fundamentales para mantener el caudal de los ríos en zonas áridas. Segundo, el “reperfilamiento” del ambiente periglacial.

Actualmente, la ley protege todo suelo congelado (permafrost) que actúe como regulador hídrico. El nuevo proyecto busca que solo se proteja el ambiente periglacial “activo” que sea una “reserva hídrica relevante”. El problema es que “relevante” es un término ambiguo que queda sujeto a interpretación política y no científica.

Por último, la transferencia de facultades a las provincias en el manejo de los recursos naturales es otro punto muy cuestionado. Se busca que sean los gobernadores quienes decidan, mediante evaluaciones de impacto ambiental locales, qué zona es protegida y cuál no.

En la otra vereda, los sectores interesados en que avance la reforma son la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) por un lado, que sostiene que la ley actual es un “tapón” para inversiones de más de 20.000 millones de dólares. Y por otro lado, las transnacionales Barrick Gold, Glencore y Lundin Mining. Desde sus argumentaciones, postulan que las definiciones actuales de la norma vigente son “demasiado amplias” y que hoy es ilegal hacer minería incluso donde no hay hielo visible, solo por ser zona periglacial.

En este contexto, el apoyo político de los bloques provinciales de Salta, Catamarca, Jujuy, San Juan, Tucumán y Mendoza para la modificación de la ley estaría encaminado, solo que faltan definir los votos suficientes para aprobar los cambios, dado que todavía las negociaciones siguen abiertas. No obstante, las posiciones de los gobernadores van en línea con la postura que los recursos naturales son de las provincias y que la Ley de Glaciares es una “intromisión porteña y ambientalista extrema” que impide el desarrollo local y la generación de regalías genuinas.

El Principio de No Regresión

Uno de los mayores obstáculos legales que enfrenta esta reforma es el “Acuerdo de Escazú” que tiene jerarquía superior a las leyes nacionales. Establece que no se puede retroceder en niveles de protección ambiental ya alcanzados. Modificar la ley para habilitar la actividad minera donde hoy está prohibido es, según los juristas, inconstitucional. La apuesta del gobierno es que la urgencia económica y la promesa de dólares frescos del RIGI pesen más que las presentaciones judiciales.

Finalmente, como señalaron especialistas, aunque la reforma logre aprobarse, posiblemente venga un largo período de judicialización y amparos que hagan extender más el conflicto. En Argentina, los derechos ambientales son “progresivos”. Si una empresa empieza a operar gracias a una ley que bajó el estándar de protección, cualquier ONG o ciudadano puede ir a la Corte Suprema. Esto significa que, aunque tengan la nueva ley con las modificaciones vigentes, las inversiones de los proyectos podrían quedar truncadas dado que los procesos judiciales y amparos demandarían unos 10 o 15 años más y que ni el RIGI podría destrabar de manera sencilla.

Postergación indefinida

En simultáneo, hubo manifestaciones en plazas centrales de otras ciudades en el país. En el Congreso Nacional, el tratamiento de la Ley de Glaciares quedó demorado y se vuelve a postergar por un cambio de estrategia del oficialismo, dado que está concentrando todas sus energías para que se apruebe la Reforma Laboral. 

La decisión se formalizó al no incluir el proyecto en la convocatoria a sesión extraordinaria prevista para la próxima semana. Aunque el Gobierno nacional asegura que cuenta con los votos necesarios para avanzar, admite que el tratamiento no cuenta con los tiempos legislativos suficientes.

De todas formas, ante la evidente falta de consenso social, la discusión sigue dividiendo a la sociedad entre dos posturas claramente antagónicas entre sí: en una esquina, la promesa de miles de puestos de trabajo genuinos y desarrollo de proveedores locales; en la esquina opuesta, el temor de que, en un contexto de crisis climática y sequía histórica, se estén “rematando” las escasas reservas hídricas naturales que sostienen la agricultura y la vida económica de la provincia.

Diario Huarpe