La Pampa tiene su propia ley de cianuro, similar a la 7722 de Mendoza
- 27 de enero, 2020
Aunque no existen yacimientos metalíferos en explotación, en la provincia de La Pampa rige una ley que prohíbe la utilización de «toda sustancia química contaminante» en la actividad minera dentro de su territorio. Se trata de la ley 2349, sancionada en el año 2007, que impide la aplicación de sustancias como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, e impone a las empresas que los estuvieran utilizando, reconvertir sus procesos productivos. La ley 2349 fue sancionada por la Legislatura provincial en agosto del año 2007, promulgada a principios de septiembre y publicada en el Boletín Oficial de la provincia Nº 2.753, del viernes 14 de septiembre de ese año. F
Aunque no existen yacimientos metalíferos en explotación, en la provincia de La Pampa rige una ley que prohíbe la utilización de «toda sustancia química contaminante» en la actividad minera dentro de su territorio. Se trata de la ley 2349, sancionada en el año 2007, que impide la aplicación de sustancias como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, e impone a las empresas que los estuvieran utilizando, reconvertir sus procesos productivos.
La ley 2349 fue sancionada por la Legislatura provincial en agosto del año 2007, promulgada a principios de septiembre y publicada en el Boletín Oficial de la provincia Nº 2.753, del viernes 14 de septiembre de ese año. Fue para la misma época que en la provincia de Mendoza se aprobó la ley 7722, que sentó un precedente en este sentido.
El texto de la ley pampeana es breve y se limita a tres artículos. El primero establece la prohibición para todo el territorio pampeano de «la utilización de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y toda sustancia química contaminante en el proceso de cateo, prospección, extracción, explotación, tratamiento y/o industrialización de minerales metalíferos» y en el segundo extiende la prohibición a «la explotación minera de minerales metalíferos a cielo abierto».
El tercero dispone que «las empresas y/o personas, que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley posean la titularidad de concesiones de yacimientos minerales de primera categoría, y/o aquellas que industrialicen dichos minerales, deben adecuar todos sus procesos a las previsiones del artículo anterior».
En la sesión en que se aprobó la norma, el diputado justicialista César Ballari ofició de presidente de la Legislatura; el actual vicegobernador Mariano Fernández era el secretario legislativo y la promulgación estuvo a cargo de Juan Ramón Garay, entonces secretario General de la Gobernación y ahora ministro de Obras Públicas de la provincia.
Actividad pionera.
Más allá de la prohibición de la ley, nuestro territorio no ha sido favorecido con yacimientos de minerales metalíferos que presenten la factibilidad económica para su explotación.
La minería en nuestra provincia es una actividad antigua, preexistente a la ganadería y la agricultura, que se practica de la mano de la extracción del cloruro de sodio, la sal de mesa, en varias salinas ubicadas en el sureste de la provincia y en el centro sur.
El resto de las extracciones mineras que se realizan lo hacen en minerales no metalíferos, tanto de aplicación industrial como en la construcción.
Junto con la recolección de sal, otra actividad minera que se practicó en nuestra provincia, aunque no prosperó en el tiempo, fue la extracción de cobre en las cercanías de las sierras de Lihué Calel.
Ley mendocina.
Entre los últimos días del año 2019 y los primeros de 2020, se suscitó en la provincia de Mendoza un intenso debate, con importante movilización popular, en torno a la utilización de sustancias como cianuro y ácido sulfúrico en las actividades mineras. El debate fue más allá y abarcó a toda práctica minera metalífera dentro de Mendoza, que sí posee yacimientos explotables.
El debate y la defensa de la ley 7722 fue promovida por grupos ambientalistas que resistieron firmemente los cambios a la norma y lograron que se la derogara a una semana de sancionada.
Solidaridad.
El debate fue seguido con mucho interés por nuestra provincia, que desde el principio mostró su solidaridad con la luchas de las organizaciones mendocinas pero exigió que la defensa del agua incluyera también a los ríos compartidos, permanentemente castigados por la apropiación del recurso.
Algunas organizaciones sintonizaron esta frecuencia e incluyeron a la provincia, y alguna hasta se comunicó con la Redacción de este diario para sumar adhesiones
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