Tras la directiva del juez federal Casanello y el pedido de la justicia local de no intromisión, se espera una respuesta del máximo tribunal argentino.
Después de haber procesado a los funcionarios nacionales de Minería Jorge Mayoral y de Ambiente Sergio Lorusso por la investigación del derrame en Veladero, el juez federal Sebastián Casanello sacó una resolución ordenando nuevas muestras de sangre y por ello desde la Segunda Circunscripción Judicial reaccionaron con un pedido de abstención por ignorar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que, el 5 de mayo de 2016, dividió la competencia jurisdiccional de la causa.
Ante una nueva intromisión del magistrado federal, el juez sanjuanino Hugo Quiroga envió un escrito en el que le solicitan que no intervenga en la investigación pero todavía no obtiene ningún tipo de respuesta ya que inició la feria judicial en Capital Federal. Sin embargo, el mismo no descartó que la máxima autoridad argentina en términos de justicia deba accionar en el caso si Casanello continúa con los procedimientos.
Es que si la respuesta del juez a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 7 de Capital Federal es rechazar el exhorto sanjuanino, Quiroga señaló que será deber del máximo tribunal intervenir y dejar en claro cuáles son las condiciones de competencia. "De ser necesario, podría intervenir nuevamente si se presenta el conflicto jurisdiccional", dijo y sostuvo nuevamente: "Ignora el fallo de la Corte".
Si bien Quiroga es un nuevo nombre al frente del proceso de investigación, ya que previamente estuvo Pablo Oritja, lo que no es novedad es el accionar de Casanello que ya obligó a la Corte a fallar y darle la derecha a la justicia local para que lleve adelante la investigación sobre el derrame en la mina. Antes, Oritja había pedido que se inhibiera a intervenirr y Casanello se negó a hacerlo porque entendía que a él le correspondía seguir investigando.
En aquella oportunidad, resolvió el tema de jurisdicción: el juez provincial de Jáchal debía investigar la responsabilidad de los directivos de la empresa y funcionarios locales y el juez federal a los funcionarios nacionales.
La Corte Suprema enfatizó, en su determinación, la importancia de resguardar la jurisdicción de los jueces provinciales dado que la Constitución Nacional garantiza como principio fundacional del federalismo el reconocimiento de su autonomía.
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