En estado de excepción permanente

La acción de un gobierno debe atender tres planos simultáneos:

La coyuntura, para resolver desequilibrios transitorios; la estructura legal, para adaptarla al ideario propio y a los tiempos; el marco institucional, base y red de contención para los anteriores. Tienen que implementarse unidos y como una secuencia. Casi sin excepción, la historia argentina reciente deja en claro que los gobiernos se centraron en la coyuntura y la estructura legal.

En el primer caso para domar dos variables que se han vuelto imposibles: inflación y tipo de cambio; siempre recurriendo a planes que se repiten, remixados, para justificar algo de originalidad. En el segundo, para adaptar el ordenamiento a las ideas políticas de turno, lo que nos llevó a una vida de extremos, desde desregulaciones profundas a estatismos asfixiantes. Tal vez por el dictum keynesiano de que, en el largo tiempo, todos estaremos muertos, el marco institucional ha quedado en el olvido. Nublados por el aquí y ahora, no terminamos de entender que es esta la razón del declive sostenido argentino. La explicación es que las leyes se pueden cambiar una y otra vez, de acuerdo a la moda y el paladar ideológico de turno. Y eso impacta indefectiblemente en la coyuntura. Sin un marco institucional que sirva de contención y le dé estabilidad, todo termina siempre en un estado de excepción permanente, ese en el que desde hace años estamos inmersos, crisis tras crisis.

Viajemos al presente, donde hay dos pilares que encienden todas las alarmas: la moneda y la justicia. Traducido: la independencia del banco central, supeditado explícitamente, en fondo y forma, a la política económica de turno; y la de la Corte Suprema, con postulaciones polémicas, que dejan entrever acuerdos espurios con lo más rancio del establishment político y empresario, la verdadera casta.

Hay una línea de pensamiento que subyace: tercerización institucional. En el caso de la moneda, llevado al extremo, renunciando a un símbolo e instrumento central de política monetaria, a través de la dolarización, con el argumento absurdo de que como no podemos manejar la tentación, mejor extirpar y a otra cosa. En el caso de la justicia, con un combo de intervención del máximo tribunal, más la tercerización a tribunales arbitrales del exterior para unos pocos privilegiados, aquellos que bajo el RIGI invierten más de 200 millones de dólares.

¿Qué se puede esperar de un país que renuncia a su moneda y a su sistema de justicia de esa manera? Por más que se estabilice la inflación, por más que se cree un marco especial para la inversión con la ley de bases, el trasfondo es que la coyuntura y el marco legal pueden mutar o ser modificados a la primera de cambio. Sin un marco institucional todo se vuelve efímero.

Sin justicia y un banco central independiente sencillamente no hay futuro, por más buenas intenciones. Cambio sin instituciones es una palabra vacía. Falta un cambio de orden cultural. Y eso no se logra ni con gritos, ni con twits ni con marketing; sólo es posible con república y estado de derecho, lo único que puede sacarnos del mundo de la excepción. No es tan difícil de entender.

ESF

Prensa GeoMinera