Sostienen fuentes cercanas al máximo tribunal que el borrador ya circula entre los jueces. Y por lo menos tres de ellos tendrían definido su voto a favor de declarar la constitucionalidad de la ley.
El debate por el medio ambiente en la Argentina es intermitente: a menudo reaparece por algún hecho específico, pero de inmediato, se plancha y desaparece. Hace 10 años, con la mayoría de ambas cámaras, se aprobó la ley de glaciares, cuyo objetivo es preservar los recursos hídricos del país y definir entre otras cosas dónde puede haber minería y dónde no.
El 10 de noviembre de 2008 Cristina Kirchner la vetó, argumentando que excedía las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución. Lo que vino después fue la reglamentación definitiva en 2011.
Durante los años siguientes, por medio de amparos judiciales, la aplicación de la norma fue quedando en suspenso. Mientras tanto el Instituto Argentino de Glaciología, el IANIGLA, llevó adelante el conteo de todos los glaciares del país, un inventario que la misma ley ordenaba que se hiciera.
Hace un año se conoció el resultado de ese relevamiento. En la Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la Cordillera y 890 en las Islas del Atlántico Sur). Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.
Según ese inventario y según un informe técnico de la Secretaría de Medio Ambiente, hay 40 proyectos mineros en la Cordillera de los Andes que violarían la ley de glaciares, es decir, que en términos ecológicos su desarrollo implicaría la degradación de esos cuerpos de agua.
Son 40 proyectos de gran envergadura (ubicados en San Juan, La Rioja y Catamarca) que representan un volumen de inversiones de fuerte impacto para las provincias. El Gobierno Nacional lo sabe desde hace tiempo y por esa razón en 2017 se conoció un borrador diseñado por técnicos de la Secretaría de Minería para modificar determinados aspectos de la ley.
La lectura que hacen en el Gobierno Nacional es que si consiguieran cambiar la ley no se frenarían las inversiones millonarias para el país prometidas por el sector. De hecho desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), ya manifestaron que lo que suceda con la ley de glaciares será clave para dar previsibilidad a los proyectos de largo plazo.
Pero todo esto está condicionado por la cuestión de fondo que la Corte Suprema debe resolver en las próximas semanas.
La cuenta regresiva
En 2011, Barrick Gold planteó ante la Justicia de San Juan la inconstitucionalidad de la ley. Pasaron ocho años y esa definición está ahora mismo en la agenda inmediata de la Corte Suprema.
Según sostienen fuentes cercanas a la Corte, el borrador ya circula entre los jueces. Y por lo menos tres de ellos tendrían definido su voto a favor de declarar la constitucionalidad de la ley: Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. "Las vocalías -dicen a Clarín- están comenzado a definirse". Las mismas fuentes aseguran: "El fallo definitivo podría estar antes del receso de julio". Según pudo confirmar Clarín, la vocalía de Rosenkrantz entregó su proyecto de sentencia el lunes pasado.
La mayoría de la Corte parece orientada a una decisión por la constitucionalidad de la norma. Es una definición que perjudicaría el negocio minero. Por elevación, también sería un golpe para el Gobierno de Macri.
"Pero si ocurriera lo contrario, también sería un escándalo -advierte el abogado ambientalista Enrique Viale-. Si declararan inconstitucional la ley de glaciares, sería como negarle al parlamento la posibilidad de legislar sobre los recursos naturales de toda la Argentina. Se caerían todas las leyes, la ley de bosque, todo el ordenamiento jurídico".
Básicamente, lo que planteó Barrick Gold en las acciones que dieron inicio a esta contienda es que cada provincia debe decidir sobre el uso que hace de sus recursos y no el Congreso. Es lo mismo que plantean los empresarios mineros en general y los gobernadores de las provincias donde existe la actividad.
Fuente: Clarín
Diario Huarpe
