De qué se trata el proyecto destinado a la industria automotriz que busca incentivar inversiones

El gobierno analiza enviarlo para su discusión en sesiones extraordinarias.

 

Pero las críticas al proyecto no tardaron en escucharse por uno de los artículos en el que establece que a partir de 2041 estará prohibido vender vehículos a nafta, gas y gasoil.

El proyecto de Ley de Promoción de la Movilidad Sustentable -que el Poder Ejecutivo analiza enviar al Congreso para su discusión en sesiones extraordinarias- promueve incentivos y objetivos a 20 años para impulsar en Argentina la utilización de tecnologías más "verdes" para la movilidad. Se trata de un proyecto clave para la industria automotriz y, como suele suceder, no estuvo lejos de las críticas.

"La iniciativa establece un marco mejor definido para comenzar a hablar de eventuales inversiones en tecnologías eléctricas", se destacó en un documento de trabajo del sector. El proyecto hace hincapié en el desarrollo de la cadena del litio y la fabricación de baterías, por lo que "el impacto excedería incluso a la industria automotriz", ya que en el sector minero, por ejemplo, hay iniciativas por miles de millones de dólares asociados a la extracción de este mineral y del cobre.

El régimen que se creará será temporal y ofrecerá beneficios (decrecientes en el tiempo) durante 20 años, y prevé la promoción de partes y conjuntos. De aprobarse el proyecto, a partir del año 2041 no podrán venderse más vehículos de combustión interna en todo el territorio nacional, y la nueva ley obligaría también al Estado Nacional a respetar cuotas de eléctricos en la reposición de la flota oficial y en el recambio de la flota de autotransporte de pasajeros.

Del lado de la demanda, el proyecto establece la creación de un Bono Verde en forma de descuento directo sobre el precio de un vehículo y el equipo de recarga, además, los vehículos eléctricos no sumarán en la base imponible para el cálculo del impuesto a los bienes personales.

Desde la oferta, incluye beneficios fiscales (estáticos) para la instalación de proyectos productivos de movilidad sustentable y otros beneficios fiscales (dinámicos) contra el cumplimiento de metas pre-fijadas de exportaciones, creación de empleo, mejora tecnológica, productividad y desarrollo de proveedores.

También prevé la creación de la Agencia Nacional de Movilidad Sustentable que funcionará como órgano de control e implementación del Régimen y tendrá funciones de análisis de tendencias globales en términos de normativa y certificaciones, además del seguimiento de los cambios tecnológicos del sector. Finalmente, un punto importante del proyecto es, también, la creación del Fondo Fiduciario de la Movilidad Sustentable (FODEMS) cuyo propósito es el de garantizar la disponibilidad y sustentabilidad del financiamiento que requerirá el Régimen durante los 20 años en los que operará. El FODEMS se financiaría, en principio, con recursos del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, además de recibir fondos del Tesoro Nacional y ONGs.

Pero las críticas al proyecto no tardaron en escucharse. Principalmente de los petroleros: afirman que prohibir la venta de vehículos a combustión interna dentro de 20 años se contradice con la idea de impulsar Vaca Muerta con el objetivo de generar divisas, al mismo tiempo que le sacaría progresivamente cuota de mercado. Al mismo tiempo, otro de los argumentos más escuchados refiere al impacto en consumo de la energía eléctrica además de que beneficiarían, en el mercado local, a los sectores con más altos ingresos capaces de costear los autos eléctricos.

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