Hoy se pronunciará sobre validez de sentencias dictadas por jurados en provincias donde ya implementaron sistema. Próximos 15 días: juicio de Barrick y lesa humanidad.
Por Gabriel Morini
Después de dos semanas de impasse, que incluyeron la ausencia temporaria de sus máximas autoridades, la Corte Suprema calienta motores para continuar con su agenda de fallos programados. Ya están fijadas las fechas para tres audiencias públicas clave. Sobre todo la que hará que 40 intendentes -fundamentalmente del conurbano- expongan en un litigio contra las petroleras para continuar percibiendo tasa de seguridad e higiene en sus municipios. Pero hoy, con su integración recuperada, está previsto que la Corte dé a conocer la sentencia sobre la causa "Canales", más dirigida a zanjar un dilema jurídico pero que tendrá incidencia en uno de los "issues" que a nivel constitucional, han sido más difíciles de implementar para el Poder Judicial: el juicio por jurados populares.
En la causa se discute si las provincias pueden establecer el sistema de juicio por jurados y si, eventualmente, su introducción por una ley local que entró en vigencia durante el trámite de la causa afecta la garantía del juez natural. En síntesis, si es válida una sentencia emanada a partir de este sistema. La autonomía de las provincias, ligado a la cuestión federal, sobrevolará el trasfondo de la decisión, donde varias provincias han avanzado en su implementación. El caso lleva el nombre de uno de los imputados que fueron juzgados en 2014 por un homicidio ocurrido un año antes en la provincia de Neuquén. Hubo veredicto condenatorio (de mayoría) bajo el nuevo Código Procesal Penal que incluía la participación popular. Las defensas argumentaron que la provincia no tendría potestad para haber legislado el juicio por jurados por estar la cuestión delegada en el Estado federal y que también debería especificarse que el veredicto (cuando es prisión perpetua) debiera ser unánime, como ocurre por caso en la provincia de Buenos Aires. El "leading case" sobre juicio por jurados escaló a la Corte tras múltiples rechazos de anteriores instancias.
Elena Highton de Nolasco, luego de pedir una licencia de 15 días, es esperada en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. A su ausencia, se sumó la del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, que declinó exponer en un roadshow de inversiones con la plana mayor del Gobierno y que había caído muy mal entre el resto de los ministros del máximo Tribunal. Su lugar lo tomó finalmente el procurador nacional del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, y con esa decisión se aplacaron los ánimos en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, donde estallan las internas.
Para el próximo martes 7 la Corte se expedirá en una sentencia para el caso "Ingegnieros", que involucra al holding Techint. Recibida desde la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el caso refiere a una acción civil ligada a un delito de lesa humanidad, por la desaparición forzada de Enrique Roberto Ingegnieros, secuestrado en 1977 en la obra "Ampliación Dalmine" por un grupo de tareas y que continúa desaparecido. Su hija entabló una demanda bajo la ley de accidentes de trabajo por haber sido secuestrado en horario y sede de su trabajo, y agregó que podría haber existido colaboración de la empresa para perfeccionar la maniobra contra su padre. La empresa alegó la prescripción de la acción civil -por resarcimiento económico a partir de su responsabilidad sobre sus trabajadores- basada en que el juicio había sido iniciado en 2008. Por mayoría, la Cámara le dio la razón a la demandante de acuerdo a la imprescriptibilidad de la demanda. El dictamen de la Procuración también lo hizo. La Corte tiene un antecedente donde falló en contrario: en 2017 reafirmó en la causa "Villamil" que las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad. Aquel voto fue firmado por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz.
Pero otro plato fuerte se dará una semana después: el 14 de mayo, la Corte fallará en el caso de la minera Barrick Gold contra la ley de glaciares y se pronunciará sobre su constitucionalidad. Luego, pondrá proa hacia las audiencias públicas citadas para el 29 de mayo y 6 de junio por la causa Axion versus los municipios y las que llegarán en junio (26 y 27) por el reclamo de 6 provincias contra el decreto presidencial que eliminó el Fondo Sojero. Por último, el 3 y 4 de julio se prevé otra audiencia por el litigio entre la municipalidad de Arroyito y los supermercados chinos que no acataron una ordenanza que les prohibía abrir los días domingo, luego de que la justicia la declarara inconstitucional. Por el momento no hay clima en la Corte para tratar el caso impulsado por el diputado Felipe Solá contra el decreto de Mauricio Macri que permitió a familiares de funcionarios ingresar al blanqueo. En el cuarto piso de Talcahuano 550 deslizaron que causó sorpresa la ausencia de interés del demandante para que el tema sea una de las "sorpresas" que pueden traerle un dolor de cabeza a Mauricio Macri en el primer semestre.
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