Consecuencias. Nuevo acuerdo con FMI pondría freno al avance de electromovilidad en Argentina

Expertos advierten sobre la falta de planificación y los riesgos que enfrenta el país en su transición hacia una matriz más limpia.

Las exigencias del Fondo Monetario Internacional impactan directamente en la política energética y limitan las posibilidades de desarrollo de infraestructura clave para la movilidad eléctrica.

Manuel Parola

En Argentina, el impulso hacia la movilidad eléctrica parecía, al menos en el discurso, una promesa posible. Sin embargo, el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) reconfigura el tablero.

Entre las exigencias para acceder a un nuevo desembolso de crédito, el gobierno decidió eliminar el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF) y avanzar con la privatización de Energía Argentina S.A., dos pilares para avanzar hacia la transición energética.

El golpe es doble. Por un lado, se cancela una herramienta que financiaba la expansión del transporte eléctrico interprovincial y el fortalecimiento de las redes de distribución.

Por otro, se desmantela el rol del Estado en el control de la infraestructura energética, al ceder a manos privadas la empresa que hoy transporta el 86% de la electricidad del país. Todo esto, en un contexto donde los vehículos eléctricos representan menos del 1% del parque automotor y donde los cargadores públicos escasean.

«La condición que te pone el Fondo inhabilita al Estado en lo que es inversión en infraestructura de cualquier tipo, principalmente en el sector energético», explica Nicolás Malinovsky, director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología a Mobility Portal Latinoamérica.

Para el especialista, la eliminación del FFTEF no solo implica el traspaso de miles de millones de pesos al Ministerio de Economía, sino la pérdida de una herramienta concreta para canalizar inversiones en movilidad eléctrica.

“El Estado se queda sin herramientas para sostener una política pública de expansión de la red”, advierte.

Energía Argentina también está en la mira. Su privatización, contemplada en la Ley Bases, genera incertidumbre sobre quién tomará la posta en proyectos estratégicos que requieren visión de largo plazo, como la expansión de corredores eléctricos o la electrificación del transporte público.

“No hay horizonte para pensar en una transición automotriz en 10 años”, sentencia Malinovsky.

A esta falta de infraestructura se suma otro problema estructural: la ausencia de planificación. Una fuente especializada en movilidad energética resume el panorama con crudeza:

“Estamos en una etapa muy primigenia de la electromovilidad. No hay una visión general, ni siquiera un plan nacional que articule incentivos, inversión y desarrollo tecnológico”, dice.

Argentina en el laberinto del FMI

Las señales son contradictorias. Por un lado, se bajan impuestos a la importación de vehículos eléctricos. Por otro, se desfinancia la red de carga. “El sistema está tan tensionado que, si sumás la demanda de los cargadores rápidos, vas a provocar cuellos de botella. Y nadie está pensando en cómo resolver eso”, alerta la misma fuente.

En paralelo, la redacción del nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) prioriza proyectos extractivos orientados a la exportación, pero deja afuera a la infraestructura necesaria para la electromovilidad.

En ese marco, Argentina corre el riesgo de consolidar un modelo de enclave: extraer litio, exportarlo sin industrialización y abrir el mercado local a vehículos eléctricos importados, sin generar empleo ni valor agregado.

«Estados Unidos está subiendo barreras a los autos chinos, mientras Argentina se abre. Entonces, si no protegés tu industria y tu recurso, ¿qué valor le das al litio argentino?«, se pregunta Malinovsky, en alusión al rol incierto que tendrá YPF Litio en la cadena de valor nacional.

El deber de pensar

El panorama energético tampoco ayuda. En 2024, el país alcanzó un pico de demanda de 30.700 MW. Si no se invierte en generación distribuida, energías renovables y almacenamiento, la carga simultánea de miles de vehículos eléctricos podría generar colapsos locales o aumentos tarifarios, sobre todo en el AMBA, donde la red ya opera al límite.

Frente a este escenario, los especialistas coinciden en que hacen falta políticas innovadoras. Paneles solares, baterías de segunda vida y micro redes podrían ser parte de la solución. Pero sin inversión, regulación y voluntad política, difícilmente escalen.

La electromovilidad no crece sola. Requiere planificación estatal, reglas claras y visión de largo plazo. El nuevo acuerdo con el FMI, al priorizar el ajuste fiscal y la liberalización del sector energético, empuja en la dirección contraria.

En lugar de acelerar la transición, la detiene. Y mientras el mundo apuesta por una movilidad más limpia, Argentina parece quedarse, una vez más, a mitad de camino.

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