Chubut: Interesante análisis desde el Off the record de Iván Schargrodsky

El rol de la política y la comparación con Santa Cruz, donde se puede desarrollar perfectamente la minería con licencia social incluida.

La noticia más relevante después del presupuesto de la semana política en la Argentina pasó relativamente desapercibida debajo del aniversario del 19 y 20 de diciembre, en algunos casos, hasta como una suerte de revival a menor escala de aquellas jornadas. La Legislatura de la provincia de Chubut aprobó, por 14 votos contra 11, una ley de zonificación minera que habilitaba la actividad en aquellos departamentos que adhirieran. La norma estableció condiciones muy concretas y relativamente restrictivas, en línea con el marco adoptado tras la movilización masiva en Esquel contra el establecimiento de una mina de oro en las inmediaciones de la ciudad a partir de 2003. Independientemente del debate sobre la peligrosidad de su uso, la nueva legislación preservaba la prohibición de cianuro en la explotación y el mandato de no afectación de los principales cursos de agua potable.

Chubut está dividida en regiones bastante diferentes entre sí, con centro administrativo en Rawson - Trelew, polos turísticos en Puerto Madryn y en la cordillera y petroleros como Comodoro Rivadavia. Ninguno de ellos sería afectado por la actividad minera que se realizaría, en principio, en la meseta, que es la parte más empobrecida y dispersamente habitada de la provincia, -históricamente ligada al pastoreo ovino, una actividad cada vez menos viable por cuestiones de suelo-. Con muchos menos votantes, menos ingresos y, por lo tanto, menos capacidad de ser escuchadas, son las poblaciones de la meseta también las que apoyan en mayor medida el desarrollo de la actividad minera.  La zonificación preservó expresamente la capacidad de cada municipio de no adherir a la ley y, por lo tanto, mantener vedada la actividad en cualquier condición, aun cumpliendo las exigencias de la norma como garantía para las municipalidades que rechazan la minería. Nada de eso alcanzó.

Tras la aprobación de la legislación, sobrevinieron protestas masivas, enfrentadas por una brutal represión estatal, que se tornaron violentas, al punto tal que terminaron en la quema de la Casa de Gobierno. Con los resguardos de la ley, el final parece contraintuitivo. Cuesta no poner el foco, a la hora de buscar culpables, en el gobernador Mariano Arcioni, que accedió a la gobernación haciendo campaña expresa en contra de la megaminería y con una clara postura favorable a su prohibición. Su cambio de postura no ha sido demasiado explicado ni explicable más allá de su actual debilidad política. Esto se expresó en la derrota en las últimas legislativas, donde sus candidatos quedaron en tercer lugar, lo que alimentó las desconfianzas de la ciudadanía sobre un engaño. Del mismo modo, la cuestión del uso del agua para la obtención del mineral, que provendría de una cuenca endorreica no potable, -es decir, un curso sin conexión con el Río Chubut- y que preocupa a los habitantes en un marco de crisis hídrica, tampoco fue adecuadamente abordada en la preparación para la aprobación de la ley. Después de aprobada, y con la situación ya fuera de control, Arcioni tampoco se permitió defender la postura adoptada por la Legislatura, mandó a suspender la ley y a convocar a un plebiscito, donde las localidades más habitadas seguramente se impongan a las comunidades donde se desarrollaría la actividad.

Lindante a Chubut, la provincia de Santa Cruz, gobernada por Alicia Kirchner, es hoy la principal provincia minera del país en minería metalífera, tanto por el volumen de producción como por su contribución a las exportaciones. Con una geografía similar a la de Chubut, turismo en la cordillera y recursos petroleros en la parte atlántica, la explotación del macizo El Deseado para la producción de oro y plata se lleva adelante sin contratiempos sociales. Néstor Kirchner aprovechó la propiedad provincial de los recursos naturales dictada por la Constitución para establecer una empresa estatal que se asocia con las multinacionales capaces de llevar adelante la explotación y mejora el saldo de recursos para la provincia por encima de las regalías previstas por la legislación. Las formas de obtener licencia social son variadas y el ingenio de la política es encontrar maneras. No hay explicaciones a priori para que una actividad se permita en una provincia y se prohíba en la vecina que no sean de correlación de fuerzas políticas. Donde en Santa Cruz hubo política de Estado, en Chubut hubo oportunismo e idas y vueltas constantes frente a una población que inicialmente desconfiaba de las intenciones de sus gobernantes. Un reciente informe del CEP XXI muestra que la minería genera en Argentina miles de empleos bien pagos y alimenta una extensa red de proveedores locales. Lo hace, a pesar de producir metales por alrededor de 3.000 millones de dólares, mientras nuestros vecinos, Chile y Perú, producen entre 25.000 y 30.0000 millones. La licencia social es uno de los frenos más importantes que ha encontrado la actividad que, paradójicamente, mantiene la licencia sin conflictos allí donde fue habilitada. Sólo maximizando instancias de control y de generación de información fidedigna, enfatizando los mecanismos para beneficiar a las provincias y comunidades locales y, por sobre todo, aportando coherencia y conducción desde la política, permitirá el desarrollo de una de las actividades de mayor potencial para que Argentina pueda superar el estancamiento y la restricción externa. Y algunos sectores de la coalición oficialista deberán resolver por qué cuando se les pregunta por un proyecto productivo hablan de déficit fiscal.

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Iván Schargrodsky