Chubut: Casa Patria Chubut rechaza el proyecto de zonificación y crece la interna entre el albertismo y el kirchnerismo por un tema sensible en la Provincia

La entidad que responde al Instituto Patria y que es coordinado en Chubut por la senadora Nancy González, emitió un categórico comunicado oponiéndose a la zonificación de la minería, abriendo una fuerte interna a nivel nacional, principalmente porque mientras el presidente impulsa esta iniciativa, el ala dura del kirchnerismo se opone. Las diferencias entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner son inconciliables y esta vez el epicentro sonó en el corazón de Chubut.

La entidad que responde al Instituto Patria y que es coordinado en Chubut por la senadora Nancy González, emitió un categórico comunicado oponiéndose a la zonificación de la minería, abriendo una fuerte interna a nivel nacional, principalmente porque mientras el presidente impulsa esta iniciativa, el ala dura del kirchnerismo se opone.

Las diferencias entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner son inconciliables y esta vez el epicentro sonó en el corazón de Chubut.

Mientras Fernández jugó fuertemente en el proyecto de zonificación en la Meseta de Chubut a través del secretario de Minería, Alberto Hensel, y del gobernador Mariano Arcioni, el kirchnerismo de paladar negro lanzó una contraofensiva para distanciarse de la figura presidencial y para "respetar" la decisión del pueblo. 

La interna entre el albertismo y el kirchnerismo tuvo esta vez su implosión en Chubut y fue producto de la minería.

Casa Patria Chubut que está bajo la órbita del Instituto Patria, una usina de pensamiento ultrakirchnerista, emitió un comunicado tajante contra el proyecto de zonificación minera en la Meseta del Chubut.

"Militantes de distintos sectores políticos nucleados en Casa Patria Chubut manifestamos, por la presente declaración, nuestro rechazo al proyecto de Ley ingresado en la Legislatura Provincial bajo el número 128/20, al que se lo denominara Desarrollo Industrial Minero Metalífero de la Provincia de Chubut, originado en el Poder Ejecutivo Provincial, así como a cualquier intento de desarrollo de actividades megamineras en el ámbito de la provincia del Chubut y de nuestro país; por las razones que, entre muchas otras, pasamos a describir seguidamente",

FUNDAMENTOS

    El proyecto gubernamental se inscribe en un marco jurídico institucional, establecido en nuestro país en los pasados años 90, a instancias de las presiones de los organismos internacionales de crédito (FMI y BM, principalmente), quienes encontraron en la administración Menemista de aquellos años, el campo propicio para avanzar en la temática minera, imponiendo condiciones desventajosas para los intereses del país y su pueblo.

    Tal marco legal e institucional, no es cuestionado en absoluto por el proyecto, manteniéndose así las condiciones de saqueo económico que representan las exenciones impositivas al sector y las vergonzosas regalías para la Provincia no superiores al 3%, así como las restricciones al Estado Nacional o Provincial de intervenir en la actividad minera estableciendo una exclusividad en el negocio para las empresas multinacionales únicamente.

    Conceptualmente, el pretendido desarrollo industrial minero que promueve el proyecto, no está inscripto, como debería ser, en planificación estratégica alguna, delineada por los chubutenses, sino que, displicentemente, reserva los alcances de dicho desarrollo a la estrategia de producción de las empresas con proyectos de explotación en la zona habilitada por la iniciativa legislativa, estrategia ella, que por su mismo origen, así como por su carácter extractivista megaminero, colisiona marcadamente con las reales necesidades de desarrollo potencial de nuestra Provincia.

    En su concepción y presentación, el proyecto elude el reconocimiento de los desventajosos antecedentes socio-culturales y económicos, que la cuestión megaminera, instaurada desde los pasados años 90, por el marco legal e institucional antedicho, han presentado en el ámbito de todo nuestro país y en nuestra Provincia.

    Las experiencias megamineras en Provincias vecinas dan cuenta de exitosos negocios para las empresas y de magras utilidades para las arcas estatales provinciales, así como ínfimos beneficios para las poblaciones alcanzadas, permitiendo sostener que, en esos casos, el banquete es de otros y las migajas del mismo, son del pueblo; cuando somos los argentinos quienes ponemos en juego nuestros recursos mineros, hídricos y energéticos en cada uno de estos emprendimientos.

Ya en términos específicos, acerca de los contenidos del proyecto que rechazamos, decimos lo siguiente:

    La zonificación contenida en el proyecto, en tanto  caprichosamente parcial en lo que hace a su alcance territorial, se compadece más con una imposición de los intereses de determinado proyecto minero, que viene pugnando por lograr el objetivo de su habilitación en el área liberada, que con un pretendido desarrollo minero metalífero de la Provincia del Chubut, el que se supone debería haber contado, dado lo trascendente del tema, con un mecanismo de discusión, profundo y dilatado, con los actores sociales involucrados y con mayor participación de calificados especialistas de nuestra Provincia.

    Además de la injustificada (al menos para los intereses de los chubutenses) definición de las áreas de zonificación adoptadas por el proyecto de Ley, se observa que el procedimiento seguido para alcanzar la misma, no ha contado con la participación de los distintos sectores de la ciencia y técnica acreditados en la provincia y en la nación para tratar, con rigor, este tipo de aspectos. También, el hermetismo en que se desarrolló el referido procedimiento, siendo que el mismo es sensible a los intereses manifiestos de la sociedad chubutense, no alcanzó el nivel de participación social que merece y que la misma legislación ambiental provincial prevé, en términos de evaluación de impacto ambiental, en la Ley XI N°35 y sus Decretos reglamentarios, por ello entendemos que, también, el proyecto presenta serios y graves reparos legales y constitucionales.

    Dentro de los proyectos de explotación desde el punto de vista técnico ambiental, todos serán diferentes de acuerdo a su naturaleza, objetivos y lugar de emplazamiento.

    Por último, es imposible soslayar que, todo aquello que con muy buena intención se pueda rescatar de la letra del proyecto de Ley impulsado por el Gobierno Provincial, queda opacado y puesto bajo sospecha cuando se tiene en consideración su procedencia. Efectivamente, a menos que aceptemos engañarnos de manera colectiva, poco es lo que se puede confiar en que verdaderamente se haga efectivo, todo aquello que la actual gestión de Chubut Somos Todos, prometa o proyecte. La realidad, que es la única verdad, nos muestra una administración que no solamente ha errado en sus intentos de gestión, sino que ha sido dolosa y gravosa para los intereses de los chubutenses, y no es posible en esos términos, aceptar que comande también esta instancia, que representa una apuesta crucial para la Provincia toda y para su futuro inmediato y mediato.

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